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La Escuela Normal de Ayotzinapa (donde se forman profesores) es un bastión contestatario del estado mexicano de Guerrero. En sus aulas se formó el célebre guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la década de los 70. Sus estudiantes son de origen humilde, hijos de campesinos que cultivan lo necesario para sobrevivir.
El pasado 26 de setiembre, unos 80 estudiantes de esa escuela viajaron 100 km hasta el pueblo de Iguala, también en Guerrero, para recolectar fondos, protestar contra las reformas que busca implementar el gobierno estatal y exigir becas, entre otros. Por la noche se apropiaron de tres autobuses para su retorno (ya lo habían hecho antes “porque deben estar al servicio del pueblo”).
En el camino fueron interceptados por la policía municipal, que les bloqueó el camino. Los que iban a la vanguardia bajaron a exigir que los dejaran pasar. Hubo forcejeos y la policía abrió fuego. Tres estudiantes murieron en el lugar y el resto corrió en desbandada.
A 43 no se los volvió a ver. En este punto empieza la terrible tragedia que ha conmocionado a México, donde se repite un macabro patrón: la policía ligada al crimen organizado.
La fiscalía señala que los estudiantes fueron detenidos por la policía y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Estos se los llevaron y los ejecutaron. Dos sicarios han confesado haber matado a 17 muchachos y enterrado sus cuerpos en una fosa común. Las autoridades encontraron esa fosa y hallaron 28 cuerpos. Todos estaban quemados, por lo que su identificación tomará un tiempo.
NO SOLO LOS CRIMINALES
Fernando Ruiz Canales, que dirige el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, dice a El Comercio que hay muchas interrogantes. “Los analistas no entendemos por qué el nivel de violencia que se ejerció contra los jóvenes. Aquí hay una mano detrás operando con fines más allá del crimen organizado”, indica.
Agrega que fue una acción planificada y ejecutada por el gobierno estatal, dirigido por Ángel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
“Creemos que incluso podría alcanzar al gobierno federal, por el nivel de organización que hubo tanto en la operación como en las propias fosas encontradas. Son fosas bien organizadas. En México constantemente aparecen fosas, pero ninguna se parece a estas. Todo se preparó antes de la ejecución”, enfatiza Ruiz.
El analista remarca que el crimen organizado no se esmera tanto en tratar de ocultar sus ejecuciones. “Al contrario, a ellos les gusta que quede claro que fue su mano la que operó”.
EL PAPEL DE LA POLICÍA
En México existen tres tipos de policía: la municipal, la estatal y la federal. La primera es la más cuestionada. Durante su campaña electoral, el presidente Enrique Peña Nieto prometió crear la Gendarmería para reemplazar a la policía en las zonas más inseguras del país. Era su proyecto estrella contra la criminalidad. Pero al final la Gendarmería terminó siendo una división de la federal.
“La solución al problema de la policía sigue pasando porque haya un mando único. Como estamos viendo en el caso de Iguala, hay policías municipales que están ligados al crimen organizado”, señala María Elena Morera, quien dirige Causa en Común, organización que ha estudiado el desempeño de todas las policías del país.
Causa en Común ya había puesto en su mira a la policía de Guerrero, un estado disputado por varios cárteles. “El gobernador es un incompetente. En Guerrero la paga a la policía es bajísima, no están profesionalizados, hay policías que no pasaron las pruebas de confianza y siguen trabajando. Hace dos años lo advertimos, no nos hicieron caso y estas son las consecuencias”, sostiene.
Dinero y miedo. Esos son para Ruiz los elementos que corrompen a la policía. “En muchos municipios las comandancias son tomadas por los gatilleros de los cárteles, que someten a la policía con la amenaza de o cooperas o te mueres. En esas circunstancias, hasta el buen policía renuncia a sus convicciones y se pasa al lado de los malos”, dice.
CLAVES
Durango y Morelos
En enero del 2013, la fiscalía del estado de Durango ordenó la detención de 158 policías municipales por sus vínculos con Los Zetas. Este año, 552 policías fueron destituidos en Morelos por ser cómplices de narcos.
Cabecillas en prisión
El viernes el Gobierno Mexicano anunció la captura de Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, cabecilla histórico del cártel de Juárez.
