“El paradigma de que el estudiante tiene que demostrar capacidad investigadora debe replantearse”.
Si luego de estudiar cinco años en la universidad el egresado no está calificado y certificado para hacer nada por no tener el diploma de bachiller, ¿de qué sirvieron esos cinco años? ¿Se puede sostener seriamente que las capacidades de un egresado universitario luego de cinco años de estudios, sin el grado de bachiller, son sustancialmente distintas a las de aquel que tiene el grado solamente porque hizo o mandó a hacer una tesis, que se adiciona a la que luego tiene que hacer para obtener una licenciatura?
Si saber investigar es uno de los componentes de la experiencia universitaria, ¿por qué no lo hacen en cada uno de los diez o más semestres regulares que cursará en su trayectoria universitaria? ¿Cómo es posible que hayan aprobado diez semestres sin saber investigar? Y si han hecho investigaciones de manera habitual, ¿por qué asumir que eso se evidenciará recién con la tesis de bachillerato?
Asimismo, ¿existe en el sistema universitario la cantidad de docentes con PhD e investigadores calificados para asesorar seriamente a las 100.000 tesis anuales requeridas para obtener el grado de bachiller, más las de quienes optan por la licenciatura, maestría y doctorado? ¿En cuántos casos o en qué porcentaje la eventual actividad laboral de quien se certifica como bachiller tiene como requisito saber hacer una tesis al estilo universitario?
Es curioso cómo las autoridades universitarias que obligan a los estudiantes a hacer investigación no hacen investigación respecto de sí mismas, y tampoco reparan en la necesidad de reformular todas aquellas prácticas del pasado que no corresponden a las realidades presentes ni a las alternativas de certificación que irán ofreciendo distintas empresas como Amazon, Apple, Google o Microsoft. Estas muy pronto certificarán a nombre propio cada vez más a profesionales que hayan hecho minicarreras de uno a seis semestres y tendrán más opciones en el mercado laboral que los frustrados egresados sin grado alguno del sistema universitario peruano.
La resistencia para aceptar el bachillerato automático bajo el argumento de que el estudiante tiene que demostrar capacidad investigadora es uno de los tantos paradigmas que deben replantearse, cosa que se les hace difícil a los conductores de este nivel del sistema educativo –que no se renueva ni investiga sobre sí mismo– que vive anclado a una serie de mitos como el mencionado y tantos otros.
Esto sería similar a que desde la educación básica se use a PISA como un clasificador de la calidad educativa o se pretenda creer que la matemática es el área que define el éxito o fracaso de un futuro universitario; o que, en la admisión universitaria, se considere inviable de plano el ingreso universal –para que sea la universidad la que seleccione en los primeros ciclos a los que son aptos para seguir la carrera en lugar de que sean las notas escolares o un retrógrado examen de ingreso los que definan la capacidad de un estudiante de ser un profesional exitoso–.
“Esta modificación profundiza la diferenciación en el sistema universitario”.
La aprobación en el Congreso del proyecto de ley que devuelve la posibilidad para que los estudiantes universitarios puedan acogerse al grado de bachillerato automático en forma permanente, eliminando, de esta forma, la exigencia del trabajo de investigación, motiva a hacer algunas reflexiones sobre la misión de la universidad.
Las funciones principales de la universidad son la docencia, la investigación y la responsabilidad social. Siendo el desafío más grande formar profesionales con competencias para la investigación y la innovación. Y estableciéndose en la propia Ley Universitaria que la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías se orientan a analizar y transformar la realidad en respuesta a las necesidades de la sociedad.
Este proceso formativo se da a través de diversos escenarios durante la vida universitaria, permitiendo que el estudiante genere habilidades para su permanente aprendizaje en toda la vida. No es posible que con un curso de trabajo de investigación al final de la carrera se logren este conjunto de competencias.
Lo que vamos a observar con esta modificación es el hecho de que se profundizará la diferenciación en el sistema universitario: por un lado, las universidades que tienen bien ganado un prestigio por la formación en investigación y, por el otro, las universidades que se enfocan en la emisión de grados o títulos.
Consideramos que la investigación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que desarrollamos diversas estrategias que orienten a la investigación formativa, la interdisciplinariedad, la competencia en el manejo de la información y la resolución de problemas que contribuyan al desarrollo y competitividad del país.
Aquí voy a referirme al libro “La universidad light” (2019) de Francisco Esteban Bara. En este, el autor hace un análisis crítico y revelador de la formación universitaria actual y detalla que una institución universitaria exitosa es aquella que se parece mucho a una comunidad de buscadores de conocimientos, indagadores de lo mejor y localizadores de lo falso, exploradores de la mejor versión del mundo y de sí mismos. A diferencia de una formación universitaria ‘light’ en la que profesores y estudiantes se limitan a cumplir una especie de contrato en el que unos deben explicar y otros demostrar que han aprendido eso que se explica, perdiendo así la oportunidad de vivir la verdadera aventura que debería proporcionar la formación universitaria.
Las modificaciones a la Ley Universitaria la están desnaturalizando por completo. El ingenio de nuestros congresistas no tiene límite y tal vez desconozcan que los trabajos de investigación se colocan en un repositorio de acceso público que permite demostrar que el alumno ha cumplido con realizar su investigación y que, cuando estas se publican en revistas indexadas, mejora el impacto de la producción científica del país. Actualmente la producción indexada en el Perú representa apenas el 2% del total de América Latina, muy por debajo de países como Brasil (49%) y México (15%).