La masacre de los 43 estudiantes desnuda la impunidad en México

Hasta antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, solo en Guerrero se había perdido el rastro a 197 personas en lo que iba del año, según datos oficiales del Servicio Médico Forense de ese estado mexicano. En ese mismo período se encontraron 152 cadáveres que habían sido enterrados en fosas clandestinas localizadas en Guerrero. 

La mayor parte de estos restos se halló en Iguala (setenta), la localidad donde el pasado 26 de setiembre fueron arrestados los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cuya tragedia tomó ribetes dramáticos anteayer luego de que tres sicarios detenidos revelaran que todos ellos fueron asesinados y que sus cadáveres fueron incinerados y arrojados a un río en la localidad de Cocula.

El caso de estos estudiantes ha sido el más resonante de desaparecidos en los últimos tiempos y el que tiene en ‘shock’ a la sociedad mexicana. El patrón común en todos estos luctuosos episodios ha sido la impunidad.

Según el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde el 2006 han desaparecido en el país 22.000 personas. El 40% de los casos ocurrió en los dos años que lleva la gestión del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este balance contrasta con las cifras oficiales que ha presentado el Gobierno sobre la reducción de los índices de criminalidad en el país.

Así, el tema de los desaparecidos es uno de los asuntos pendientes en el complejo escenario de terror que ha dibujado el crimen organizado en las zonas más convulsionadas de México. Y organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) se lo han hecho saber con insistencia a Peña Nieto. 

SIN UNA POLÍTICA EFECTIVA
A principios de octubre, HRW envió una carta al secretario del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le señalaba que los esfuerzos de México por abordar el asunto de los desaparecidos han estado plagados de demoras inexplicables y anuncios contradictorios. 

“Si bien el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha importantes medidas para encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, brindar asistencia a sus familiares e investigar y perseguir penalmente abusos, los resultados han sido muy limitados”, asevera la organización.

En la misiva, HRW señala que en mayo Peña Nieto dijo que el número de desaparecidos había caído a 8.000. En junio, el fiscal adjunto de los derechos humanos en la oficina del procurador general manifestó que las 8.000 eran personas que habían desaparecido durante el régimen actual. El mismo mes el mandatario anunció que aún se desconocía el paradero de 16.000 personas. Finalmente, el 21 de agosto la fiscalía anunció que el número real de personas no localizadas desde el 2006 es de 22.000.

“Ninguna persona ha sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después del 2006, según información oficial. Entre el 2006 y el 2013, las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados. Durante ese período, solo seis personas fueron condenadas por la desaparición forzada de siete víctimas, y todos estos casos habían ocurrido antes del 2006”, agrega la carta.

AI también dirigió un memorándum a Peña Nieto en el que cuestiona su política con respecto a los desaparecidos.

“Las autoridades todavía deben publicar una lista depurada de los casos de aquellas personas que son víctimas de privación de la libertad por bandas criminales o desapariciones forzadas en las que funcionarios están implicados. La prometida base de datos, a escala nacional, de personas desaparecidas sigue sin operar”, dice AI. 

MOMENTO DE INFLEXIÓN
Peña Nieto, quien movilizó a 10 mil efectivos a Guerrero en los últimos días, ha prometido que continuará los esfuerzos para lograr el total esclarecimiento de los hechos relacionados con los estudiantes de Ayotzinapa y que castigará a todos los que participaron en estos “crímenes abominables”. 

A los padres y familiares, que se resisten a creer que sus hijos y parientes hayan muerto mientras no vean pruebas contundentes, el jefe de Estado les ha dicho que no cejará hasta hacer justicia.

¿Marcará el caso de Iguala un antes y un después en la política de seguridad del Gobierno?

Chasel Colorado, coordinadora de Incidencia de AI México, dijo a El Comercio que el asunto sí marcará un antes y un después. “También deseamos que marque un antes y un después en la agenda política. Que este hecho sirva para que sea una prioridad el establecimiento de políticas en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Es un momento clave para que el Gobierno reaccione frente a la impunidad”, indicó.

Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, dijo a la periodista Carmen Aristegui que México se encuentra en un punto de inflexión donde sí es posible que a partir de las movilizaciones sociales que despertó el caso y las que vendrán ahora que se supo la horripilante verdad “se imponga un pacto de seguridad que vaya de abajo hacia arriba, y no al revés, como quiere Peña Nieto. Es posible que podamos cambiar la estructura del Estado para poder rescatarlo”.