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Con una frase, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, puso fin a uno de los temas más polémicos en la historia reciente de México.
MIRA “Nunca se sabrá lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa”
“Se acabó la verdad histórica”, dijo en un mensaje a periodistas el martes 30 de junio.
Gertz se refería a la versión del gobierno del entonces presidente Enrique peña Nieto sobre el destino de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
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La versión oficial establecía que una banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos los secuestró y ordenó su asesinato.
Según esa versión, sus cuerpos fueron incinerados en un basurero del municipio vecino de Cocula, en el mismo estado.
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El fiscal Alejandro Gertz canceló definitivamente la "verdad histórica" de Ayotzinapa. (Fiscalía General de la República).
Sin embargo, familiares de las víctimas no creyeron el argumento de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General).
De hecho la versión fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación.
Desde el inicio de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a localizar el destino de los estudiantes.
El caso toma ahora un nuevo giro. El fiscal Gertz anunció que se solicitó a un juez la captura de 46 exfuncionarios, incluido el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón.
BBC Mundo te presenta 5 puntos clave para entender el significado de la nueva etapa en el que, según activistas, es uno de los mayores escándalos de abuso a derechos humanos en la historia del país.
1. ¿Qué es la “verdad histórica”?
"Verdad histórica" es como se conoce la versión establecida por la PGR tras investigar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.El nombre surge por una frase del entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, al presentar el resultado de las pesquisas.
De acuerdo con la versión oficial, ese día un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa llegó a Iguala con la idea de tomar algunos autobuses para viajar a Ciudad de México.
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La "verdad histórica" es una frase del exprocurador Jesús Murillo Karam. (AFP).
Sin embargo, cuando pretendieron abandonar la ciudad fueron atacados por policías apoyados por hombres armados, quienes dispararon a los estudiantes.
Según documentó la PGR, esa noche ocurrieron tres agresiones donde murieron cinco estudiantes y cuatro personas más.
Otros 43 estudiantes desaparecieron. La Procuraduría afirmó que fueron secuestrados por la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos.
La versión oficial dice que el grupo confundió a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos. Según la PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula.
Los restos fueron arrojados en bolsas de basura al río San Juan, cerca del tiradero.
"Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente", dijo el entonces procurador Murillo Karam.
2. ¿Qué implica terminar con la verdad histórica?
En esta nueva etapa, la FGR solicitó la aprehensión de 46 exfuncionarios de Guerrero a quienes se acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada.
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En este basurero se incineró a los estudiantes, dice la "verdad histórica".
Contra algunas de estas personas existían elementos para presumir alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa, dijo el fiscal Gertz.
Pero en los casi seis años de la desaparición, los expedientes no se habían procesado.
"Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR", dijo el fiscal Gertz Manero.
Uno de los personajes a quienes se pide capturar es Tomás Zerón de Lucia, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de las pesquisas que concluyeron en la "verdad histórica".
Según el fiscal Gertz el exfuncionario huyó del país y ahora es buscado por la Interpol.
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El caso es uno de los mayores escándalos de derechos humanos de México. (AFP).
En esta nueva etapa se descarta por completo la versión de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero. La investigación se enfoca ahora en conocer el paradero de los jóvenes.
Parte de esa información la pueden aportar los exfuncionarios a quienes se quiere arrestar, así como también otro personaje que fue detenido el 29 de junio.
Se trata de José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, uno de los líderes de la banda Guerreros Unidos y quien según la FGR ordenó la desaparición de los 43 estudiantes.
3. ¿Quién es Tomás Zerón y por qué se le considera clave en el caso?
Tomás Zerón fue el jefe de la primera investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Su equipo aseguró que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
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Tomás Zerón es buscado por la Interpol. (AFP).
Sin embargo, el GIEI acusó al jefe policial de cometer varias irregularidades en las pesquisas.
En su último informe, el grupo de expertos presentó un video donde aparece Zerón de Lucio en el mismo lugar donde, un día después de la filmación, se encontraron las bolsas con los restos de los estudiantes.
Las imágenes muestran al exdirector de la AIC caminando junto a uno de los acusados de la desaparición, Agustín García, el Chereje.
La visita al margen del río fue irregular, afirmó el GIEI, y no fue incluida en el expediente del caso. Según el grupo, el video fortalece la sospecha de que Tomás Zerón sembró evidencias.
Algo que confirmó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también participó en la investigación independiente y determinó que los estudiantes no pudieron ser incinerados en el basurero.
El equipo de Zerón fue acusado de arrestar ilegalmente y torturar a varios detenidos, lo que provocó que algunos de ellos fueran liberados por los jueces.
4. ¿Qué esperan las familias de los estudiantes?
Para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos la decisión de cancelar la “verdad histórica” es un símbolo positivo, dice su abogado Vidulfo Rosales.
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Los padres de los estudiantes esperan sanciones al Ejército. (Reuters).
Pero todavía hace falta romper lo que llama "pacto de impunidad" que se creó en el caso para proteger a autoridades federales.
El gobierno ofreció destrabar todos los asuntos pendientes en el caso Ayotzinapa. Uno de ellos era descartar por completo la versión sobre el crimen en basurero de Cocula, pero no basta, insiste Rosales.
Los familiares esperan que se investigue a otros que, insisten, participaron en la desaparición de los jóvenes.
Se trata de elementos del Ejército y de la Policía Federal asignados a Iguala, y a quienes el gobierno de Peña Nieto aparentemente protegió, señala el abogado a medios locales.
"Creemos que participaron los grupos delictivos y las fuerzas de seguridad asignadas a Iguala, todas, municipales, estatales y federales", insiste Rosales.
"Ellos saben el paradero de los 43 estudiantes, pero se trató de crear un pacto de impunidad a nivel federal, por alguna razón no sancionaron a las autoridades federales".
Los familiares de los estudiantes esperan, además, que se investigue la versión de que los jóvenes fueron llevados a varios lugares para desaparecerlos.
5. ¿Qué ha hecho distinto AMLO en el caso Ayotzinapa?
A diferencia del expresidente Peña Nieto, quien nunca dialogó con los familiares de los estudiantes desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reunido varias veces con ellos.
Los encuentros, dice el abogado Vidulfo Rosales, han permitido acelerar la investigación. Pero no es lo único distinto que se ha hecho.
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López Obrador se comprometió a encontrar la verdad en el caso. (EFE).
Por ejemplo en junio de 2019 se designó a un fiscal especial para atender el caso. Se trata de Omar Gómez Trejo, quien formó parte del equipo de investigación del GIEI.
También se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, una demanda que los familiares habían presentado desde hace varios años.
Y desde enero pasado el gobierno de López Obrador aceptó reinstalar al GIEI, como lo había solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Algo distinto a la decisión de Peña Nieto quien rechazó prorrogar la colaboración de los expertos internacionales.
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