¿Qué dice la ley contra el fascismo que impulsa Maduro, el paso definitivo hacia un gobierno totalitario en Venezuela?

“Vamos a dedicarnos a la tarea en este período de sesiones de aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales”, anunció el lunes Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dirigiéndose a Maduro.

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Maduro, quien es el impulsor de la ley contra el fascismo, asegura que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección.

De acuerdo con la oposición, que accedió a más del 80% de las actas de las elecciones del 28 de julio, el ganador fue Edmundo González Urrutia, apoyado por la popular política María Corina Machado, con el 67% de los votos sobre Maduro, que habría obtenido el 30%.

En abril de este año, la “Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares” fue aprobada en primera votación por la Asamblea Nacional. Tiene cuatro capítulos y 30 artículos. La iniciativa había sido propuesta el 23 de marzo por Maduro, en pleno período electoral.

El 25 de marzo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo en su cuenta de la red social X que quienes serían objetivos de la ley son las personas involucradas en las protestas de los años 2014, 2015 y 2017, sectores y actores vinculados a la Asamblea Nacional del año 2015, en ese entonces de mayoría opositora; y sectores y actores vinculados al gobierno de Estados Unidos.

¿Qué dice la norma? Según el proyecto, la ley “busca establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.

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El artículo 4 define al fascismo como: “Postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra la democracia, sus instituciones y valores republicanos o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad, por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad”.

Luego, define el neofascismo y expresiones similares como “toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo”.

En este punto, cabe precisar que la Real Academia Española (RAE) define al fascismo como “Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista”.

Hay tres artículos que aumentarán los niveles de censura y autocensura de medios de comunicación, periodistas y la ciudadanía en general:

El Artículo 9, sobre el rol de los medios de comunicación, dice: “Los mensajes difundidos (…) deberán tener carácter educativo y contribuir a proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”.

El Artículo 10 sobre la cultura del odio, la intolerancia y la muerte sostiene que “ninguna persona (…) podrá promover, estimular, facilitar, ejecutar o tolerar acciones u omisiones que favorezcan o reproduzcan la cultura del odio, la intolerancia, la discriminación y la muerte…”.

Mientras que el Artículo 11, sobre la prohibición de mensajes fascistas, dice que “los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales, deben garantizar espacios sin ningún mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza”.

Entre los mensajes que estarán prohibidos se detallan: apología o promoción de la violencia como método de acción política, los que favorezcan o reproduzcan la cultura del odio, la intolerancia, la discriminación y la muerte, los que denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos, los mensajes que promuevan la supresión de los derechos y garantías de la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad y los que exalten o haga apología de los principios, hechos, símbolos y métodos propios del fascismo.

El Artículo 12 prohíbe las “reuniones públicas y manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares”. Las autoridades pudieran tomar “medidas preventivas tendentes a evitar o en su caso disolver las reuniones públicas y manifestaciones…”.

El Artículo 13 prohíbe a las organizaciones que en sus “actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares”.

El Artículo 14 ordena la disolución de organizaciones sociales “que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares”.

El Artículo 15 ordena la cancelación del registro por parte del Consejo Nacional Electoral a las organizaciones con fines políticos “cuyas actas constitutivas, declaraciones de principios, programas de acción política, estatutos o actividades promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo y expresiones similares”. Agrega que el CNE “podrá acordar preventivamente, desde el inicio del procedimiento y mediante acto motivado, la suspensión de la organización con fines políticos”.

El Artículo 16 dice que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “podrá acordar la disolución de la organización con fines políticos que promueva, haga apología o se dundamente en el fascismo…”. Ello luego de que el Ministerio Público presente una solicitud al TSJ.

El Artículo 17 prohíbe el acceso a cargos públicos a las personas que “en cualquier momento antes de la elección o el acceso al cargo público, hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo”.

El proyecto de ley establece que quienes recurran a la violencia con fines políticos serán sancionados con una pena de 8 a 12 años de prisión e inhabilitación política. Para quien haga apología del fascismo, se plantea sanción de 6 a 10 años de prisión e inhabilitación política.

Para quien financie actividades fascistas se prevén multas en bolívares que equivalgan a entre 50.000 y 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor frente al dólar publicado por el Banco Central de Venezuela.

En cuanto a los medios de comunicación, el Artículo 28 propone la revocación de la concesión a los canales de televisión o a las estaciones de radio que difundan mensajes fascistas. En el caso de los medios electrónicos y los impresos, se impondrá multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 50.000 y 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.

Opinión…

Con esta ley Maduro busca instaurar definitivamente una dictadura

Oscar Pérez

Presidente de Unión Venezolana en el Perú

Tal como está concebido este proyecto de ley, fascistas somos todos los que nos oponemos a Nicolás Maduro y al régimen de gobierno que él encabeza. Es muy grave lo que se quiere aprobar porque el proyecto también contempla cárcel.

Además, financiar algún tipo de actividad que ellos consideren fascista será castigado. Por ejemplo, si un empresario ve pertinente financiar la realización de un acto por la democracia, podría considerado fascista por el régimen y le pueden imponer una multa impagable que lo llevaría a la quiebra.

Si los partidos políticos y organizaciones impulsan algún tipo de iniciativa contraria a lo que se esté haciendo desde el régimen de Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral podría terminar cancelando su registro. Estamos hablando de que en este momento, por ejemplo, si el partido Un Nuevo Tiempo y otros persisten en la idea de que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, eso podría ser considerado fascista y en consecuencia el CNE les cancelaría la inscripción.

Definitivamente, lo que busca este proyecto, de una manera disfrazada, es terminar de someter a un pueblo que reclama de manera permanente el respeto a su soberana voluntad.

Este proyecto apunta a que después de unas elecciones no haya cuestionamientos a los resultados que ofrezca el CNE, que no haya protestas. Esto es paradójico porque lo que ahora está en debate es el fraude perpetrado desde el Consejo Nacional Electoral. Ellos buscan que las decisiones del ente electoral sean incuestionables, lo cual incluso va en contra de lo establecido en la Constitución, donde en primer lugar se garantiza que la gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente, a expresarse libremente sin ser coaccionada.

Definitivamente, esta es la ley represiva más dura del régimen chavista. Es una ley que además obedece a la desesperación de Nicolás Maduro, que se sabe en este momento solo, sin apoyo popular. De hecho, desde el 28 de julio, cuando el CNE que él controla lo proclamó como ganador de los comicios, no ha hecho ningún tipo de manifestación pública para que las personas pudiesen respaldar su triunfo y poder celebrarlo. No ha salido de Miraflores, todas las actividades que ha hecho es con pocas personas en las inmediaciones del palacio. Obviamente, su desesperación lo lleva a tomar este tipo de decisión. Ya que no ha podido mantener el poder con los votos, busca mantenerse utilizando este tipo de herramientas legales, aprovechando el control que tiene de la Asamblea Nacional, que va a probar todas estas iniciativas que busquen que el oficialismo siga aferrado al poder.

Con esta campaña de odio, de resentimiento, de violencia, de persecución a la que están recurriendo buscan acabar por completo con la poca institucionalidad que se tiene en el país, con el fin de atornillar en el poder a Maduro y a quienes le acompañan.

Para la comunidad internacional debe quedar bien claro que Nicolás Maduro no está jugando a los carritos. Está jugando, junto a Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y con toda la plana fuerte del PSUV, a instaurar definitivamente una dictadura en nuestro país, en donde se desconoce por completo la decisión soberana del pueblo venezolano.

Hoy es 14 de agosto y aún sigue inhabilitada la página del CNE, nadie sabe cuál es la votación centro por centro, mesa por mesa, lo cual nunca había sucedido en la historia republicana de Venezuela, ni Hugo Chávez se atrevió a tanto. En este momento el régimen le está dando el zarpazo final a lo que quedaba de democracia en Venezuela con esta ley absolutamente oprobiosa y que busca someter, lo cual no va a lograr, a un pueblo que lo que quiere es recuperar la democracia plenamente y enrumbar al país hacia el progreso y el desarrollo.

En su análisis del proyecto, el Laboratorio de Paz, organización que se dedica a investigar temas de democracia, derechos humanos y no violencia, sostuvo que en Venezuela no existen movimientos de ultraderecha, pro nazis o de nacionalismo radical que justifiquen la promulgación de una ley con tipificación de delitos de esa ideología.

El Laboratorio de Paz también sostuvo que la ley pretende, de manera retroactiva, criminalizar y castigar conductas previas a su aprobación. Agregó que su objetivo no solo es criminalizar sectores y actores antes de una elección, sino incluso después del evento electoral. Remarca que la frase proteger el “ejercicio democrático de la voluntad popular” aparece 11 veces en el texto de ley, por lo que concluye que cualquier objeción de resultados de elecciones pudiera calificarse como “fascismo” y ser sancionado por la norma.

“La ley contra el fascismo institucionalizará la persecución por razones ideológicas y eliminará la pluralidad política en el país”, indicó el Laboratorio de Paz.

Agregó que su aprobación significaría un avance en la construcción de un modelo de gobierno totalitario en el país, agravando aún mas las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población y alejando a la sociedad de la posibilidad de allanar el camino a una transición hacia la democracia.