La compleja crisis social que está sucediendo en Colombia no solo debe ser entendida como un acontecimiento local. Es evidente que estamos frente a un fenómeno de carácter regional que merece la atención de los países de esta parte del continente. Y es que, hace algunos años, vienen dándose en toda la subregión andina una serie de protestas contra el modelo económico neoliberal que guardan relación con la difícil realidad económica de América Latina en los últimos años.
El FMI viene diciendo que América Latina es el mercado emergente que menos crece en el mundo. La Cepal ha señalado que el lustro 2015-2019 fue el peor en los últimos 70 años, al punto que ya muchos se refieren a una nueva “década pérdida”. Si a esto le sumamos la crisis del orden liberal (y del capitalismo, con más fuerza desde el crack financiero del 2008) y la situación actual producto de la pandemia, el descontento de la población se hace entendible.
En Colombia todo comenzó por una controvertida e irresponsable reforma tributaria. Esta, al igual que sucedió en Chile con el alza de los pasajes del metro, sirvió para que surgieran una serie de demandas, algunas que hacen incidencia en el modelo, como la reforma de la salud, y otras que guardan relación con la situación de violencia que vive el vecino país. Los cuestionamientos a lo poco que el gobierno de Duque ha hecho por implementar el acuerdo de paz con las FARC, su intención de utilizar nuevamente la fumigación aérea con glifosato para luchar contra el narcotráfico y la excesiva violencia de las fuerzas del orden (que en dos semanas ha implicado la muerte de más de 20 personas), nos recuerda que las protestas del 2019 parecieran que no hubiesen servido para nada.
Con sus diferencias, esta situación se repite en países como Ecuador, Chile y Perú. No solo existe una crítica al modelo económico, sino también un alto grado de insensibilidad en las élites políticas para entender la necesidad de un cambio. En Chile costaron semanas de protestas para que el gobierno de Piñera aceptase la opción de una reforma constitucional. Ecuador y Perú se encuentran a la espera de nuevos gobiernos que hagan frente a este pedido, aunque el presidente electo de Ecuador y una de las candidaturas en el Perú parecen ser opciones conservadoras con pocas expectativas de cambio.
Por otro lado, la violencia también se convierte en un denominador común. La sociedad se divide. Las marchas se ven manchadas por lumpen que generan caos y otras situaciones de violencia, que recibe como respuesta la reacción desmedida de las fuerzas del orden. En la crisis política peruana del 2020 y en las protestas de Chile en los dos últimos años, el accionar de la policía ha sido puesto en entredicho. Lamentablemente, Colombia está demostrando por qué es uno de los países más violentos de la región.
Los casos de Colombia, Chile y Ecuador parecen más similares. Levantamientos relacionados con intentos de reforma que generan la respuesta de la población. Mientras que en el Perú, la reciente crisis ha sido de gobernabilidad y de defensa de la democracia, aunque el pedido de cambio se estaría canalizando por la vía electoral, como se viene dando en una de las candidaturas. Esto también puede suceder en Colombia y Chile, a través de políticos como Gustavo Petro y Daniel Jadue, respectivamente.
Finalmente, no deja de ser curioso que Colombia, Chile y Perú, justamente tres países que no se vieron implicados en la crítica posneoliberal que llevó al poder a gobiernos de izquierda en la primera década del siglo XXI, en la actualidad se vean inmersos en escenarios de fractura social producto de una crítica al modelo.
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