Árbitro vendido, por Andrés Caro Jahncke

Para el Mundial de Brasil, el reglamento FIFA dispone que se multe a las selecciones por cada tarjeta amarilla que reciban sus jugadores. Suponga que para incentivar el fair play, a la FIFA se le ocurre una idea: premiar la rigurosidad de los árbitros ofreciéndoles el dinero recaudado por cada amarilla que saquen en el partido. En los siguientes encuentros, el número de faltas violentas cae marginalmente, pero sucede algo extraño: el número de amarillas aumenta substancialmente. Al cabo de un tiempo, los jugadores ya no saben qué hacer para no ganarse una tarjeta; el criterio para sancionar se ha vuelto absolutamente impredecible. Los árbitros han sido presas de su propia racionalidad: la FIFA les dio un incentivo perverso y estos actuaron acorde con ello. Un riesgo muy similar sucede en el Estado cuando se permite a los reguladores financiarse a través de las multas que cobren.

Los miembros del Gabinete Ministerial han propuesto un grupo de medidas para contrarrestar la desaceleración económica. Una de ellas busca que las entidades con facultad para imponer sanciones monetarias no se “autofinancien” con estas. En teoría, este cambio reduciría los incentivos para multar a discreción. Lo que el Ejecutivo no está considerando (ojalá por inocencia y no por conveniencia) es que algunas entidades ya cuentan con esquemas que limitan la posibilidad de aprovecharse del autofinanciamiento vía multas. Indecopi, por ejemplo, cuenta con una separación entre el órgano directivo y resolutivo. En efecto, los tribunales no están subordinados al consejo directivo. Así, no aplica en este caso el esquema del hipotético árbitro de fútbol, ya que no existe la posibilidad de que los miembros que determinen las multas se beneficien de estas.

De retirarle la posibilidad de autofinanciarse, se quitará a Indecopi la principal arma con la que cuenta para garantizar dos de sus características claves: independencia y autonomía. En los últimos años, el financiamiento por concepto de multas no solo ha aumentado, sino que también ha ganado importancia frente a lo que le asigna el gobierno. Así, mientras que en el 2009 el 30% del financiamiento de Indecopi provino de multas, en el 2013 fue el 50%.

La autonomía de Indecopi es clave. Hace unos meses, por ejemplo, exhortó al MEF a revisar la lista de bienes incluidos y agentes de percepción del IGV designados. La entidad de competencia consideró que la política de percepciones generaba distorsiones en el mercado y dificultaba la dinámica competitiva. Esta llamada de atención es una muestra de la importancia de que Indecopi se mantenga independiente de los demás organismos del Estado. Esta independencia es la que permite, por ejemplo, que la Comisión de Barreras Burocráticas tenga la facultad y capacidad para dejar sin efecto normas que el Ejecutivo apruebe y que no cumplan los criterios adecuados. Es la principal defensa del sector privado frente a regulaciones absurdas.

Si de incentivos perversos se trata, el que el MEF controle la totalidad del presupuesto asignado a Indecopi podría generar presión en la entidad de competencia. En el extremo, el presupuesto podría llegar a convertirse en una suerte de premio o castigo que esté en función de qué tan alineado esté Indecopi con las posiciones políticas del Ejecutivo. El riesgo es que la FIFA controle a los árbitros a su antojo.