“Desde el momento en que termina esta conferencia de prensa, el Estado de Israel se detiene”, anunciaba a través de la televisión israelí el presidente del sindicato de trabajadores de ese país, la Histadrut, Arnon Bar-David.
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Las principales universidades del país, en la noche del domingo 26, ya declararon una huelga indefinida, mientras que un grupo de 23 alcaldes llamaron a una huelga de hambre en protesta por la reforma. Todas estas son medidas dictadas en medio de la mayor crisis política que enfrenta Israel desde que fue fundado en 1948.
El responsable de la misma es, a su vez, uno de los líderes más importantes en su historia: Benjamin Netanyahu.
La polémica reforma judicial que ‘Bibi’, como apodan al primer ministro israelí, lleva meses intentando impulsar no solo ha provocado la paralización de trabajadores anunciado por la Histadrut, sino también masivas manifestaciones -que el domingo sumaron a más de 650 mil personas en todo el país- y declaraciones de preocupación de aliados internacionales.
El anuncio, además, responde a la última decisión de ‘Bibi’, quien cesó la noche del domingo al ministro de Defensa, Yoav Gallant, luego de que este se atreviera a pedir públicamente que se frenara la polémica reforma ante el evidente rechazo popular que genera.
Pero, ¿en qué consiste esta famosa reforma, cómo afectaría a la independencia de los poderes israelíes y por qué llama tanto la atención que un ministro haya levantado la voz en contra de Netanyahu?
DE VUELTA AL PODER
El 21 de diciembre del 2022, al borde de que se acabara el plazo para instalar un nuevo gobierno en Israel, Benjamin Netanyahu consiguió formar una coalición y convertirse así en primer ministro por tercera vez -incluido un segundo mandato que se extendió por 12 años-.
El líder del partido Likud tuvo que aliarse con grupos de extrema derecha y ultraortodoxos para conseguir los votos necesarios en la Knéset (Parlamento) un año y medio después de que se viese superado por una coalición que buscaba sacarlo a como diera lugar debido a los tres escándalos de corrupción que lo rodeaban.
La llegada de esta coalición, sin embargo, implicó que Netanyahu suscribiera una serie de acuerdos que preocuparon a parte de la población israelí y de la comunidad internacional. El polémico y provocador Itamar Ben Gvir, por ejemplo, pasó a ser ministro de Seguridad Nacional, llevando a que los mismos policías protestaran porque se buscaba modificar las reglas de la institución a placer del ministro.
Otra polémica se desató cuando el líder del partido Shass, Arie Dery, quien había sido encontrado culpable de corrupción en el 2000 y en el 2021, fue nombrado ministro del Interior y de Sanidad pese a que había jurado no ejercer ningún cargo público para evitar la cárcel en su última condena.
En este último caso, la Corte Suprema israelí intervino y anuló el nombramiento. Y es precisamente el máximo tribunal de justicia del país el que encabeza la lista de prioridades de Netanyahu.
LA POLÉMICA REFORMA
Israel no tiene una Constitución como tal, su lugar lo cubren las Leyes Básicas, las cuáles son interpretadas por la Corte Suprema representando un balance entre el gobierno de turno y la estabilidad de la nación.
Netanyahu, sin embargo, tiene a la Corte en la mira desde hace por lo menos cinco años, cuando comenzaron a estallar los escándalos de corrupción en su contra.
Por ello, uno de los objetivos de ‘Bibi’ cuando regresó al poder fue implementar una reforma que planeaba restarle facultades al Poder Judicial y, entre otras cosas, permitir que el gobierno de turno nombre a los titulares de la Corte.
“Netanyahu ha intentado construir un sistema que tome el poder de la Corte Suprema y lo ponga exclusivamente en manos del primer ministro”, resume para El Comercio el investigador israelí y profesor de la Universidad de Haifa Ido Zelkovitz.
Entre los puntos más polémicos de la reforma se destaca la elección de jueces, pues se proponía recomponer el comité responsable de ello, pasando de los nueve miembros -donde se incluyen a jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del gobierno- que deben consensuar un nombramiento a una en la que el Gobierno tendría a 7 representantes con poder absoluto de elección y destitución de magistrados, incluidos los del Supremo.
Esa primera versión fue reemplazada la semana pasada, quedando con una comisión de once miembros: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición, explicaba el ministro de Justicia, Yariv Levin, según la agencia EFE.
Otro punto polémico es la clausula de anulación, entendiendo como tal la facultad que tendría el Knéset de anular un fallo de la Corte Suprema con una mayoría simple en votación (es decir, con el apoyo de 61 de los 120 parlamentarios).
Recordemos que el gobierno israelí se forma tras obtener la mayoría parlamentaria, por lo que esta clausula diría en castellano simple que el gobierno de turno podría bloquear cualquier fallo de la Corte que se interponga en sus intereses.
Finalmente, destaca como tercer punto polémica la razonabilidad, un poder que tienen los tribunales israelíes para evaluar cualquier decisión del gobierno, incluido el nombramiento de algún ministro en situación polémica. Precisamente lo que se hizo con Arie Dery.
‘BIBI’, EL ÚNICO
Un fin de semana tras otro, las principales ciudades de Israel han concentrado a miles de manifestantes que levantaban la voz de protesta en contra de la iniciativa.
El Comercio fue testigo hace unos meses de, hasta entonces, la mayor concentración de opositores a la reforma de Netanyahu, cuando unas 40 mil personas se congregaron en el centro de Tel Aviv la noche del sábado 28 de enero.
Tras el cese del ministro Gallant, ese número quedó ampliamente superado. En total, 650 mil manifestantes salieron a las calles del país para exigir que cesen los intentos de Netanyahu por llevar adelante su reforma.
Y este lunes 27, durante la tarde, más de medio millón de personas volvieron a manifestarse en las calles.
El propio presidente del país, Isaac Herzog, hizo un llamado en las últimas horas a que el primer ministro actúe “con responsabilidad y valentía”.
“Anoche fuimos testigos de escenas muy difíciles (...) Toda la nación está profundamente preocupada. Nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra sociedad están amenazadas”, señaló Herzog en un comunicado. “Por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad necesaria, les pido que detengan el proceso legislativo de inmediato”.
Gobiernos extranjeros también han señalado su preocupación por la situación. Entre ellos destaca el de Estados Unidos, su principal aliado internacional, que confesó estar “profundamente preocupado por los acontecimientos de hoy en Israel, que subrayan aún más la necesidad urgente de un compromiso”, según la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson.
La noche del lunes 27 -la tarde del mismo día en el Perú-, Netanyahu finalmente brindó un mensaje televisado. Fuentes en el país contaron a El Comercio que el discurso se venía esperando durante todo el día.
“Por responsabilidad nacional, en base al deseo de evitar una grieta en nuestro pueblo, decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley (de elección de jueces) en esta sesión parlamentaria para dar tiempo a tratar de llegar a un acuerdo amplio, en preparación para la legislación durante la próxima sesión (a iniciar en mayo, tras el receso por la Pascua Judía)”, dijo Netanyahu, en clara muestra de que si bien suspende sus pretensiones estas aún no están enterradas.
La decisión, se supo luego, fue consensuada con el ministro Ben Gvir, el más reticente a suspender la reforma hasta este momento.
Y en este tiempo, ¿podrían surgir más voces opositoras dentro del mismo gobierno? “Aún se pueden encontrar unas tímidas voces opositoras dentro del Likud que desafían a Netanyahu públicamente. Pero son muy pocas”, advierte el profesor Zelkovitz.
“Actualmente el Likud se ha convertido en un partido de una sola persona. Netanyahu ve al partido como su propiedad o como su patio de juegos personal. Él controla todos los mecanismos del partido y nadie puede desafiar su liderazgo desde dentro. Si uno examina el perfil de los votantes actuales del Likud son más derechistas que el propio Netanyahu, muchísimos más conservadores. El partido ha perdido casi toda su esencia liberal y está controlado por los grupos nacionales más religiosos”, explica.
Para el analista, desafiarlo sería precisamente lo que habría hecho el ministro Gallant, o al menos así lo habría interpretado Netanyahu.
Por el momento es difícil medir el impacto final que tendrán estas movilizaciones en contra de Netanyahu, un político que ha demostrado ser capaz de sobrevivir a mil y una crisis en las casi dos décadas alternadas que lleva en el poder.
“Lo único que sabemos es que se encuentra en una crisis política y constitucional actualmente. Nadie sabe cómo lucirá el final. Él es un líder carismático y con mucho arrastre, al punto de que no importa qué haga, el 25% o 30% de los votantes israelíes seguirá apoyándolo. Yo diría que aún estamos lejos de ver su final definitivo”, opina Zelkovitz.
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