Más allá de Chinchero, por Bruno Giuffra

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con más de 5.000 colaboradores y 11.800 millones de soles de presupuesto, tiene a su cargo los puertos; aeropuertos; líneas de metro; ferrocarriles; carreteras; puentes; transporte terrestre, aéreo y acuático; correos; telecomunicaciones –desde telefonía hasta televisión– concesiones y licencias. Este es el gran dominio de acción, regulación y supervisión que tiene el colosal MTC.

En medio de todo este mundo de infraestructura, el aeropuerto internacional de Chinchero, cuya inversión se acerca a los 1.800 millones de soles, ha acaparado el centro de atención de las noticias durante las últimas semanas. Si hacemos un ránking por montos de inversión, no figura –ni de cerca– entre los más grandes proyectos del país, siendo apenas una pequeña fracción de lo que nos costará la reconstrucción por el fenómeno de El Niño (20.000 millones de soles) o la línea 2 del metro (18.000 millones de soles). Sin embargo, no es fácil recordar en la historia reciente algún otro proyecto que haya tenido tanta exposición mediática y haya generado tanto ruido y movimiento político. Sin duda, es una oportunidad de aprendizaje a nivel país.

Por el bien del Cusco, y de todos los peruanos, corresponde darle una solución definitiva, sin interrupciones, a su construcción y mirar hacia adelante. Estoy seguro de que estamos en la ruta correcta y espero que podamos “deschincherizar” muy pronto el MTC y seguir avanzando.

La interminable lista de obras que se pueden hacer desde el MTC para beneficio de todos los peruanos es tan fascinante como retadora. Si entendemos la conectividad en su total dimensión, vemos que son cuatro los grandes frentes: aéreo, terrestre, acuático y digital (muchas veces olvidado).

Para cada uno de estos frentes tenemos una política de desarrollo y plan de cierre de brechas que supone muchísimo trabajo de coordinación en el interior del Estado y de gestión. Además, se requiere una enorme capacidad para luchar contra la larga lista de obstáculos que el mismo Estado ha creado y que inevitablemente se convierte en un muro de colisión asegurado para cualquier proyecto.

Es difícil creer que obras que cuentan con financiamiento asegurado (por presupuesto público o privado), que gozan de total aceptación por su nítida necesidad y viabilidad económica y que son benditas por contar con un estudio técnico aprobado, no puedan ejecutarse en los plazos que cualquier ciudadano pudiera esperar. Así, por ejemplo, ha tomado 12 años “limpiar” los terrenos que permitirán ampliar el aeropuerto Jorge Chávez con una segunda pista. Nos toma en promedio 739 días adquirir predios sobre los cuales pasará una carretera tras haber tocado las puertas de 36 actores del sector público. Una locura burocrática que debemos empezar a cambiar de inmediato. Primer gran reto.

Otro reto de singular importancia en el sector, que también ha cobrado mucho protagonismo en los últimos tiempos, es la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, vivimos en una sociedad carcomida por este flagelo, quizás el peor de todos por su capacidad de daño colectivo.

Corruptores y corruptos convergen en el mismo espacio infernal de la corrupción, con idénticas dosis de maldad, multiplicando presupuestos que significan robarles a todos los peruanos, pero especialmente a los que nada tienen. La cantidad de alcaldes, gobernadores regionales y hasta ex presidentes que ostentan oscuras credenciales, por un lado, y una lista de empresas al otro lado de la mesa revelan la magnitud del problema que enfrentamos. El primer costo de todo esto es que la gran mayoría de servidores públicos y empresas valiosas pagan los platos rotos: son sindicados como corruptos o los relacionan gratuitamente con la corrupción. La consecuencia inmediata es la parálisis de la burocracia, que pasa de ser lenta a inmóvil, con el impacto que ello supone, como segundo costo, para cualquier proyecto de inversión. Redoblar las fuerzas de lucha contra la corrupción es imperativo. Y constituye un segundo gran reto.

Un tercero, no menos importante, es lograr una visión compartida de largo plazo sobre lo que el país necesita en infraestructura, como mínimo asegurado, para poder desarrollarnos. Si lográramos tener 10 proyectos consensuados, a prueba de todo y perfectamente blindados, su ejecución sería mucho más sencilla. Lo anterior supone trascender al interés personal, local, regional, partidario y político para darle pase y carta blanca al interés nacional. Se trata de lograr un consenso –y compromiso– universal, de tal forma que nada ni nadie puedan interferir en su desarrollo. Y así, de 10 en 10 llegamos a 100. Sin duda este objetivo demandaría un titánico esfuerzo de consenso y convencimiento, pero a la luz de los resultados de todo lo que vemos y hacemos, bien vale la pena el esfuerzo. Creería, pues, que un acuerdo nacional de infraestructura es un tercer gran reto.

Simplificar y facilitar las obras en el Estado, luchar frontalmente contra la corrupción y lograr el mayor consenso posible para ejecutar los proyectos prioritarios para el país son nuestras primerísimas metas. En eso estamos.