Muertes en protestas: la investigación en la CPI contra el gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad

El viernes 1 de marzo, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la Fiscalía continúe con la investigación por posibles crímenes de lesa humanidad contra el Estado de Venezuela, asestando un fuerte revés al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que había solicitado suspender las pesquisas.

“La Cámara de Apelaciones (...) rechaza los argumentos presentados por Venezuela. Rechaza las apelaciones y confirma la decisión impugnada”, dijo el juez Marc Perrin de Brichambaut al tribunal con sede en La Haya, reportó la agencia AFP.

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En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una investigación formal, luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como “Venezuela I”, por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en el 2017 durante las protestas antigubernamentales en las que murieron más de 150 personas.

En agosto del 2022, Venezuela solicitó al tribunal que suspendiera la investigación, bajo el argumento de que Caracas ya investiga en tribunales nacionales y no necesita que lo haga la justicia internacional.

En noviembre del año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, aseguró en una audiencia de la CPI que la justicia nacional ya lleva a cabo sus procesos y señaló que “más de 255 agentes del Estado fueron imputados, 64 acusados y 62 condenados”, por lo que calificó de “casos de violaciones de derechos humanos que son de interés” de la CPI.

”En Venezuela se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos. Lo que no puede nunca pretenderse es que Venezuela construya artificialmente acusaciones infundadas contra objetivos determinados, simplemente para satisfacer las pretensiones de determinados actores internos y externos”, agregó Gil.

En esta nota te explicamos cómo se originó el caso, lo que dice la defensa del régimen de Maduro y las reacciones de las ONG de defensa de los derechos humanos:

De acuerdo con un análisis de Wola, el caso contra Venezuela nace en la CPI en febrero del 2018, cuando la entonces fiscal Fatou Bensouda anunció que su oficina abriría un examen preliminar sobre ese país, que es una etapa previa a la apertura de una investigación.

Dijo que analizaría hechos cometidos desde abril del 2017, que incluían uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones, detenciones arbitrarias y tortura por parte de miembros del Estado venezolano.

Específicamente, entre abril y julio del 2017 hubo fuertes protestas antigubernamentales en Venezuela. En ese periodo, el Tribunal Supremo de Justicia había bloqueado las competencias de la Asamblea Nacional, que estaba controlada por la oposición, y los venezolanos contrarios al régimen de Maduro se lanzaron a las calles a manifestarse. También se exigía el adelanto de las elecciones presidenciales.

Según la ONG Foro Penal Venezolano, hubo 163 muertos, 2.977 heridos y 1.351 detenidos.

El 27 de septiembre del 2018, la Fiscal de la CPI recibió un pedido de seis Estados que forman parte del Estatuto de Roma, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, para iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero del 2014.

En diciembre del 2020, la Fiscalía de la CPI manifestó que la información disponible brinda bases razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estos incluyen persecución política, encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno de Nicolás Maduro.

El 3 de noviembre del 2021, tras visitar Venezuela como parte del examen preliminar, el Fiscal Karim Khan anunció que este había concluido y decidió abrir formalmente una investigación.

El anuncio de Khan fue acompañado de un acuerdo entre Venezuela y la Fiscalía de la CPI para continuar fomentando la cooperación entre las partes a fin de facilitar verdaderas investigaciones penales en el país sudamericano.

Sin embargo, poco después el gobierno de Maduro pidió al Fiscal de la CPI detener la investigación, tomando en cuenta que el mismo Estado Venezolano estaba investigando estos hechos. Entonces, el proceso quedó temporalmente suspendido hasta que los jueces decidieran si autorizaban a que el fiscal retomara o no la investigación.

El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares decidió permitir que el Fiscal reanudara su investigación sobre Venezuela.

Caracas apeló en noviembre y los representantes del gobierno de Maduro sostuvieron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era imprecisa.

Pero tras la decisión del viernes, Karim Khan podrá ahora seguir buscando pruebas de los presuntos crímenes de lesa humanidad.

En este punto, anota Wola, se debe señalar que el examen preliminar concluido en noviembre de 2021 se denomina Venezuela I. Sin embargo, el 13 de febrero del 2020, el Gobierno de Venezuela solicitó que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos desde el 2014. Esto se convirtió en el examen preliminar Venezuela II, y actualmente sigue abierto, en la segunda de las cuatro fases que componen el examen (evaluación inicial, competencia, admisibilidad, análisis sobre los intereses de la justicia).

La CPI fue creada en el 2002

y es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.

El viernes, el Gobierno de Venezuela rechazó la reanudación de la investigación y dijo que esos hechos “nunca han ocurrido”.

“Quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado ante la CPI responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos”, señaló un comunicado difundido en las redes sociales por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Caracas insistió en que se trata de una “manipulación de un reducido conjunto de delitos” que “han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano”.

Venezuela reiteró “que no es necesario ni apropiado que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”, pues considera que, con estas acciones, la CPI “desnaturaliza su razón de ser y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional”.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo: “La verdad es que el sistema de justicia venezolano ha estado en primera línea para la investigación y para la resolución de los casos donde se haya cometido algún tipo de delito, pero que nada tiene que ver con delitos previstos en el Estatuto de Roma y delitos de lesa humanidad”.

Mientras que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sostuvo que en su país “no se han cometido delitos de lesa humanidad”.

“Nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos no ha declinado”, afirmó Saab, tras asegurar que desde el 2017 han sido condenadas 555 agentes por “violaciones de derechos humanos”.

La ONG venezolana Provea y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) aplaudieron la decisión de la CPI y dijeron que se trata de “un paso crucial en la lucha contra la impunidad en Venezuela”.

“En un contexto marcado por el desmantelamiento del Estado del derecho en el país y una nueva ola de persecución a contra todas las voces disidentes, la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro”, manifestaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

La ONG Fundaredes también celebró la decisión de la CPI y aseguró que se trata de un paso para garantizar “justicia para las víctimas” de los crímenes de lesa humanidad que son investigados.

Human Rights Watch (HRW) consideró que el dictamen “es un rayo de esperanza para las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro”.

Michelle Reyes, de HRW, indicó que ahora toca ser pacientes porque los tiempos de la CPI no están establecidos y hay muchos factores que pueden entrar en juego. Sin embargo, recordó que “el Gobierno Venezolano no puede tomar una medida para frenar la investigación actualmente”.