Hace unos años recibí información con relación a una propiedad de la Fundación por los Niños del Perú. Específicamente, me hablaban de una casa-club, con 32 búngalos, ubicada en Chaclacayo, que había pertenecido en el pasado al Banco Comercial, que al quebrar pasó al Banco de la Nación, y que llegó a albergar a cientos de niños abandonados y desvalidos, quienes disfrutaban del clima agradable de la zona.
Me acerqué al lugar de la denuncia y, desde lo alto, lo que allí encontré fue a una familia, a sus anchas, gozando de la piscina. Al indagar en ese momento por los ocupantes, el guardián me dijo sin titubear: “Esta es la casa de la familia Orellana Rengifo”. El descubrimiento me sorprendió sobremanera, pues sabía que estas propiedades no podían transferirse.
¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Cómo la familia Orellana había podido despojar de su hogar a cientos de niños huérfanos? En realidad, la casa-club les había sido alquilada. Ellos, supuestamente, habían hecho algunas mejoras al inmueble, y la fundación al no “devolver” ese dinero, había sido despojada de esta valiosa propiedad. La herramienta de la ilegalidad fue un arbitraje fraudulento.
Desde que empecé a jalar el hilo de esta madeja, me cayeron con todo. A mí y a mi familia. Lo interesante es que, al hacerlo, evidenciaban conductas conocidas de los años 90. Eran los mismos personajes con las mismas prácticas. La inteligencia al servicio del mal.
La red de Orellana involucra a alcaldes, asesores, congresistas, fiscales, jueces, notarios, periodistas, policías, presidentes regionales, registradores, entre otros. Como decía F. Herbert, “la corrupción lleva infinitos disfraces”.
Desarmar esta red es una prioridad. Como Congreso, tenemos la obligación de desmontarla, empezando por casa. No podemos luchar contra la corrupción con topos entorpeciendo nuestro trabajo. ¿Cómo es posible que una señora que claramente es parte de esta organización, y que ha recibido sospechosamente más de un millón de soles en CTS, siga transitando libremente por nuestras instalaciones?
Hace poco la Comisión López Meneses, en las postrimerías de la labor que se le encargó, denunció haber sido infiltrada por operarios de una organización criminal. ¿Qué información llegó a manos de las fuerzas del mal?
¿Quiénes fueron los notarios que dieron fe de documentos fraguados? ¿Quiénes fueron los fiscales archivadores de las denuncias contra esta organización? ¿Quiénes fueron los jueces que admitían acciones de amparo al por mayor?
La labor que le toca a Vicente Zeballos, presidente de la Comisión Orellana, es ardua y vasta. En la Comisión de Fiscalización hizo lo que otros habían evadido. No creo que la campaña de Castañeda afecte su trabajo.
Para tener éxito lo primero es evitar que topos, amigos de Orellana y Jiménez, ingresen a la comisión. En este tema, los arrepentidos no existen. Lo segundo es utilizar la información de la procuraduría para el levantamiento inmediato de los secretos bancario, tributario y de las comunicaciones. No olvidemos que esto toma tiempo. Lo tercero, valentía para avanzar sin retroceder.
El caso de Chaclacayo, uno de miles, demuestra que esta organización se creía intocable, pues mudarse a vivir a una aldea infantil evidencia descaro y soberbia. Gracias a Dios, el Perú honesto, la inmensa mayoría, reaccionó a tiempo.