¿Acaso no hay especialistas disponibles? Por supuesto que las hay
¿Acaso no hay especialistas disponibles? Por supuesto que las hay
Lorena Lévano

Una reciente encuesta de El Comercio-Ipsos publicada el Día Internacional de la Mujer puso cifras alarmantes a una realidad que muchos intuíamos: en nuestro país se sigue culpando a las mujeres de la violencia que las afecta.

Cuando hablamos de estos temas, en especial cuando nos referimos a violencia sexual, pensamos en adultos. Sin embargo, el acoso sexual es la mayor preocupación de seguridad de las niñas y adolescentes, y el Perú tiene una de las ciudades más inseguras en el mundo para ellas: Lima.

Alarmantes cifras de los centros de emergencia mujer (CEM) revelan que, en el 2018, 7 de cada 10 casos de violencia sexual atendidos tenían como víctimas a menores de 18 años y que el 91% de ellos afectó a niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, situaciones de violencia sexual más sutiles como comentarios de tipo sexual no deseados o tocamientos indebidos, entre otros, afectan a más de un tercio (34,6%) de adolescentes peruanos, según la más reciente versión de la Enares.

Cuando estos comportamientos se presentan en el ámbito escolar, hay consecuencias de corto y largo plazo que, además de vulnerar derechos fundamentales, interfieren con el derecho a la igualdad de oportunidades educativas. Por ejemplo, algunos estudiantes dejan de ir a la escuela, presentan un menor rendimiento académico, sienten miedo, comienzan a perder la capacidad de confiar en los demás, sufren de depresión, etc.

Muchas veces este tipo de violencia en los espacios educativos, principalmente entre pares, pasa desapercibida o es normalizada. Cuando es correctamente identificada como un problema, las soluciones más comunes incluyen castigos, suspensiones o expulsiones que atacan estas situaciones de manera individual actuando de forma reactiva sobre el agresor.

El principal problema de estas intervenciones es que consideran únicamente el comportamiento individual, dejando de lado la dimensión social de la violencia sexual. Para ilustrar la condicionalidad de comportamientos, pensemos por un segundo en aves que vuelan juntas mirando cuidadosamente el comportamiento de las otras para elegir sus movimientos. Sería imposible cambiar la dirección de su vuelo tratando de modificar su orientación de manera individual.

Esto es cierto para los humanos también, especialmente para los adolescentes que buscan la aceptación y la aprobación de sus pares a partir de la imitación de conductas. Debido a la interdependencia de los comportamientos, tenemos que trabajar en comunidades enteras y, para ello, tenemos que entender las razones subyacentes a la conducta colectiva.

La perspectiva de normas sociales desarrollada por Cristina Bicchieri menciona que tenemos distintas razones para elegir un comportamiento. Los clasificados como normas sociales son aquellos condicionales a lo que creemos que hacen los demás y a lo que creemos que los demás piensan que deberíamos hacer. En este sentido, las intervenciones no deben tener un foco individual, sino que deben promover un cambio colectivo y coordinado. El principal desafío es cambiar las creencias que sustentan estos comportamientos que suelen estar fuertemente arraigados en nuestra sociedad.

Para ello, debemos comenzar por dejar de publicitar comportamientos negativos en intervenciones que buscan reducir la violencia. Si bien las cifras sobre agresiones pueden ser informativas, cuando los mensajes se enfocan en actos nocivos, hacen que el receptor los normalice y esté más dispuesto a actuar de manera perjudicial. Asimismo, necesitamos promover iniciativas en las que hombres y mujeres, adolescentes, niños y niñas se comprometan de manera pública a abandonar este tipo de conductas, ya que, para modificar creencias enraizadas, uno de los principales alicientes es ver que otros están cambiando.

Dado que no hay mejor cura que la prevención, es fundamental que este enfoque sea implementado desde las escuelas a través de clases participativas y actividades colectivas que busquen cambiar las creencias que sustentan comportamientos colectivos negativos como el acoso sexual u otros tipos de violencia relacionados, que diariamente afectan a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.