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Como ya lo había anticipado durante el fin de semana, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia no asistió a la citación formulada para este lunes 26 por la fiscalía de Venezuela, organismo controlado por el régimen de Nicolás Maduro, a fin de ser interrogado por las acusaciones de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, entre otros supuestos delitos, que existen en su contra.
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En consecuencia, González fue citado por segunda vez para comparecer este martes 27, según informó el Fiscal General Tarek William Saab.
El candidato opositor, quien se encuentra escondido desde hace tres semanas debido a la persecución emprendida por el régimen de Maduro contra él y la líder opositora María Corina Machado por denunciar el fraude perpetrado en los comicios del 28 de julio, argumenta que no existen garantías de independencia dentro del proceso abierto en su contra.
González, además, ha señalado a Saab como un “acusador político”.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha sido señalado como "acusador político" a las órdenes del régimen, por el líder opositor Edmundo González Urrutia.
/ FEDERICO PARRAPero, ¿qué podría pasar con González si no asiste a esta segunda citación?
“Pasaría a estar en condición de desacato. Los mismos voceros del régimen han advertido que esto va a traerle serias consecuencias a González, pues se lo está señalando de delitos extremadamente graves que van desde usurpación de funciones hasta asociación para conspirar, y en el código penal de Venezuela eso tiene penas que pueden llegar hasta los 25 años de cárcel”, advierte a El Comercio la periodista y analista política venezolana Maibort Petit.
El abogado que defiende a opositores encarcelados por el régimen, Joel García, aseguró por su parte a la agencia France Press que “la pena podría llegar a 30 años”.
- Persecución judicial -
Desde la oposición hasta los gobiernos regionales e incluso la ONU han advertido en repetidas ocasiones durante los últimos años la cooptación de los distintos poderes del Estado por parte del chavismo en Venezuela.
Durante el cuarto de siglo que lleva en el poder, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha conseguido controlar la Asamblea Nacional (Congreso) -reemplazándola por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuando la oposición ganó el control de la misma-, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justica (TSJ), las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Una de las muestras más recientes al respecto fue la resolución del TSJ ante el recurso presentado por Maduro en la que convalida los resultados electorales anunciados por el CNE sin mostrar las actas que así lo confirmen.
El TSJ validó la victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio sin hacer públicas las actas que así lo sustenten.
/ HANDOUT“Si González acude este martes ante la Fiscalía se sometería a una jurisdicción que no reconoce. Y si no va, entraría en desacato directo. En paralelo, la comunidad internacional no está haciendo sino puros comunicados y advertencias mientras Maduro se está quedando en el poder. Lo único que ha ocurrido en un mes es que el régimen se ha mantenido y ha desatado todo un terrorismo de estado en contra de la oposición”, apunta Petit.
Una eventual decisión de emitir una orden de arresto contra González recordaría a lo sucedido en el 2014 con el también líder opositor Leopoldo López, detenido y luego sentenciado a 14 años de cárcel por diversos cargos, pero que salió en libertad durante el levantamiento contra Maduro convocado por Juan Guaidó en el 2019.
Sin embargo, en el caso de Guaidó, quien asumió como presidente interino de Venezuela tras la denuncia de fraude en los comicios del 2018, el régimen actuó distinto. Pese a que el líder fue reconocido por medio centenar de gobiernos y se mostró infinidad de veces en las calles venezolanas, las fuerzas de Maduro no lo encarcelaron.
¿Por qué a uno sí y al otro no? Y, sobre todo, ¿qué pasaría con Edmundo González Urrutia? “No sabemos si enviarán a González a prisión, solo el régimen lo sabe. Con Guaidó el chavismo logró desgastar su figura al impedirle concretar la oferta electoral que ofrecía, que eran elecciones libres, cese de la usurpación y un gobierno de transición. Esas tres frases quedaron para la historia de los venezolanos como una narrativa fracasada por parte de ese grupo de la oposición”, explica la periodista.
“El régimen lo desgastó como figura, desde el punto de vista narrativo y a nivel internacional, entonces no había necesidad de ponerlo tras las rejas. Actualmente Guaidó es despreciado tanto por los chavistas como por muchos opositores. Marcó un antes y un después por el que hoy se discute mucho si se apoya o no la presidencia del señor González Urrutia”, agrega.
Guaidó fue proclamado presidente interino de Venezuela en el 2019; sin embargo, el chavismo se encargó de desgastar su figura en el país.
- Denuncia interna -
Mientras la justicia chavista requería la presencia de González, uno de los cinco miembros que componen el CNE, Juan Carlos Delpino, publicó a través de las redes sociales una carta en la que detalla una serie de irregularidades cometidas antes y durante las elecciones del 28 de julio.
Delpino aseguró en su publicación que los centros de votación tardaron en informar los resultados de las máquinas automáticas, mientras que a varios voluntarios de la oposición se les impidió ingresar en violación de las reglas electorales del CNE.
En su carta también destacó una serie de decisiones anómalas, incluida la falta de reuniones antes de la votación que dificultó el establecimiento de reglas claras sobre la participación de los trabajadores electorales, los observadores internacionales y millones de venezolanos que viven en el extranjero.
Dichas irregularidades habrían llevado a Delpíno negarse a participar de la conferencia de prensa brindada a medianoche del 28 de julio en la que el presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso, declaró como ganador a Maduro.
Delpino aseguró a The New York Times, además, que se encontraba escondido por temor a las represalias sobre sus declaraciones.
Para Petit, las palabras de Delpino llegan demasiado tarde. “Debió hablar antes, no después de un mes y de estar cobrando cómodamente su salario. Debió haber señalado que se estaba preparando un fraude, que las declaraciones de Amoroso y las decisiones del vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, estaban fuera del reglamento. En Venezuela hay miedo y cobardía entre funcionarios con posiciones importantes, eso no ayuda a la lucha por la democracia y las libertades”, sentencia la analista.
