Es momento de sumar

Francis Allison

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Necesitamos fortalecer los mecanismos de la PNP

Mónica Tello

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“Esta medida es altamente disuasiva, ya que los delincuentes no se sentirán seguros”.

Si bien la ha suscrito un convenio con el Ministerio del Interior para contar con patrullaje integrado, es decir, un policía armado en cada unidad de serenazgo, no es menos cierto que un porcentaje elevado de los efectivos policiales asignados a dicha labor faltan al servicio, lo que pone en riesgo la vida de nuestros serenos que persiguen y detienen a maleantes armados. Por ello, hemos iniciado los trámites para la contratación de resguardo personal (guardaespaldas) para los choferes de las camionetas de ciudadana. La propuesta es legal, puesto que el Decreto Legislativo 1213 y su reglamento permiten que dicho servicio sea contratado por personas jurídicas públicas.

Algunos creen que la contratación del citado resguardo colisionaría con las competencias de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero ello no es cierto, ya que el citado decreto –en sus artículos 1.2, 3.2, 3.3 y 3.4– precisa que los servicios de seguridad privada son “complementarios” a las funciones de dicha institución y que deben colaborar con ella ante la comisión de delitos o faltas. Asimismo, establece que dichos servicios tienen como límite las facultades de la PNP. Es importante entender que, de conformidad con el artículo 197 de la Constitución, las municipalidades tienen la obligación de brindar el servicio de seguridad ciudadana con la cooperación de la policía. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 437/2020, declaró que la atribución de resguardar el orden interno no excluye a los municipios de dicha función y que las facultades que el citado decreto le otorga a la seguridad privada no le quitan la autoridad que la ley le ha otorgado. No se trata pues de competir con nuestra policía, sino de contribuir con su labor.

Esta medida es altamente disuasiva, ya que los delincuentes no se sentirán seguros en un distrito en el que podrían perder la vida si disparan a miembros del serenazgo durante una intervención. Basta con ver el asesinato de un sereno en Santiago de Surco para darse cuenta de que, de haber tenido resguardo personal, quien hubiera muerto sería ‘Maldito Cris’.

Esta propuesta se justifica en el alarmante crecimiento de los índices delictivos del país (del 19 al 25 de enero, fueron asesinadas 71 personas) y en que existe un déficit de 50.000 policías a escala nacional, una brecha que no podremos cubrir ni en 100 años si tenemos en cuenta que, durante el último año, ingresaron aproximadamente 5.000 policías a la institución, pero salieron cerca de 4.500. Ello nos obliga a buscar nuevas alternativas para enfrentar la segunda ola de violencia que estamos viviendo, tal y como hicimos cuando el Estado entregó armas de fuego a los ciudadanos que conformaban los comités de autodefensa para que enfrenten al terrorismo.

Es momento de sumar esfuerzos para cumplir con la más importante de nuestras funciones: la defensa de la persona humana (como lo indica el primer artículo de la Constitución).


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