Parlamento chavista pide expulsar a embajadora de la Unión Europea en Venezuela en represalia por sanciones

El nuevo Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, pidió este martes al gobierno de Nicolás Maduro declarar persona no grata y expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, tras sanciones del bloque contra 19 funcionarios venezolanos.

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La unicameral Asamblea Nacional aprobó un “acuerdo de repudio” contra estas sanciones y plantea “exhortar” a Maduro a “declarar persona no grata a la jefa de la delegación diplomática” de la Unión Europea (UE) en el país sudamericano, Isabel Brilhante Pedrosa, y con ello proceder a su “expulsión”.

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El texto, aprobado por unanimidad, insta además a revisar el acuerdo de funcionamiento de la oficina de la UE en Caracas.

“¡Mis dos manos levanto para que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea!”, clamó Jorge Rodríguez, el oficialista presidente del legislativo, antes de llevar a votación del acuerdo.

Las últimas sanciones afectan, entre otros funcionarios, a Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, jefa del Consejo Nacional Electoral; y a dos congresistas.

Ello después de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los principales partidos políticos de oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

La votación dio al partido del gobierno y sus aliados 256 de 277 escaños.

Ya el pasado 29 de julio, después de otro paquete de sanciones, Maduro declaró persona no grata a Brilhante Pedrosa y le dio entonces 72 horas para abandonar el país. Sin embargo, cuando se cumplía ese plazo, el gobierno socialista dio marcha atrás, pero pidió “gestos” del bloque a cambio.

El gobierno venezolano anunció para este miércoles una reunión del canciller, Jorge Arreaza, con Brilhante, así como con el embajador de Francia, Romain Nadal, y representantes diplomáticos de Alemania, España y Países Bajos.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que desde entonces ha aprobado medidas contra 55 funcionarios venezolanos, que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos.

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