Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hacen guardia frente a la casa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en Caracas el 17 de noviembre 2017. (Foto: FEDERICO PARRA / AFP)
Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hacen guardia frente a la casa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en Caracas el 17 de noviembre 2017. (Foto: FEDERICO PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP

En su tercer informe sobre , presentado este martes, la Misión Internacional Independiente de la va más allá y detalla las responsabilidades en el seno de los servicios de inteligencia en la represión de la oposición, según explica Marta Valiñas, responsable del panel.

El documento, basado en cerca de 250 entrevistas, pone de relieve el papel del Servicio de Bolivariano de Inteligencia () y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la acciones contra miembros de la oposición, incluyendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, como tortura y violencia sexual.

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El informe revela que, en algunos casos, el presidente participaba directamente en la selección de los objetivos.

Pregunta: ¿Qué presenta de nuevo este informe respecto a los dos anteriores que ya hablaron de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela?

Respuesta: “Ya habíamos hablado en los dos informes anteriores (en 2020 y 2021) de estos dos organismos de inteligencia del Estado y la razón por la cual seguimos hablando de ellos es porque estas prácticas continúan. Continúa la represión a la disidencia y las opiniones divergentes al gobierno, hecha por estos organismos(...). Lo que es nuevo es que hemos profundizado nuestras investigaciones respecto a las jerarquías y las cadenas de mando, a las personas que están en ellas y que tienen aportes importantes para la implementación de una política de represión contra la oposición y la disidencia. Vamos más allá en nuestro conocimiento de cómo funcionan estas jerarquías y de los aportes de estas personas, que hemos investigado y nombrado”.

P: El informe dice claramente que el presidente Nicolás Maduro daba órdenes directamente en algunos casos sobre las personas que estos servicios de inteligencia debían detener. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones?

R: “Como parte de nuestras investigaciones hablamos con diferentes fuentes de información, como las víctimas, sus familiares, representantes legales. Pero hemos tenido la oportunidad de hablar con exfuncionarios de la DGCIM y del Sebin y otros exmiembros de las fuerzas armadas y de la policía. Estas fuentes que tienen un conocimiento desde adentro, directo, de cómo recibían ciertas órdenes y quién las emitía, nos dan esta información y nos la corroboran”.

“Hemos notado que, a partir de la publicación de nuestro primer informe, más personas con este perfil estaban dispuestas a hablar con la misión, han visto los hallazgos del primer informe y han tenido más confianza para hablar con nosotros”.

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P: ¿De qué otros altos responsables disponen de informaciones según las cuales han participado en este tipo de atropellos?

R: “En estos niveles más altos, hemos incluido sólo nombres de las personas cuando hemos recibido información consistente, mencionada por diferentes fuentes de información. Es el caso del presidente (Maduro) y de Diosdado Cabello (número dos del régimen), sobre todo con relación al Sebin. Hemos recibido informaciones que indican que estas decisiones a alto nivel se toman con la participación de otras personas, pero hemos preferido no mencionarlas porque la información no era tan sólida”.

P: ¿Cómo creen que va a reaccionar el gobierno de Venezuela?

R: “Cuando publicamos el primer y el segundo informe, hubo algunas reacciones por parte de miembros del gobierno (...) donde desacreditaban nuestros hallazgos. Pienso que será el mismo tipo de reacción. El problema es que las razones en las que se basan las autoridades venezolanas para desacreditarnos no son, desde nuestro punto de vista, válidas. Una de las razones que siempre mencionan es que no hemos hecho investigaciones en el terreno, cuando son las propias autoridades venezolanas las que no nos han permitido entrar (...) De hecho, nos gustaría tener una conversación más sustancial sobre nuestros hallazgos, pero no ha sido posible. Incluso si en el seno del Consejo de los Derechos Humanos el representante de Venezuela tiene la oportunidad de escuchar nuestros hallazgos y de responder”.

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