APP pos-COVID-19: cambiar para poder reactivar; por Camilo Carrillo

Tras reconocer todas las aristas mencionadas, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) revisamos a detalle cada proceso para identificar –bajo un enfoque de resultados– los cuellos de botella que impiden reactivar a plenitud los proyectos en ejecución, así como adjudicar los nuevos.

Del análisis de proyectos en ejecución, es posible determinar aquellos que requieren ajustes en la gestión para acelerar obras que deberían estar culminadas. Algunos ejemplos son el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales con aprobaciones de estudios y expedientes técnicos pendientes por US$ 880 millones; la Hidrovía Amazónica con US$ 95 millones paralizados por falta de un marco normativo ambiental claro; la Autopista del Sol con demoras en expropiaciones que impiden ejecutar US$ 245 millones; o Chavimochic III con una adenda de reactivación que nadie firma por US$ 342 millones. La lista es larga y el desafío para una reactivación efectiva post covid-19 pasa por centrarse en agilizar cada uno de los trámites ya referidos anteriormente, mediante un solo equipo especializado que coordine soluciones a todo nivel de gobierno. Existen avances con los Decretos Legislativos 1486 y 1500 para las licencias de obras, procesos de expropiaciones y liberación de interferencias; mas estos no son suficientes, ya que no incluyen a todas las APP y su aplicación rige solo hasta el 2022, como si la reactivación fuera selectiva y de corto plazo.

Por otro lado, respecto a los proyectos en vías de adjudicación, el CPC identificó que con la norma actual (DL 1362), en el 40% del proceso de una APP existe superposición de opiniones (duplicidad) entre cinco entidades (Sector, MEF, Regulador, Contraloría y Proinversión). Esto debido a que no hay una clara delimitación de sus competencias y, como resultado, conlleva a que, por ejemplo, el proceso APP de dos nuevos Hospitales en Piura y Chimbote tenga 7 años en trámite y no se adjudiquen. Caso contrario al de los Hospitales APP de EsSalud que se adjudicaron en apenas dos años bajo la vigencia del Decreto Legislativo 1012 en 2010 y que actualmente están en funcionamiento.

La duplicidad de opiniones se destacó hace meses, pero aún no se toman medidas para que Proinversión asuma su verdadero rol rector de los proyectos público-privados y que se le otorgue las capacidades que le permitan concentrar la estructuración, promoción y adjudicación de proyectos como órgano técnico que es, lo cual posibilitará –acorde a cálculos realizados por el CPC– acortar plazos por lo menos en un 50%. Solo de esta manera se podrá adjudicar la cartera existente de más de US$ 5,500 millones en los próximos tres años.

La reactivación de la inversión en infraestructura en el Perú no puede esperar, lo que obliga al Gobierno a decidir entre mantener el status quo que desalienta la inversión privada o dar un giro radical para incentivarla.