“La propia familia policial debe de sacudirse del desinterés, la instrumentalización y la corrupción”.
Cuando se aborda la reforma policial, pareciera que la discusión fuera un asunto solo de relacionamiento entre el personal policial y la ciudadanía. Pero en el medio de esa relación hay aristas importantes. Menos del 1% de la infraestructura policial está saneada legalmente, por lo que es imposible hacer mejoras en muchas comisarías.
Cientos de patrulleros están estacionados, canibalizados debido a que nunca se programó su mantenimiento. Durante la pandemia, la policía tuvo el mayor número de fallecidos, cuando en paralelo se conocían los casos de mandos policiales acusados de hacer uso indebido de los recursos destinados a la protección del personal policial frente al COVID-19.
Si bien este tema vuelve a la agenda por la respuesta policial a las manifestaciones, no debe perderse de vista que se arrastran otras cuestiones críticas. Cada año se denuncian cobros en el examen de ingreso a las escuelas policiales, así como de pagos por ascensos y asignaciones a puestos claves. El caldo de cultivo: las sinuosas reglas de juego de la carrera policial. Hace pocos días, con la salida del quinto comando policial en dos años, se ha hecho mención del infame uso de los fondos de salud, vivienda y funerarios de la familia policial, como caja chica de intereses subalternos. ‘Infame’ es una palabra ligera para tal grado de vileza, ya que se trata del dinero destinado al bienestar de quienes entregan su vida por nosotros.
Se percibe que el espíritu de cuerpo en la policía es una barrera para cualquier proceso de reforma. Esto implica una protección del statu quo, una preocupación por el daño que pueda representar el cambio y una resistencia a que civiles se involucren en temas que solo sabrán comprender los policías. Una reacción así sería cuestionable, primero, porque la Policía Nacional es de todos los peruanos. Pero también porque las condiciones del servicio policial se encuentran claramente precarizadas para los propios policías, como consecuencia de tres factores: desinterés, instrumentalización y corrupción. A todas luces es un statu quo indefendible.
En voz baja muchos admiten lo señalado y reconocen que es una pequeña parte de lo que ocurre. Que estas condiciones se extienden al rancho, los permisos, los pagos, el bienestar, el acoso, el maltrato laboral, entre tantas otras cosas del día a día. Es urgente entender que no hay cuerpo ni espíritu que aguante tanto ensañamiento, por más subordinación y valor que se le exija.
La propia familia policial debe asumir la importancia de sacudirse del desinterés, la instrumentalización y la corrupción que han precarizado una institución que debe ser siempre respetable. Las bases, los presupuestos, los proyectos y los perfiles están en manos de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones. No se puede seguir postergando la oportunidad de dar, aunque sea un paso más, hacia una reforma –en espíritu y cuerpo– de la policía que merecemos.
“Se requiere una profunda reforma de los sistemas de integridad de la policía y el Ministerio del Interior”.
Esta disyuntiva ha guiado uno los debates más controversiales entre quienes estudian los problemas de seguridad en el Perú.
Hay quienes sostienen que no se requieren reformas profundas en la policía y que lo que hace falta es modernizarla para buscar más eficiencia y eficacia.
Por el contrario, hay quienes sostienen que la policía requiere una profunda reforma: que se revise su estructura, el marco normativo, sus responsabilidades y funciones, antes de iniciar su modernización.
Pero no, no hay disyuntiva. Se requiere modernizar y reformar.
Las “Bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional del Perú al 2030″, presentada por el gobierno de transición, es clara al plantear las principales líneas de modernización que se requieren implementar.
Entre ellas, resaltan la necesidad de fortalecer y modernizar los sistemas de bienestar policial y la infraestructura necesaria para el despliegue estratégico de la función policial. También implementar la adquisición y mantenimiento del equipamiento operativo y administrativo, así como la actualización e interacción de las tecnologías de la información y comunicación de la PNP. En efecto, son aspectos imprescindibles de la modernización para brindar una mejor atención a la ciudadanía y mejorar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Sin embargo, los aspectos relacionados al factor humano y a los estándares de integridad demandan una reforma profunda para que la modernización no caiga en saco roto.
En estos últimos meses, la corrupción de los altos mandos policiales ha sido noticia. Ya sea con adquisiciones fraudulentas de equipamiento de protección policial o para comprar los ascensos al grado de general. En los últimos dos años, tres excomandantes generales de la policía están siendo investigados por delitos asociados a la corrupción.
En el lenguaje policial, se habla del “sistema”, haciendo referencia al mecanismo donde, desde abajo hacia arriba, los efectivos de menor graduación cumplen con entregar a algunos de sus jefes las cuotas o diezmos producto de sus actos ilícitos. Eso incluye desde el sencillo que se le cobra al informal para hacer taxi-colectivo hasta un porcentaje de los gastos de inteligencia, de la venta del combustible o de las coimas obtenidas en las adquisiciones realizadas por las unidades ejecutoras policiales.
Se requiere una profunda reforma de los sistemas de integridad de la policía y el Ministerio del Interior. Debe reestructurarse la inspectoría general de la policía y debe crearse una especialidad de carrera en la PNP, con la autonomía y la independencia de las oficinas de asuntos internos de otras policías del mundo.
Debe también reformarse el sistema educativo: basta con pocas escuelas macrorregionales donde se imparta educación de calidad, basada en competencias profesionales y que fomenten los valores humanos y éticos necesarios para la función policial.
La reforma de los sistemas educativos y de integridad son pilares indispensables en los que deben descansar la ética y la gestión policial, para que su eficiencia, eficacia y modernización produzcan resultados positivos para los ciudadanos y el país.