La SIP confía en que la justicia de México mantenga estándares de libertad de prensa

Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que confía en que la Suprema Corte de Justicia de México siga sosteniendo sentencias previas que blindan el derecho de réplica bajo principios de libertad de prensa y de respeto a la independencia y a los criterios editoriales que asumen los medios de comunicación.

La controversia involucra al diario mexicano “El Universal” y al actual ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Luis María Aguilar Morales.

►El feminicida que fue al funeral de su víctima con un polo de “Ni una más”

► Los asesinos de Fátima usaron extrema violencia para acabar con la vida de la niña de 7 años

► Fátima: Qué se sabe de los sospechosos del feminicidio de la niña de 7 años que conmueve a México

Actualmente, Aguilar Morales es el ministro a cargo de redactar el proyecto de sentencia sobre el derecho a réplica en contra de “El Universal” que involucra a un excandidato presidencial, Ricardo Anaya. En el 2018, el diario mexicano publicó reportajes en relación al abultado patrimonio de Anaya. El político mexicano y el diario comenzaron entonces un proceso legal en torno al derecho de réplica. Tras agotarse varias instancias, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La semana pasada “El Universal” solicitó a la Suprema Corte que el ministro Aguilar Morales se recusara del caso luego de que por tercera ocasión presentara un proyecto de sentencia en contra del diario, cuyo contenido puede resquebrajar la doctrina sobre derecho a réplica en el país y que busque favorecer al juzgador en lo personal.

En abril pasado “El Universal” publicó un reportaje basado en un informe del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que reveló que durante la administración de Aguilar Morales como presidente de la Corte se autorizaron obras que ponen en riesgo de demanda legal al CJF por gastos no recuperables, y según el propio análisis del Consejo, el organismo no cuenta con recursos para continuar con los compromisos de obra pública adquiridos durante la presidencia del ministro Morales, en la que hubo un subejercicio de casi 5 mil 500 millones de pesos en su presupuesto.

Pese a que en dos ocasiones la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia han argumentado a favor de la postura de “El Universal”, y favoreciendo la libertad de expresión el ministro ha vuelto a presentar un proyecto de sentencia cuyo contenido preocupa pues atenta contra los medios de comunicación revelan información que los políticos no quieren hacer pública.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que el argumento legal de “El Universal” tiene fundamento, debido a que al ministro Aguilar Morales le han rechazado en el alto tribunal varias propuestas de sentencias que permitirían aplicar castigos a los medios que publican información que los políticos quieran mantener en secreto o que los obliguen a publicar réplicas sin modicaciones.

Christopher Barnes, presidente de la SIP, expresó su conanza que la Corte Suprema sabrá balancear el derecho de réplica con el derecho a la libertad de prensa y el debido respeto al criterio editorial de los medios. “Incluso al publicar una respuesta a una historia, lo cual es el derecho del agraviado, los medios deben adherirse a los principios y la ética periodística, pero podrán editar lo sometido. Los medios siempre deben encontrar el equilibrio propiado para permitir ambos lados de la historia sin comprometer la ética o la integridad. El público a quien servimos nos lo exige. Confiamos en que la Corte Suprema lo verá así también".

Barnes y Rock agregaron que el derecho a réplica tiene límites pese a que es un mecanismo que le asiste a toda persona que se siente ofendido por una publicación. Entre esos límites, remarcaron que los funcionarios públicos están sometidos a mayor escrutinio según estándares internacionales sobre libertad de prensa, y que las réplicas no dan lugar a opiniones sino a hechos concretos que han sido denunciados. “De lo contrario – dijeron – se estaría estableciendo un privilegio para los funcionarios públicos y políticos en detrimento del derecho del público a saber sobre quienes administran los dineros públicos”.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Fuente: “El Universal” de México / GDA