Benjamin Netanyahu anunció una pausa en las reformas judiciales divisivas que avanzan en el parlamento, después de meses de manifestaciones callejeras que atrajeron a decenas de miles. (Foto de Marc Israel SELLEM / AFP)
Benjamin Netanyahu anunció una pausa en las reformas judiciales divisivas que avanzan en el parlamento, después de meses de manifestaciones callejeras que atrajeron a decenas de miles. (Foto de Marc Israel SELLEM / AFP)
/ MARC ISRAEL SELLEM
Agencia AFP

El primer ministro israelí,, aplazó el lunes el proceso de adopción de la , que está siendo examinada en el Parlamento, tras haber desatado multitudinarias .

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“Cuando hay una posibilidad de impedir una guerra civil mediante el diálogo, como primer ministro hago una pausa para el diálogo”, declaró Netanyahu en un discurso televisado.

El dirigente anunció que la adopción de los distintos proyectos de ley de la reforma se aplazaba a la próxima sesión parlamentaria que se abrirá tras las vacaciones de la Pascua judía (del 5 al 13 de abril), cediendo así en parte a las exigencias de los opositores.

Inmediatamente después del anuncio, la Histadrut, la principal confederación sindical del país, proclamó el fin de la huelga general convocada unas horas antes.

El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, dijo estar “dispuesto a entablar un verdadero diálogo”, pero solo si la legislación se detiene “totalmente”.

Benny Gantz (centro-derecha), otras de las principales figuras opositoras, también se congratuló de la decisión. “Más vale tarde que nunca”, dijo.

Estados Unidos, gran aliado de Israel, aplaudió la medida, que “da más tiempo para encontrar un compromiso”, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca.

El domingo, miles de personas salieron a las calles en Tel Aviv, después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir una suspensión de un mes en el proceso legislativo de aprobación de la reforma.

Tras los enfrentamientos que se produjeron, el presidente israelí, Isaac Herzog, hizo un llamado “a detener inmediatamente el proceso legislativo”.

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“Reforma de locos”

El lunes, una multitud --unos 80.000 manifestantes, según la prensa local-- volvió a salir a la calle en Jerusalén para protestar contra la reforma. Por la noche, una contramanifestación, con miles de participantes según un periodista de la AFP, tuvo lugar no muy lejos de la primera.

También hubo movilizaciones contra la reforma en Tel Aviv y Haifa (norte).

“Pedimos al gobierno que detenga esta reforma de locos”, dijo a la AFP Keren Mimran, una manifestante de 57 años que trabaja en el sector de la alta tecnología.

Este lunes, la comisión parlamentaria de leyes votó en favor de uno de los elementos clave de la reforma: el proyecto de ley por el que se modifica el proceso de nombramiento de los jueces.

La reforma promovida por el gobierno de Netanyahu, uno de los más derechistas de la historia de Israel, busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.

Netanyahu y sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha defienden el cambio con el argumento de que debe equilibrarse la correlación de fuerzas entre los cargos electos y la Corte Suprema, a la que consideran politizada.

Sus detractores consideran que la reforma amenaza la separación de poderes y el carácter democrático del Estado de Israel.

El rechazo al proyecto generó en los tres últimos meses uno de los mayores movimientos populares de protestas de la historia del país.

El lunes, las principales organizaciones patronales se distanciaron del llamado a la huelga pero pidieron diálogo para detener el proceso.

Muchas empresas privadas --bancos, aseguradoras, cadenas de ropa y de restauración-- se sumaron a la huelga, en un hecho poco habitual en el país.

El paro afectó también los vuelos en el aeropuerto internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv.

En un discurso televisado el jueves, Netanyahu se comprometió a “poner fin a la división”, pero reiteró su determinación con hacer avanzar la reforma.

Al día siguiente, el primer ministro fue llamado al orden por la justicia, que consideró “ilegal” su intervención pública a propósito de la reforma judicial, dado que está implicado en procesos por soborno, fraude y abuso de confianza, cargos que él niega.

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