El Caso Ayotzinapa cumple 9 años sin ninguna condena y con el ejército mexicano ocultando información clave

Este martes 26 de setiembre se cumplen 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. En todo este tiempo transcurrido, el Estado Mexicano no ha logrado ninguna condena, mientras que el ejército, considerado pieza clave para esclarecer lo que sucedió, sigue sin entregar la información completa que le solicitan tanto los padres de los jóvenes como los abogados encargados del caso.

Cabe precisar que en su sexto y último informe entregado en julio de este año, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designados en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostraron su frustración por la falta de voluntad de las Fuerzas Armadas para cooperar en el esclarecimiento del crimen.

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El GIEI dijo que resultaba “imposible” seguir adelante con su labor porque los militares se negaban a entregar información sensible y dio por terminada su misión.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero. Ellos habían llegado a esa ciudad para tomar por la fuerza autobuses con los que pretendían viajar a la Ciudad de México con el fin de participar en una manifestación, algo que hacían todos los años.

El panel de investigadores de la CIDH llegó a México en el año 2015 y su trabajo fue clave para echar por tierra la inicial versión oficial del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, conocida como “la verdad histórica”, que solo culpaba a policías locales coludidos con el crimen organizado por la desaparición de los 43 estudiantes y que sostenía que sus restos habían sido quemados en el basurero de Cocula.

Pero de acuerdo con el informe de julio de este año, los últimos hallazgos incluyen un nuevo análisis técnico de datos de teléfonos celulares y documentos que ubicaron a varios miembros de las Fuerzas Armadas en sitios relacionados con el ataque a los estudiantes mientras estaba ocurriendo, en lugares y momentos que nunca habían mencionado en sus testimonios.

El análisis técnico reveló un flujo constante de comunicación que llegaba a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas de la región de Guerrero, de acuerdo con la investigación. Los soldados mexicanos no solo sabían sino que probablemente fueron testigos de los tiroteos, las detenciones y la violencia “segundo a segundo”, dijo en julio Ángela Buitrago, abogada colombiana e investigadora del GIEI.

La Comisión de la Verdad del Gobierno de México

concluyó el año pasado que el Caso Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.

En informes anteriores, el mismo GIEI había dicho que el ejército tenía conocimiento en tiempo real sobre el ataque, pero no compartió esa información con las autoridades y luego obstruyó deliberadamente la investigación.

Los investigadores también obtuvieron un documento confidencial de la Marina que indica que dos personas habían muerto mientras estaban detenidas por los soldados.

Desde el inico de su gestión en diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición, algo que fue tomado con esperanza por los familiares. Pero casi cinco años después, existe un distanciamiento entre el mandatario y los parientes de las víctimas.

El pasado miércoles, AMLO defendió la actuación de su gobierno y recordó que por el Caso Atoyzinapa están presos dos generales, otros 20 integrantes del ejército entre oficiales y soldados, un exfiscal general y unas 120 personas más.

Pero también dijo que el ejército ya entregó toda la información que tenía sobre el caso, algo con lo que no están de acuerdo tanto los familiares de los estudiantes como sus abogados.

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, dijo el mandatario tras reunirse con los padres de los estudiantes.

¿Pero qué información exigen los padres?

En comunicación con El Comercio, la ONG Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que patrocina a las familias de los estudiantes en su búsqueda de la verdad y la justicia, explicó qué información clave aún no es entregada por las Fuerzas Armadas.

Recordó que en Tlachinollan sabían que la noche del 26 de setiembre del 2014 el ejército recopiló información sobre lo que pasaba en Iguala y que en el 2021 solicitaron al presidente AMLO que ordene al ejército para que se abriera sus archivos y así el GEIEI pudiera revisarlos, algo finalmente que se hizo.

Entonces, a partir de la revisión del GIEI se demostró la participación del ejército en cuatro niveles.

El primero tiene que ver con que había militares encubiertos dentro de la Escuela Normal de Ayotzinapa, por lo menos dos agentes. Uno de ellos figura entre los 43 estudiantes desaparecidos. Tlachinollan, a través del abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, sostiene que esos agentes encubiertos estuvieron enviando información a sus superiores desde que los jóvenes salieron de Ayotzinapa.

El segundo nivel de participación del ejército tiene que ver con la llegada de los estudiantes a Iguala y el despliegue de agentes de inteligencia militar que los empezaron a seguir en todo momento, incluida la hora del ataque que sufireron y su posterior desaparición. Pero la información entregada por el ejército, dice Tlachinollan, se corta desde que los estudiantes son detenidos por la policía, que estaba al servicio del grupo criminal Guerreros Unidos.

El tercer nivel se refiere a la existencia de dos militares operando las instalaciones del órgano de vigilanca C4, que reportaban todo lo que está pasando y daban seguimiento a los estudiantes.

Mientras que el cuarto elemento es considerado como el más importante. El abogado Rosales indica que se encontró una hoja tamaño carta con una transcripción de una intervención telefónica que hizo el ejército a los teléfonos de Francisco Salgado Valladares, director de seguridad pública de Iguala, y a Gildardo López Astudillo, alias ‘Gil’, jefe de plaza de Guerreros Unidos. A las 10 de la noche del 26 de setiembre del 2014, en ese diálogo se indica que 17 estudiantes están siendo llevados a un punto llamado Brecha de los Lobos. Pero no hay más detalle.

Ahora los padres y su defensa exigen que el ejército entregue la información sobre los agentes militares encubiertos en Ayotzinapa, qué pasó cuando uno de los agentes infiltrados se comunicó con sus superiores para decir que estaba siendo desaparecido. Que los militares que estaban dando seguimiento al caso en el C4 entreguen la información completa sobre lo que pasó con los jóvenes, a dónde fueron llevados, quiénes estaban ahí. Y que también se entregue la interceptación telefónica completa para saber dónde están esos 17 estudiantes que estaban siendo llevados a la Brecha de los Lobos.

Desde la semana pasada, los familiares de los 43 se mantienen en protesta en un campamento instalado frente al Campo Militar 1, en Ciudad de México, para exigir al presidente que cumpla con su promesa de justicia.

Cronología de los hechos…

De la "Verdad Histórica" al "crimen de Estado"

26 de septiembre del 2014. Mueren tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa al ser atacados por policías, militares y criminales del cártel Guerreros Unidos en Iguala. Hubo otras tres víctimas que no pertenecían a la institución. Además, 57 personas quedan en calidad de desaparecidas. Posteriormente, 14 son localizadas, por lo que el número de desaparecidos queda en 43 estudiantes.

29 de septiembre. Veintidós policías municipales de Iguala son trasladados a un penal en Acapulco. Se les señala por ser probables responsables de los seis homicidios.

30 de septiembre. Iñaky Blanco Cabrera, procurador general de Guerrero, confirma la versión de que los policías municipales dispararon en contra de los estudiantes y también contra un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.

4 de octubre. Policías federales y de Guerrero encuentran seis fosas clandestinas en Iguala. En ellas hay un número indeterminado de cadáveres y se presume que podrían corresponder a los desaparecidos.

5 de octubre. Dos delincuentes afirman que, junto con policías de Iguala, asesinaron a 17 de los 43 estudiantes. Las declaraciones aseguran que Francisco Salgado, director de Seguridad Pública de Iguala, ordenó la detención de los jóvenes, mientras que alias El Chucky, jefe del cártel Guerreros Unidos, habría dado la orden de matarlos.

6 de octubre. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) vincula al alcalde de Iguala, Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con la delincuencia organizada.

14 de octubre. Suman casi 50 detenidos por el caso, luego de que la PGR informara de la detención de 14 policías de la localidad de Cocula, vecina a Iguala. Se les señala de participar en la detención, traslado y entrega de los 43 alumnos a criminales.

Jesús Murillo Karam, el titular de la PGR, afirma que ninguno de los cuerpos hallados en las primeras fosas corresponde a la identidad de los alumnos desaparecidos.

17 de octubre. Detienen a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos.

22 de Octubre. La PGR imputa a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda, así como al director de Seguridad Pública, Felipe Flores, por la desaparición de los normalistas.

7 de noviembre. La PGR declara a los 43 desaparecidos como muertos e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos. Los padres desconfían y envían partes de los restos encontrados en el basurero a un laboratorio en Innsbruck, Austria.

7 de diciembre. El laboratorio de Innsbruck identifica a uno de los estudiantes: Alexander Mora Venancio.

27 de enero del 2015. Jesús Murillo Karam presenta la versión de los hechos aceptada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y conocida como “La verdad histórica”. Esta señala que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el cártel Guerreros Unidos.

1 de marzo. Llega a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar el caso. .

15 de abril del 2015. El GIEI informa a la PGR de un quinto autobús que hasta ese momento no había sido tenido en cuenta en la investigación.

11 de mayo. El GIEI informa que varios agentes de policía y miembros de bandas delictivas que fueron arrestados habían sido torturados para confesar su participación en los hechos.

6 de septiembre. El GIEI cuestiona “la verdad histórica” y señala el traslado de drogas en uno de los vehículos como posible móvil del crimen de los estudiantes.

9 de febrero del 2016. El Equipo Argentino de Antropología Forense anuncia que no se encontraron ni evidencias científicas, ni biológicas que indiquen que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

18 de agosto del 2022. La Comisión de la Verdad concluye que lo ocurrido con los estudiantes fue “un crimen de Estado” y que ve responsabilidad en el ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y la institución sabía lo que estaba ocurriendo.