El verano nos recuerda más que nunca que el manejo adecuado de nuestros recursos marinos es muy importante, especialmente cuando vamos al mercado a comprar pescado. Nuestro generoso mar sigue a la espera la creación de dos áreas protegidas propuestas (Mar de Grau y Dorsal de Nasca). No solo se requiere de voluntad política, sino de promover la confianza entre los sectores involucrados, particularmente entre el sector de hidrocarburos, el de las poblaciones costeras locales y el de conservación ambiental.
Es sorprendente que a nivel mundial no existan experiencias de áreas protegidas marinas con actividad de hidrocarburos. Se argumenta que la extracción petrolera es de alto riesgo de contaminación, que los ecosistemas marinos son frágiles y que los derrames son difíciles de controlar. Sin embargo, los mismos argumentos también son aplicables para las áreas terrestres y, tanto en el Perú como en otros países, sí se ha logrado la coexistencia. Para hacerlo posible, en el Perú hemos desarrollado una legislación y una institucionalidad especializada. Hoy tenemos 11 áreas protegidas terrestres en las que conviven la exploración y el uso de hidrocarburos, y la conservación y el manejo de recursos naturales.
Las áreas protegidas son beneficiosas para la conservación y el manejo de los recursos naturales, pero también para la economía nacional, regional y local. Está demostrado el incremento del ingreso per cápita en las poblaciones que viven en ellas o son aledañas. Si bien los hidrocarburos no son un recurso renovable, nuestra matriz energética sigue dependiente de ellos, y son importantes para la economía nacional y regional. En los casos en los que un lote de hidrocarburos anteceda a iniciativas de protección y de conservación de biodiversidad y ecosistemas, los derechos del concesionario siguen siendo ejercidos. Existe una legislación nacional bastante clara y una capacidad institucional que monitorea, responde y aplica sanciones a las violaciones de esta. Ella garantiza los derechos, pero también obliga a los concesionarios a asumir la responsabilidad de su accionar. Las obligaciones ambientales de estas concesiones también son preexistentes al área protegida, y realmente no cambian con la nueva condición. Esa garantía es vigente y estricta.
La tecnología exploratoria y extractiva de hidrocarburos ha evolucionado enormemente, de manera que hoy se pueden prevenir y minimizar los impactos ambientales potenciales de la explotación del recurso (Camisea es un ejemplo pionero mundial de extracción de gas en ecosistemas frágiles). Lamentablemente, las tecnologías e infraestructuras obsoletas en otras partes del país siguen causando graves daños ambientales y sociales, alimentando una desconfianza en la población en contra de la industria y de las compañías operadoras.
La extracción de hidrocarburos en la costa norte del Perú data de más de 50 años y es de gran importancia económica (el canon para Piura es mayor que el de la minería). Aun así, el mar del norte sigue siendo altísimamente diverso y nos da dos de cada tres pescados que comemos, aun con los derrames ocasionales reportados en los medios, la altísima pesca ilegal y la contaminación por plásticos (esto último, por cierto, no es responsabilidad de los petroleros). Si queremos proteger estos mares y las economías locales y regionales, tanto el sector de hidrocarburos y el ambiental tienen que convivir, y esa relación necesita de un entendimiento de responsabilidades, de seguridad jurídica y, principalmente, de confianza. Las dos áreas protegidas marinas propuestas –Mar de Grau y Dorsal de Nasca– nos darán las herramientas para proteger y manejar los recursos, eliminar la ilegalidad y a ayudar al gremio de hidrocarburos a cumplir sus compromisos. Estas áreas también nos darán la oportunidad de mostrar una coexistencia razonable con el sector extractivo, como ya lo estamos haciendo en áreas protegidas continentales.
El primer ministro Vicente Zeballos se comprometió en octubre pasado a declarar las primeras áreas protegidas marinas de nuestra historia. Es hora de alinear a los ministerios respectivos (Energía y Minas, Producción y Ambiente) a darse confianza entre sí, a dársela a los gremios, a la población, y a promover el entendimiento. Ese Perú moderno, a puertas del bicentenario, lo necesita. No es difícil. Solo hay que hacerlo.