Cara y sello: ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno?

Las elecciones de este año se desarrollaron en circunstancias distintas a las anteriores: en medio de una pandemia y de una de las peores crisis económicas y políticas que ha atravesado el país. Esta grave situación ha afectado notoriamente a todos los peruanos, por lo que el próximo gobernante deberá actuar rápidamente para mitigar los daños causados. Flor Pablo, congresista electa de Partido Morado, y Adriana Tudela, congresista electa de Avanza País, discuten cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno.

El reto de unir al Perú, por Flor Pablo

“El nuevo gobierno debe afrontar las causas de esta división, encarando inmediatamente las desigualdades sociales y económicas”.

No es posible plantear prioridades al próximo gobierno sin decir primero que la polarización y la división del país en dos extremos debe terminar. Para empezar, olvidémonos de la palabra ‘fraude’, que lo único que va a lograr es enfrentarnos aún más entre peruanos.

En segundo lugar, el nuevo gobierno debe afrontar las causas de esta división, encarando inmediatamente las desigualdades sociales y económicas. Urge contrarrestar cuanto antes la pobreza rural, reactivando el agro con bonos, créditos y un seguro agrario universal. Generar empleo masivo a través de programas de mejoramiento de infraestructura de barrios y colegios, por ejemplo. Lanzar microcréditos para las pequeñas empresas, dirigir las compras estatales a nuestras pymes y llevar adelante los grandes proyectos de inversión en las regiones son algunas de las medidas que debe adoptar quien gane las elecciones.

En materia de salud, es evidente que se debe continuar con la vacunación de todos los peruanos con los 50 millones de vacunas que está dejando compradas este gobierno. Por supuesto, cumplir con la instalación de plantas de oxígeno y camas UCI (promesa de los dos candidatos). Para seguir luchando contra la pandemia es necesario también reforzar las postas de salud con personal y equipamiento, además de extender el horario a jornada completa. Por último, la integración del sistema de salud (Essalud, Minsa y Fuerzas Armadas) es fundamental para mejorar los servicios a toda la población, sin diferencias ni privilegios.

La educación, como la gran igualadora social que permite que los ciudadanos tengamos una cancha plana para todos, es otra prioridad en esta lucha contra la desigualdad. El Ejecutivo debería solicitar facultades al Congreso para declarar en estado de emergencia al sector. Esto facilitaría los cambios y acortaría tiempos. La educación tiene que ser encarada como un trabajo transversal del Estado en todos sus niveles de gobierno. Salud, alimentación y ayuda a las familias de mayor pobreza en zonas rurales y urbanas son condiciones básicas para que los alumnos que han dejado de estudiar puedan volver y asegurar aprendizajes para todos. En cuanto a la educación a distancia, se debe fortalecer Aprendo en Casa, con participación de las regiones, y continuar con la entrega de tablets a las zonas urbanas en situación de pobreza que no han sido consideradas en esta primera etapa. Para que ningún estudiante se quede atrás, es importante implementar programas descentralizados de apoyo y nivelación escolar, continuar con la pensión de los huérfanos, ampliar Beca 18 para los hijos de profesionales de la primera línea que han perdido a alguno de sus padres por COVID-19 y atender a los jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema.

Urge responder a los diferentes contextos y a todas las edades, desde los más pequeñitos en las cunas y guarderías, con servicio integral de alimentación y salud, hasta los jóvenes de las universidades e institutos, para que logren su profesionalización e inserción laboral.

Hacer frente a las desigualdades necesita de la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo, y fortalecer una gobernabilidad que supere el enfrentamiento político.

Prioridades claras, por Adriana Tudela

“Las acciones del próximo gobierno deben responder a los problemas inmediatos de los peruanos, no a divagaciones ideológicas que los eluden”.

El Perú está atravesando una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha experimentado, y es obligación del próximo gobierno implementar medidas para superarla. Durante la campaña hemos visto cómo las propuestas provenientes del lado izquierdo de nuestro espectro político han generado que el debate electoral gire en torno a cambios que solo incrementarán dramáticamente los niveles de incertidumbre y paralización que vivimos.

Las acciones del próximo gobierno deben responder a los problemas inmediatos de los peruanos, no a divagaciones ideológicas que los eluden. Enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias requiere de medidas que partan de un diagnóstico acertado de por qué hemos tenido tan mala reacción frente a esta crisis.

Mucho se ha criticado a las clínicas privadas y a las acciones que tomaron frente al desbordamiento del sistema de salud. Varias de esas críticas son justificadas, pero no por ello podemos taparnos los ojos frente al hecho de que en el Perú el 95% de las prestaciones de salud las brinda el Estado. Por ello, una reforma del sector –y no la prohibición de la iniciativa privada– es una tarea ineludible.

Invertir de manera prioritaria en la primera línea de atención en salud para evitar el colapso de los hospitales, así como en mejorar la infraestructura de estos últimos y en implementar plantas de oxígeno, son tareas perfectamente factibles con una mejor gestión del presupuesto. En paralelo, continuar con el proceso de vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño debe ser una prioridad.

Para ello no solo es fundamental asegurar que las dosis necesarias estén disponibles a tiempo, sino también acelerar el proceso a través del incremento de centros de vacunación y el apoyo de las cadenas logísticas del sector privado. Incluir también a los maestros en la línea prioritaria de vacunación es crucial para que los niños y jóvenes en edad escolar regresen a clases lo antes posible.

La reactivación económica y la generación de empleo es vital. Sin embargo, no lo vamos a lograr mientras no comprendamos que no somos inmunes a las leyes del mercado. Cerrar nuestra economía al comercio exterior, ponerle más trabas a la inversión privada, implementar impuestos confiscatorios y lanzar amenazas de estatización desincentivan la creación de riqueza.

El único camino posible y sostenible para generar más riqueza es promoviendo la inversión privada. Es necesario darle a las mypes y al sector informal herramientas para invertir, ser más productivos y generar empleo con reglas claras y predecibles. También se debe implementar un programa de disminución de trabas y barreras burocráticas, así como una reforma tributaria y laboral que asegure una estructura de protección para los trabajadores y fomente la formalización.

Por último, no podemos dejar de lado que atravesamos una profunda crisis institucional y que no hay recuperación económica sostenible sin estabilidad política. Esto requiere de un trabajo difícil y continuo de recuperar poco a poco la confianza en nuestras instituciones, y para eso es indispensable que no se pase por encima de ellas.