Desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa es responsabilidad del estado mexicano, según expertos

Expertos independientes que investigaron la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa concluyeron este martes sus trabajos reprochando al Estado mexicano responsabilidad en el crimen por su insistencia en ocultar información.

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe sobre sus pesquisas iniciadas en 2015 tras un acuerdo de México con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El ocultamiento de esa información (...) se ha constituido en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes”, dijo el español Carlos Beristain, uno de los expertos, al presentar el informe en una rueda de prensa.

Para el GIEI es “imposible” seguir su trabajo ante el “ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias” de parte del Estado, agregó.

En su informe, los expertos cuestionaron nuevamente la actuación del Ejército mexicano. “No solo permitió que se dieran los ataques, sino encubrió posteriormente y no facilitó la información veraz sobre lo sucedido”, subrayó.

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 luego de que se dirigieron al municipio de Iguala, en el estado de Guerrero (sur), para hacerse de autobuses con los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en una manifestación.

“Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena (secretaría de la Defensa), sobre lo que pasó o sobre documentos que tuvieron sobre el posible destino de los normalistas”, añadió Beristain.

La colombiana Angela Buitrago señaló de su lado que está documentada la presencia de policías y militares en el Palacio de Justicia de Iguala justo “cuando se estaban llevando a los muchachos con dirección desconocida”.

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Diferencias

El GIEI concluye su mandato en medio de diferencias con el actual gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien se había comprometido a dar pleno acceso a informes relativos al caso.

Ambos expertos recordaron que reanudaron sus trabajos confiando en esa promesa, pero encontraron que la apertura de archivos fue parcial. “Hay espacios de interlocución, pero no es suficiente”, dijo Buitrago.

Interrogado sobre hasta qué punto los militares pudieron influir en bloquear el acceso a esa información, Beristain dijo que “todas las gestiones estaban en manos del presidente”, cuya cercanía a las fuerzas armadas ha sido una constante durante su mandato.

López Obrador recibió el lunes a los dos expertos. “Les agradecimos por lo que han hecho, una buena investigación”, dijo en su conferencia matinal. “Nosotros vamos a continuar con la investigación (...) Yo tengo el compromiso de llegar a conocer toda la verdad”.

La primera versión oficial con el gobierno anterior (2012-2018) apuntaba a que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala coludidos con criminales. El cártel Guerreros Unidos habría asesinado a los jóvenes para luego desaparecer sus cuerpos.

En su primer informe, en septiembre de 2015, los expertos ya habían echado por tierra la hipótesis del anterior gobierno, denominada la “verdad histórica”, de que los restos de los jóvenes habían sido incinerados y arrojados a un río en la comunidad de Cocula.

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Detenidos

Hace un año, un informe de una Comisión de la Verdad designada por el actual gobierno sostuvo que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

Tras esa pesquisa, en agosto de 2022 fue detenido el exfiscal general Jesús Murillo Karam, principal defensor de la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.

En junio ocho militares también fueron capturados para ser investigados por el delito de desaparición forzada. Otras autoridades y policías locales permanecen en prisión por estos hechos.

El GIEI ha señalado “inconsistencias” en esa investigación.

Hasta ahora solo han sido localizados e identificados los restos de tres de las víctimas.

El GIEI fue creado en 2015 luego que familiares de los jóvenes, el gobierno mexicano y la CIDH alcanzaron un acuerdo de asistencia técnica.

Inicialmente fueron cinco integrantes, pero se retiraron el colombiano Alejandro Valencia, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, y el chileno Francisco Cox.