¿Cuáles son las razones que llevan al Congreso a no aprobar el adelanto de elecciones?

“Es momento de respetar la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, y no dejarnos amedrentar y extorsionar por una minoría organizada”.

La Constitución Política, en sus artículos 90 y 112, establece textualmente que el mandato de los congresistas y del presidente de la República es de cinco años. Existen algunas situaciones extraordinarias que hacen que no se pueda cumplir ese plazo. Por ejemplo, en el caso de la Presidencia de la República, esta vaca por muerte, renuncia, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Parlamento o su destitución debido a las infracciones a la Constitución establecidas en el artículo 117. Respecto del Congreso de la República, si es que ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros, puede ser disuelto por el mandatario, en conformidad con el artículo 134.

No hay otra forma de reducir el período constitucional del presidente o del Congreso. Y en el caso de que salga el presidente, se activa la sucesión constitucional para que pueda ser reemplazado por los vicepresidentes o, en ausencia de estos, por el presidente del Congreso, que debe convocar a nuevas elecciones presidenciales de inmediato. Y respecto de los congresistas, si por algún motivo establecido en el artículo 25 del Reglamento del Congreso no pueden continuar en el cargo, son reemplazados por su accesitario. Todos estos mecanismos están previstos en nuestra Carta Magna para permitir que los representantes del Ejecutivo y el Legislativo cumplan su período constitucional de cinco años.

Algunos dirán que no sería la primera vez que se reforma la Constitución para adelantar las elecciones, que se hizo en el 2000 de acuerdo con la Primera Disposición Transitoria Especial de la Constitución. Es correcto, pero fue un caso extraordinario y excepcional, que solo confirma que en el texto original de la Constitución de 1993 jamás estuvo previsto el adelanto de elecciones o el recorte del mandato constitucional.

Por otro lado, el Congreso ya ha debatido el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones para este 2023 en muchas ocasiones y en todas ha sido rechazada. Lo que corresponde es que no se vea el tema nuevamente hasta el próximo período anual de sesiones.

El Perú tiene muchos problemas urgentes que requieren atención prioritaria del Gobierno y del Congreso: desempleo, pobreza, desastres naturales, inseguridad ciudadana, falta de salud y educación de calidad. Me parece una completa falta de respeto hacia todos los peruanos dedicar tantas horas, tiempo y recursos a debatir un único tema, descuidando todos los demás.

Es momento de respetar la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, y no dejarnos amedrentar y extorsionar por una minoría organizada que comete actos de delincuencia, violencia y vandalismo que afectan los derechos al trabajo y al libre tránsito de millones de peruanos que quieren llevar honradamente el pan a la mesa de sus hogares.

Sigamos las palabras de nuestro máximo héroe Miguel Grau: “No reconozco otro caudillo que la Constitución”.

“El adelanto de elecciones es una salida, pero el Legislativo ha demostrado falta de voluntad política”.

El país vive una de las crisis políticas y sociales más álgidas de los últimos años. Un primer hito se dio cuando la derecha se negó a reconocer el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones del 2021, instalando la narrativa de un fraude electoral inexistente. Siguió un gobierno inmerso en actos de corrupción, un Congreso incapaz de hacer control político real y, para agudizar más la crisis, el fallido golpe de Estado de Castillo y la defensa absurda de sus aliados ante un hecho flagrante.

En ese contexto, la sucesión constitucional de la presidenta Dina Boluarte se dio con un problema de origen de legitimidad que no advertimos. Juró hasta el 2026, sin plantear el adelanto de elecciones. Se sumó su incapacidad de gestionar conflictos, lo que ha generado movilizaciones permanentes, bloqueos de carreteras, toma de aeropuertos, destrucción de la propiedad pública y privada, y enfrentamientos entre civiles y las fuerzas del orden. Lo más doloroso: más de 60 fallecidos y más de mil heridos.

En una democracia es inadmisible que el restablecimiento del orden cobre vidas. El Congreso creó una comisión investigadora para determinar las responsabilidades por los hechos ocurridos durante las protestas, pero esta aún no se instala. Debería estar ya funcionando para permitir que las familias de las víctimas encuentren justicia.

La ciudadanía exige la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y que nos vayamos todos en el más breve plazo. El adelanto de elecciones es una salida, pero el Legislativo ha demostrado falta de voluntad política e incapacidad para generar consensos, especialmente entre las bancadas de izquierda y derecha, al mandar al archivo todos los proyectos de ley de adelanto de elecciones. Se presentó un último recurso antes del cierre de la legislatura que nos permitiría retomar el debate, pero la Mesa Directiva no lo sometió a debate y votación de manera inmediata. Horas después, el Bloque Magisterial, principal promotor de este pedido, retiró su firma y, con ello, todo quedó en cero. Agotadas las vías en el Legislativo, la solución a la crisis está en manos de la presidenta, que debería renunciar para forzar los comicios generales.

Las movilizaciones y los disturbios continúan en Lima y, especialmente, en el sur. Urge que los partidos y la sociedad civil impulsen espacios para lograr consensos. Las universidades y los gobiernos regionales y locales son claves y han mostrado disposición para sumarse al esfuerzo de diálogo que promueve el Acuerdo Nacional.

Desde el Congreso debemos avanzar con las reformas mínimas. La Comisión de Constitución, a cargo del fujimorismo, ha dictaminado algunas después un año, pero estas no recogen todas las preocupaciones de la ciudadanía. Por ejemplo, se aprobó la modificación del artículo 117 de la Constitución para acusar constitucionalmente al presidente por delitos vinculados a corrupción, sin incluir los delitos de organización criminal y lavado de activos, que son por los que están siendo investigados los expresidentes.

El escenario para recuperar la gobernabilidad y la paz es retador. Exige deponer intereses personales, reconocer al interlocutor sin estigmatizarlo, abandonar prejuicios y poner todo el esfuerzo en encontrar salidas pensando en el bien común. Exige sentarnos a conversar y resolver nuestros problemas como ciudadanos en igualdad de condiciones.