Rufo Chacón, quien quedó ciego luego de que la policía le disparara balas de goma en la cara durante una protesta por la falta de gas, habla con la prensa el 19 de julio de 2019. (Federico PARRA / AFP).
Rufo Chacón, quien quedó ciego luego de que la policía le disparara balas de goma en la cara durante una protesta por la falta de gas, habla con la prensa el 19 de julio de 2019. (Federico PARRA / AFP).
Agencia AFP
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Dos policías que dejaron ciego a un estudiante tras dispararle en una protesta contra la falta de gas en , fueron condenados a 21 y 27 años de prisión, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.

Javier Useche y Henry Ramírez, “quienes dispararon sus escopetas y le quitaron la vista al adolescente Rufo Chacón” fueron condenados a 27 años, 9 meses y 21 años, 5 meses, respectivamente, “por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración”, informó Saab en Twitter.

Los exfuncionarios fueron sentenciados por disparar con sus armas reglamentarias (escopetas) a Chacón, de 16 años entonces, durante una protesta contra fallas en el suministro de gas en San Cristóbal, capital del estado Táchira (oeste), en julio de 2019.

Se les imputaron además, los delitos de “trato cruel y uso indebido de arma orgánica”, añadió el fiscal, al considerar el veredicto como una garantía de “plena justicia en la defensa de los derechos humanos”.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido señalado ante instancias internacionales por violaciones de derechos humanos, varias de estas enmarcadas en protestas antigubernamentales que dejaron al menos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

La Corte Penal Internacional (CPI), que inició en 2018 exámenes preliminares contra Venezuela por “presuntos crímenes de lesa humanidad”, ha denunciado “inacción” de autoridades en investigaciones de abusos cometidos por fuerzas de seguridad, según un informe desclasificado en agosto pasado, rechazado por Saab y por el gobierno de Maduro.

En medio de los señalamientos, la fiscalía venezolana ha invitado a la CPI a que “compruebe ‘in situ’ los esfuerzos realizados por todas las instituciones venezolanas” en materia de derechos humanos.

En sus informes de gestión, Saab ha indicado que más de 150 funcionarios policiales y militares han sido condenados por violaciones a derechos humanos desde 2017.

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