Separando la paja del trigo

Miguel Ángel Torres

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Este Congreso

Rocío Silva-Santisteban

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Rocío Silva-Santisteban

“El Parlamento asumió la defensa del modelo democrático y, con ello, del ordenamiento jurídico”.

Es difícil encontrar casos en los que un goce de alta aprobación sostenida en el tiempo. No es cosa de tiempos, ni de geografía. Responde más bien a las responsabilidades que sobre este descansan. El no tiene iniciativa de gasto, no ejecuta obras públicas ni desarrolla programas sociales, y para colofón está obligado a efectuar una labor de fiscalización que a veces es confundida con revanchismo u obstruccionismo. La forma colegiada en la que debe tomar decisiones –dificultada por un Legislativo fragmentado– también contribuye a su impopularidad.

Es común hablar en contra de su labor, sin embargo, debemos apartarnos de ese facilismo para advertir con objetividad que el rol que ha desempeñado el Congreso en este año ha sido de vital importancia para la defensa del modelo democrático en el que aún vivimos. En efecto, los tiempos no han sido perfectos, qué duda cabe, pero el respeto a la Constitución y la ley obligaba a evitar una solución rápida al margen de la legalidad como algunos reclamaban.

Desde su inicio, pero con especial impacto en el 2022, el Parlamento asumió la defensa del modelo democrático y, con ello, del ordenamiento jurídico, que es la línea base para sostener al Estado de derecho, aquel en el que la separación y el balance de los poderes es determinante para no caer en modelos dictatoriales o populistas.

En consecuencia, este año, el Congreso mantuvo la permanente agenda de fortalecimiento de las instituciones. La elección de seis de los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, en reemplazo de aquellos cuyo mandato había vencido tres años antes, así como la vacancia ante el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, han sido los momentos culmen de esta labor. Sin embargo, no han sido los únicos, pues, entre una docena de medidas, se logró corregir supuestos “vacíos normativos” en las cuestiones de confianza (y con ello se eliminó la aberración jurídica denominada “denegación de confianza fáctica”), se garantizó la publicación y vigencia de las normas aprobadas por el Legislativo y se desterró el indiscriminado uso de medidas cautelares contra decisiones del Parlamento.

Si bien es cierto que el Congreso no cuenta con una mayoría holgada que tuviera clara la importantísima labor que debía desempeñar y que muchos de sus integrantes jugaron en contra de los intereses nacionales y del sistema democrático, indudablemente hubo quienes, junto con otros actores del Estado, así como de la prensa y de diferentes colectivos, se comprometieron decididamente en la lucha por la defensa de nuestra democracia.

El tiempo, estoy seguro, hará justicia a aquellos partidos y congresistas que nunca renunciaron a esta labor y que con desprendimiento han tomado la decisión de un adelanto de elecciones que dé la posibilidad de que la población separe la paja del trigo.

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