1%: ¡Indignante!, por Ricardo Valdés

El Comercio presentó el último domingo un informe sobre las finanzas públicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. De los aproximadamente S/.406 millones de inversión pública para el 2015, apenas se ha destinado un 1% para enfrentar la inseguridad ciudadana en la capital. ¿Cómo se relaciona este insignificante presupuesto con la realidad? Veamos las cifras.

La reciente publicación de Ciudad Nuestra, titulada “Lima: ¿cómo hacerla más segura?”, contiene diversas y recientes estadísticas que dan cuenta de lo que está pasando. Así, desde hace cinco años, algo más del 80% de los ciudadanos considera que la delincuencia y la inseguridad ciudadana son los principales problemas que afectan su calidad de vida. Aproximadamente seis de cada diez personas consideran que los robos en la calle y en las viviendas son las principales preocupaciones en su vecindario y cerca del 70% de los limeños afirma que nunca, o casi nunca, hay patrullaje o vigilancia en su barrio.

Por otra parte, la tasa de victimización en la ciudad de Lima es una de las más altas de todas las capitales de América, muy por encima de Caracas y Río de Janeiro, con cifras parecidas a ciudades violentas como México D.F. Incluso la posibilidad de ser víctima de un delito más de una vez en un año en nuestra ciudad es del orden del 60%. Es decir, seis de cada diez víctimas volverán a serlo dos o más veces en el mismo año.

Entonces, si la responsabilidad de nuestra seguridad es también de los gobiernos regionales y locales, como el gobierno municipal de Lima, ¿es aceptable o suficiente un 1% de inversión en seguridad? Definitivamente, no. Por ello, de la sorpresa inicial uno pasa a la indignación, pues es imposible enfrentar la situación de inseguridad en la que nos encontramos con 11 céntimos diarios de inversión por persona. Ese es el valor que el gobierno de Lima le ha puesto hoy a nuestra vida y seguridad.

Hay mucho por hacer. Para empezar, llevar a la práctica el servicio interdistrital, interconectado e informatizado de los serenazgos de Lima que el alcalde Luis Castañeda creó en el 2004 (llamado Serenazgo Metropolitano). Actualmente este servicio no funciona, y no lo hará precisamente por falta de inversión en vehículos, equipos, conectividad, telecomunicaciones y capacitación.

Mientras esperamos que se corrija el presupuesto, se podría avanzar con un reglamento para el Serenazgo Metropolitano, en el que se uniformen los criterios de intervención y de coordinación entre los diversos serenazgos de Lima y de estos con la policía. Además, de aquí a fin de año, se pueden reponer las cámaras de vigilancia y redoblar las acciones de patrullaje con la policía en las zonas más críticas para el delito. 

Por lo pronto, cabe estrechar las coordinaciones con el Ministerio del Interior, evaluar en conjunto la aplicación del plan estratégico de seguridad ciudadana que culmina en el 2016 y, a base de ello, plantear desde los gobiernos locales un presupuesto inteligente que se articule con la decisión política, la capacidad de gestión, el monitoreo estratégico y la inversión adecuada. Una inversión que, por supuesto, reflejará el valor que para las autoridades tiene la vida y la seguridad de los ciudadanos.