El presidente Ollanta Humala tiene en su escritorio un proyecto de ley enviado por el Congreso que elimina la propuesta del gobierno de un aporte obligatorio de los independientes para generar un fondo de jubilación futura. Esta propuesta de legislación ha sido bastante impopular, en parte porque los aportantes solo pueden poner sus ahorros en una sola AFP ya escogida por el gobierno, aunque refleje un deseo correcto del gobierno de formalizar la economía y evitar el problema en el futuro de que mucha gente se quede sin pensión en la jubilación. El problema ha sido que no se ha explicado bien el objetivo y por ello los independientes no sienten que recibirían un beneficio. ¿Cómo solucionar el problema?
Los ahorros forzosos para crear fondos de jubilación son impopulares en países en los cuales la mayor parte de la población es joven y no entiende claramente la necesidad de un fondo de jubilación. En el Perú la mitad de la población tiene menos de 30 años. Además, muchos creen equivocadamente que solos pueden tener rendimientos mejores que un fondo institucional y, por consiguiente, cometen los clásicos errores en su manejo: falta de diversificación, compra y venta rápida de acciones sin conocer bien las compañías, etc. Las AFP en el Perú han tenido un desempeño positivo financieramente durante los últimos 20 años y eso se debería tomar en cuenta en una decisión del gobierno y de los ahorristas.
Otro factor importante es que los empleados de empresas reciben una serie de beneficios que no se calculan bien: el uso de facilidades en fábricas y oficinas, servicios gratis, en muchos casos seguros médicos, mientras que un independiente tiene que poner todo esto de su propia plata y por consiguiente es aún más renuente a confiar sus ahorros a un tercero. Frente a estos diversos factores, ¿qué proponemos?
Proponemos que para los independientes se establezca una cuenta de ahorros personal parecida a lo que en Estados Unidos se denomina una Cuenta 401-K. El cálculo de una cuenta de ahorros pensional en el Perú tiene que hacerse de manera que se acumulen suficientes recursos para una pensión aceptable, y después de un tiempo –digamos diez años– parte de esta se pueda retirar para la compra de una primera vivienda digna. Esa cuota inicial permitiría conseguir financiación en buenas condiciones. En el Perú muchos viven en condiciones que no son aceptables, en casas que no tienen agua ni tienen techos terminados. Solo se considerarían primeras viviendas a las modernas, con servicios básicos. Otro uso posible del retiro de fondos sería en caso de una enfermedad grave, debidamente calificada.
Para acumular una cuenta suficiente, las deducciones de las remuneraciones deberían rápidamente llegar a 10% de la remuneración, aunque se podría empezar con 5% por el primer año o dos para facilitar la incorporación del sistema. La comisión debería ser sobre el saldo. El gobierno debería conversar con los grandes empleadores de independientes –por ejemplo, hospitales, periódicos y estudios de abogados– para que colaboren con una parte de la contribución de estos. Si no, los abogados, médicos y periodistas seguirán oponiéndose a la propuesta.
La burocracia, los altos costos tributarios y la desconfianza que hay en el Estado son los verdaderos obstáculos a la formalización. Por ahí debemos empezar. Pero ciertamente sería un factor positivo crear estas cuentas especiales de ahorro, las que podrían gradualmente reducir el inmenso déficit de vivienda que hay en el Perú y activarían el sector de la construcción. Además, generarían un potencial beneficio tangible para los ahorristas, que ahora se resisten a que se les imponga por ley un ahorro cuyos beneficios futuros no ven.