CADE y el financiamiento de partidos políticos

En los últimos meses y días, hemos visto que partidos políticos de izquierda, centro y derecha recibían aportes de empresas, personas y, posiblemente hasta de gobiernos, sin transparencia. Presuntamente, en elecciones pasadas, se ha tenido un candidato financiado por empresas de capitales brasileños (y antes por el gobierno venezolano), compitiendo con una candidata financiada por varias empresas. Y los electores no lo sabíamos.

Las personas y las empresas tienen libertad de apoyar al partido político de su predilección, pero deben hacerlo de manera transparente y en el marco de la ley.

CADE Ejecutivos es un espacio de reflexión plural, organizado por IPAE, que reúne a más de mil líderes empresariales, políticos y académicos, y propicia que temas prioritarios para el desarrollo del país sean incorporados a la agenda nacional y el debate en el ámbito de la opinión pública.

En la edición que se inicia esta semana, habrá ocasión para discutir sobre el financiamiento de partidos políticos, en particular, en la sesión “Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial”, así como en los debates con los líderes políticos de los cuatro partidos con mayor intención de voto en las próximas elecciones y en las reuniones con los candidatos jóvenes.

Es importante conocer que se ha impulsado este tema desde hace varias ediciones, ya que es vital para la democracia que se tengan partidos políticos con planteamientos concretos, democracia interna y, por supuesto, un financiamiento claro.

En el 2015, la Asociación Civil Transparencia formuló 32 “Propuestas de Reforma Institucional para el Fortalecimiento Democrático”, a partir del diálogo de un grupo plural de académicos, empresarios y periodistas.

Estas propuestas fueron presentadas en CADE Ejecutivos de ese año, y tres se referían al financiamiento de partidos políticos, poniendo énfasis en la transparencia que debía tener: que los medios de comunicación informen de manera inmediata sobre la publicidad que contratan los partidos políticos; dar facultades a la ONPE para calcular el gasto de los partidos en campaña y que estos sustenten la procedencia de ese dinero, de lo contrario se aplicarían sanciones políticas; y, hacer efectivo el financiamiento público directo.

En el 2017, la reforma institucional volvió a estar en debate en CADE Ejecutivos, en donde se tuvo una sesión titulada “La reforma política es impostergable”, con representantes de la Asociación Civil Transparencia, el Congreso y la academia que analizaron los avances que existían y los temas pendientes, en particular para que el sistema político cumpla eficientemente su rol de representación y logre legitimidad ante la ciudadanía. En esa ocasión, los expositores insistieron en que había temas que faltaban abordar.

Luego de ello, se han aprobado diversas normas sobre el sistema político y el financiamiento de los partidos, destacando la puesta en marcha del financiamiento público para los partidos, la prohibición de que las empresas aporten a dichas agrupaciones, la obligación de que los aportes desde una UIT sean bancarizados, la prohibición de contratar propaganda electoral en televisión y radio de manera directa (solo franja electoral), y la modificación del Código Penal para incorporar el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Las reformas aprobadas son importantes y recién se están aplicando en este proceso electoral.

La ciudadanía exige transparencia absoluta en el financiamiento de los partidos políticos. Como IPAE nos comprometemos a seguir impulsando el diálogo y las reformas institucionales para lograrlo. Confiamos en que el nuevo Congreso abordará de inmediato el tema. Confiamos también en que las malas prácticas empresariales quedarán en el pasado, y la cruzada por la integridad desde Empresarios por la Integridad se abrirá paso.