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Esta semana se viene realizando la COP 25 en Madrid. El objetivo principal de la reunión es mantener el aumento de la temperatura mundial en 1,5 grados Celsius. El sentido de urgencia es cada vez más inminente, ya que la ventana de oportunidad para evitar una catástrofe climática se está cerrando.
El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a la variedad de climas y ecosistemas que alberga. Pero ¿qué estamos haciendo hoy para enfrentarlo? Una de las oportunidades claves son las áreas naturales protegidas que se encuentran a lo largo del país, que resguardan una increíble variedad de paisajes terrestres y marinos. A más naturaleza protegida, se asegura el aprovisionamiento de servicios ecosistémicos. Por servicios ecosistémicos se entiende la producción de lluvia, la regulación del clima, la polinización de cultivos, la reproducción y crecimiento de peces, así como suelos de óptima condición para la agricultura. No obstante, si bien en el papel se tiene el 17% del territorio nacional protegido, la actual gestión de las áreas está muy distante de ser ideal. Actualmente existe una extrema falta de inversión económica en lo que son las áreas protegidas, lo que limita actividades de control, restauración, monitoreo e investigación. Según el MEF, en el 2018 el 0,4% del presupuesto nacional fue asignado al sector ambiental, y de este solo el 0,04% fue destinado a las áreas protegidas. La poca asignación de presupuesto conlleva a un mínimo número de guardaparques en el campo, limitadas iniciativas para poder trabajar de la mano con las comunidades locales, además de serios vacíos de información para la efectiva toma de decisiones.
En octubre pasado Lima fue sede del III Congreso de Áreas Naturales Protegidas de América Latina y el Caribe, donde el presidente Vizcarra anunció el compromiso de su gobierno con la gestión de las áreas protegidas del país. No obstante, han pasado dos meses y no se ha implementado nada concreto. Por ejemplo, se había prometido la creación del área marina Mar Tropical de Grau, pero la presión del sector hidrocarburo aún le gana al Gobierno. Esto simboliza la clásica disyuntiva entre la protección de la naturaleza y el desarrollo económico, la cual no puede ser más falsa.
El cambio climático implica un recambio en la manera cómo se hacen negocios y el manejo de los recursos naturales en todo el mundo. Por ello, el Perú no puede taparse los ojos y pretender que podrá seguir con el mismo esquema extractivista. En lugar de mantener las áreas protegidas en su mínima expresión, debemos verlas como oportunidades de desarrollo sostenible. Oportunidades como ecoturismo, pago por servicios ambientales y venta de bonos de carbono se están perfilando como los negocios del futuro. Sin embargo, la condición clave e indispensable es tener naturaleza protegida y ecosistemas funcionales. Por ello, cuando el Gobierno no invierte en estas áreas, y deja que mineros y madereros ilegales, traficantes de tierras y narcotraficantes destrocen nuestro patrimonio natural, nos está cortando las piernas como país para poder adaptarnos.
Es momento de dejar de pensar que a más minería y petróleo, nos irá mejor como país. Estas actividades pueden continuar, pero es hora de preguntarnos si pueden seguir siendo el motor de desarrollo. Nuestro patrimonio natural, y en concreto las áreas naturales protegidas, son nuestro as bajo la manga para entablar conversaciones de igual a igual con las naciones más poderosas que, pese a todo el dinero que tienen, no cuentan con la naturaleza y la biodiversidad que nosotros sí tenemos. A más prioridad para la conservación hoy, más oportunidades tendremos para adaptarnos al nuevo contexto del cambio climático.
