Más allá del SNIP, por Ricardo Fort y Álvaro Espinoza

Mejorar la calidad de la inversión pública, dándole prioridad a los proyectos que contribuyan a cerrar brechas, parece ser el tema clave en la reforma del SNIP que prepara el gobierno. Así se buscaría subsanar una de las limitaciones más evidentes del sistema actual, que cuenta con reglas para evaluar individualmente la rentabilidad de los proyectos de inversión pública (PIP), pero carece de criterios para priorizar entre distintos proyectos. 

La idea parece simple: el nuevo sistema debe ser capaz de identificar cuáles de los casi 200.000 PIP que están listos para ser ejecutados en todo el país son mejores para cerrar ciertas brechas –y por tanto deben ser priorizados al momento de asignar recursos públicos–.

Un par de estudios recientes de investigadores de Grade revela algunas complejidades con las que tendrá que lidiar la nueva propuesta. En primer lugar, hay proyectos más eficaces que otros para cerrar una brecha sectorial. Hemos encontrado que la mitad de las inversiones del Estado en construcción de vías en varias zonas de la periferia de Lima se destina a pistas y pasajes de segundo o tercer orden en conectividad, a pesar de que cerca del 60% de sus vías principales no están desarrolladas. Con el SNIP actual, toda pista pavimentada cierra la brecha de conectividad urbana, pero es claro que algunas lo hacen mejor que otras. ¿Cómo se priorizará entre PIP de un mismo sector en el territorio?

Por otro lado, la noción misma de qué brechas atender necesitará criterios de priorización. Por ejemplo, un estudio de investigadores de Grade del 2015, que analiza si existe una estrategia para el desarrollo rural, encuentra que tres cuartas partes de la inversión estatal en servicios económicos rurales, destinados a cerrar brechas de productividad de productores agropecuarios, se ejecutó en centros poblados que no cuentan con caminos o infraestructura de riego adecuadas, y en varios de ellos además no existe cobertura completa de servicios básicos como agua o energía eléctrica. ¿No tendría más sentido cubrir primero estas brechas? ¿Cómo se priorizará entre brechas de distintos sectores? 

Una nueva herramienta de priorización que aborde estas complejidades es fundamental. ¿Pero no sería más eficiente enfrentar el problema desde el inicio del proceso de elaboración de los PIP? La mayoría de estos proyectos, especialmente en los gobiernos locales (que generan más del 80% de los PIP del país), son definidos y diseñados a partir de solicitudes específicas de la población. En principio, esto podría ser visto como una virtud –un Estado que escucha a sus ciudadanos–. Pero, en realidad, la fragmentación de la sociedad civil peruana y –sobre todo– la ausencia de visiones estratégicas de mayor envergadura generan un sinfín de proyectos pequeños y desarticulados que no necesariamente han sido pensados para cerrar brechas de la mejor manera, como en los ejemplos que hemos presentado. 

Probablemente no baste entonces con introducir criterios de priorización. Necesitamos un sistema muy distinto, que además de priorizar adecuadamente entre sectores y entre proyectos oriente la formulación misma de los PIP con una visión estratégica. Es decir, como recomienda la OCDE en su último reporte para el Perú, se necesita un sistema de planificación de la inversión pública que articule sectores y niveles de gobierno, y que sea estrictamente vinculante con el sistema presupuestal del Estado. Solo así podremos dar un salto real en la calidad de la inversión pública.