Así es la “Operación Tun Tun” con la que Maduro ha suspendido de facto las garantías constitucionales en Venezuela

“Por favor, estoy dispuesta a colaborar, pero me gustaría que usted me diga si tiene una orden de allanamiento… soy abogado de la república, me gustaría que me diga cuál es la orden de allanamiento. Este es mi hogar, es una propiedad privada”, dijo Oropeza minutos antes de ser detenida.

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“Están destruyendo la puerta. Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento. Pido auxilio. Yo no hice nada malo, no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto. A mí solo me acompaña Dios y la virgen”, dijo Oropeza antes que le quitaran su teléfono y le ordenaran que colaborara y caminara “rapidito”.

Tras las protestas del 29 de julio, donde miles de venezolanos de sectores populares salieron a las calles del país para denunciar fraude electoral, las fuerzas de seguridad están buscando casa por casa a quienes son acusados por el régimen de cometer crímenes violentos durante las marchas, en una operación que denominan Tun Tun, como el sonido de una puerta cuando es golpeada.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), cuyo presidente es el chavista Elvis Amoroso, proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, superando al opositor Edmundo González. Sin embargo, la oposición ha accedido a más del 80% de actas y sostiene que su candidato fue el ganador con más de 30 puntos de diferencia.

La Operación Tun Tun empezó a sonar en el 2017, cuando el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, usó ese término en su programa de televisión “Con el Mazo Dando” para referirse a detenciones de “terroristas”. En realidad, se trataba de perseguir a dirigentes políticos y activistas de oposición, ir a sus hogares y detenerlos.

Ese año hubo masivas protestas opositoras para rechazar la arremetida del régimen contra la Asamblea Nacional controlada entonces por la oposición.

La Operación Tun Tun implica a organismos de seguridad del Estado como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Con el paso de los años, la Operación Tun Tun se ha institucionalizado en Venezuela.

Solo como ejemplo de ello, cabe mencionar que el 3 de agosto Douglas Rico, director del Cicpc, subió en sus redes sociales un video donde muestra cómo funciona la Operación Tun Tun.

“Operación Tun Tun apenas comienza. Denuncia si has sido objeto de campaña de odio física o virtual a través de las redes sociales”, dice el mensaje de Rico.

El director del Cicpc también indica que el denunciante debe compartir sus datos: nombre y cédula, fecha y ubicación, evidencia en físico o digital donde muestre la agresión o amenaza y teléfono o perfil social.

No solo eso, la DGCIM también publicó en sus redes un video anunciando la Operación Tun Tun acompañada de la frase “Sin lloradera”.

En el clip de la DGCIM, una voz dice: “No importa, a donde vaya Chuky me encontrará”, mientras suena una versión manipulada de la canción Ring Christmas Bells para infundir terror. En el video se ve a agentes deteniendo a civiles.

El martes, Maduro dijo que ya hay 2.229 “terroristas” arrestados en el contexto de las protestas.

Por su parte, la ONG de defensa de los derechos humanos Foro Penal ha documentado la detención de 1.151 personas, de las cuales 101 son adolescentes.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, afirmó que el 95% de los detenidos pertenecen a zonas populares y humildes de distintos estados de Venezuela.

Mientras arrecian los arrestos, en redes sociales circulan mensajes como “borra todo de tu teléfono antes de salir”, “están deteniendo a la gente en la calle y si les ven una foto en una marcha en el teléfono se los llevan detenidos”, “en mi edificio entraron a buscar a los que fueron testigos en las elecciones”, según un reporte del diario chileno La Tercera que no fue firmado por su autora, una periodista venezolana, por temor a represalias.

Rossana Avilet, familiar de un detenido, le dijo a la Voz de América cómo fue el allanamiento de su domicilio: “Se meten a mi casa, me roban, le robaron todas sus cosas de trabajar, le robaron todo, le sembraron 11 camisas, dos gorras, y todo lo que aparece en la foto donde lo están incriminando. Las autoridades le pidieron que se auto inculpe. Él dijo que no, que prefiere que lo maten, que él no ha hecho nada, que simplemente por defender su derecho a su voto lo están culpando”.

Rafael Uzcátegui, sociólogo, defensor de los derechos humanos y director del Laboratorio de Paz, le dijo a El Comercio que la Operación Tun Tun está siendo usada como una política de Estado. Al igual que en el pasado, dice que se están realizando detenciones arbitrarias sin orden judicial, y las fuerzas de seguridad están ingresando a las viviendas sin una orden de allanamiento.

Uzcátegui remarca que las protestas posteriormente a las elecciones del 28 de julio han sido protagonizadas principalmente por los sectores populares. Agrega que el Laboratorio de Paz contó 210 manifestaciones en todo el país el 29 de julio, una cifra que considera histórica para la movilización ciudadana en Venezuela.

“Ese día la furia, la indignación ciudadana se focalizó en los símbolos del poder. Tuvimos sedes de instituciones que fueron incendiadas, también sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hubo seis estatuas de Hugo Chávez que fueron derribadas. Además, se destruyeron vallas publicitarias del oficialismo. Entonces, la reacción ha sido absolutamente cruel y desproporcionada. A partir del 30 de julio, tenemos esta situación que nosotros hemos calificado como supresión de las garantías constitucionales por la vía de los hechos”, manifiesta Uzcátegui.

El sociólogo indica que se están registrando diferentes patrones de violación a los derechos humanos de los detenidos: no están siendo presentados en 48 horas en un tribunal, que es lo que debería ocurrir según la ley; las personas están siendo inculpadas de delitos en los propios centros de reclusión, algo que es absolutamente ilegal. Las inculpaciones de delitos las está haciendo el juez por una llamada por Zoom. Agrega que a todos los detenidos los están enviando a cárceles comunes.

“También se impide al detenido tener una defensa privada y se les impone defensores públicos que, por supuesto, no estudian los casos, no defienden los derechos de sus representados y básicamente lo que intentan es acelerar una sentencia condenatoria”, alerta Uzcátegui.

Otra irregularidad que se ha detectado es que a las personas detenidas las propias fuerzas de seguridad las están extorsionando. “Es masiva la extorsión, a casi todas las personas se les está solicitando dinero... les piden montos a partir de 1.000 dólares... además tenemos varios casos de gente que finalmente pagó la extorsión pero continúa detenida”.

Refiere que ya hay tres casos de fiscales que han sido destituidos y detenidos por incumplir las órdenes de acusar a los detenidos.

Uzcátegui remarca algo que le resulta preocupante: las fuerzas de seguridad están promoviendo la delación entre vecinos. “Ello es masivo porque incluso se ha creado una aplicación para que las personas puedan suministrar información sobre sus vecinos, no solamente a quienes hayan participando en una manifestación contra el régimen, sino a quienes estén mandando mensajes por sus redes con críticas al gobierno”.

“Como sociólogo, esta situación me genera mucha preocupación, porque se está afectando el tejido social comunitario en estos barrios que están acostumbrados a lidiar con situaciones de violencia. Y esto pudiera tener unas consecuencias impredecibles. Es decir, la persona a la que estás dilatando puede ser primo, amigo, novio de alguien que participa en un grupo delincuencial. Y eso, por supuesto, en los códigos de la delincuencia en Venezuela, es una de las cosas que peor se castiga”, manifiesta.

Uzcátegui alerta también que las posteriores consecuencias legales para quienes están deteniendo de manera arbitraria también podría alcanzar a los delatores, pues muchas de las víctimas están siendo sometidas a torturada y se les ha violado el debido proceso, por lo que los delatores pueden ser incluidos como cómplices violadores de los derechos humanos.

¿Qué pasa si quien es buscado no está en su casa, se pueden llevar al papá, a la mamá, a los hermanos? “Sí. Se da como parte de esta política de terror generalizado. Esto ha sido ya una práctica sistemática desde hace varios años”.

Uzcátegui explica que tras la detención arbitraria en febrero de este año de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, ha provocado que dentro del movimiento de DD.HH. haya pánico, por lo que muchas organizaciones han bajado el perfil y la intensidad de sus denuncias públicas. Solo están trabajando para documentar de manera confidencial lo que pasa e informar a organismos internacionales.