El macabro crimen de Fátima, la niña de 7 años cuyo cadáver fue hallado tras 11 días abandonado en un barrio de Ciudad de México evidenciando signos de tortura, ha conmocionado a todo el país, además de reabrir el debate sobre los sistemas de prevención y respuesta ante este tipo de casos.
En mayo del 2012 México implementó el Programa Nacional Alerta Amber, un mecanismo diseñado en Estados Unidos en 1996 que emite un aviso a las autoridades, medios de comunicación y agencias de transporte cada vez que se reporta la desaparición de un menor de edad.
Sin embargo, en ambos países los resultados han sido dispares.
Las estadísticas del Departamento de Justicia Estadounidense, encargado de administrar la alerta Amber en ese país, reportan que hasta septiembre del 2019 se rescataron a 967 menores gracias a este programa.
Por otro lado, en su vecino del sur, si bien la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México señaló en el 2018 que la alerta Amber tenía una efectividad del 85,5% -no indica el número de menores hallados-, diversas organizaciones y autoridades han exigido la necesidad de mejoras en los protocolos.
La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, detalló que desde la desaparición de Fátima hasta la activación de la alerta Amber y el protocolo de búsqueda pasaron 15 horas.
En enero, la Red por los Derechos de la infancia en México advertía que la alerta Amber no funcionaba correctamente pues recién se activaba entre 48 y 72 horas después de la desaparición.
Esto se debe a que es necesario contar con una denuncia penal para iniciar el procedimiento. Tanto Sheinbaum como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han instado a que se simplifiquen los protocolos y cualquier persona pueda emitir la alerta si ve una situación sospechosa.
Trágico origen
El 12 de enero de 1996, Amber Rene Hagerman, de 10 años, fue secuestrada en Arlington, Texas, mientras manejaba su bicicleta en una tienda abandonada cerca de la casa de sus abuelos.
Según un testigo, identificado como Jim Kevil, el secuestrador era un hombre blanco o hispano que manejaba una camioneta negra. Detalles del sospechoso y del vehículo fueron proporcionados por Kevil a la policía.
Mientras el testigo brindaba información a la policía, Jimmie Whitson, abuelo de Amber, salió a buscar a su nieta. Era la segunda vez que Whitson atravesaba por una situación así, luego de que su hermana mayor fuera secuestrada por su padre a los dos días de nacida y rescatada tras 10 horas.
Vecinos de Arlington, la policía local y agentes del FBI buscaron a la pequeña Amber durante cuatro días, hasta que un hombre que paseaba a su perro encontró el cadaver de la niña junto a un arrollo.
Amber había sido violada y degollada dos días atrás. La policía nunca pudo encontrar al culpable, pese a la enorme operación que se desplegó y la recompensa de US$75 mil a quien proporcionara información.
Tras el crimen, la madre de Amber, Donna Norris, se convirtió en una activista que buscó endurecer las condenas contra los criminales sexuales. Su iniciativa la llevó a testificar ante el Congreso de Estados Unidos e impulsar la ley de protección Amber Hagerman junto al congresista Martin Frost.
Esta legislación incluía la creación de un registro nacional de criminales sexuales.
Poco después, el entonces presidente Bill Clinton firmó la ley, mientras los padres de Amber, en paralelo, recolectaban firmas para que el gobernador de Texas, George W. Bush, endureciera las leyes estatales contra los crímenes sexuales.
También durante ese año, 1996, se realizó la primera prueba de la alerta mediante la estación KRLD Radio Studio de Arlington. En el 2000, la Cámara Baja del Congreso de EE.UU. alentó a otras comunidades a adoptar el plan.
Tres años después, con George W. Bush como presidente, el programa se convirtió en ley, por lo que tiene alcance nacional.
En la actualidad, además de México, la alerta Amber o programas similares se han implementado en Canadá, Australia, Reino Unido, Irlanda, Malasia, Francia, Países Bajos, Ecuador y Eslovaquia.