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“El ajuste anual de la tarifa del peaje es producto de una fórmula establecida en el contrado de concesión”.
Rutas de Lima es una concesión autosostenible, que contempla una inversión total estimada de S/3.000 millones, de los que ya hemos desplegado más de S/2.200 millones en más de 60 obras construidas.
La infraestructura que hemos desarrollado incluye 15 nuevos intercambios viales (25 de enero, Naranjal, El Derby), 16 puentes nuevos (vehiculares y peatonales), 81 puentes peatonales rehabilitados, 32 paraderos, el túnel Benavides y 2,6 millones de metros cuadrados de pavimentos que actualmente están siendo renovados (con una inversión de S/170 millones).
Está pendiente ejecutar el Intercambio Vial Canta Callao en la Panamericana Norte y la Autopista Ramiro Prialé, cuyo plazo de construcción es de 16 y 24 meses, respectivamente, y que podremos iniciar apenas el concedente nos entregue los terrenos que tienen pendientes de liberar. Cuando estas obras entren en servicio, más de 260.000 usuarios se beneficiarán diariamente con mayor velocidad de circulación y ahorro de tiempo.
Los recursos obtenidos para ejecutar el proyecto provienen 100% de capital privado y, al igual que otras concesiones viales autofinanciadas en el Perú, su única fuente de repago son los ingresos de peaje que son depositados en un fideicomiso bancario y no son de libre disposición del concesionario.
En 11 años de concesión, los ingresos de peaje se han destinado para ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de la vía (S/1.300 millones invertidos en beneficio de los miles de usuarios que diariamente la utilizan), así como para pagar los compromisos con los acreedores permitidos (deuda por S/1.458 millones), que aportan a las pensiones de los 4,5 millones de trabajadores peruanos.
En 11 años de concesión, Rutas de Lima no ha distribuido dividendos a sus accionistas, ya que, mientras no se concluyan las obras pendientes, se encuentra imposibilitada de retribuirles. En estas circunstancias, debemos cumplir, en primer lugar, lo pactado con el concedente (construcción, operación y mantenimiento de la vía) y con los acreedores permitidos (pago de la deuda), cuyos contratos, por cierto, se ajustan por inflación, tipo de cambio y otras variables relevantes.
En 11 años de concesión, Rutas de Lima ha honrado ininterrumpidamente sus compromisos, a pesar de todas las situaciones límite a las que ha estado expuesta nuestra empresa y las 1.300 familias que dependen de ella (quema de peajes, intentos de anular el contrato de concesión, pandemia, intento de terminación unilateral del contrato de concesión). Estas son situaciones que nos han llevado a defender nuestros derechos en observancia de los mecanismos establecidos por la legislación.
El ajuste anual de tarifa anunciado es producto de una fórmula de cálculo establecida en el contrato de concesión que incluye la inflación, lo que es usual en las concesiones viales del país.
La sostenibilidad de una inversión de largo plazo depende del respeto y cumplimiento de lo pactado entre las partes en derechos y obligaciones, incluyendo la actualización de tarifas por inflación, una cuestión fundamental para que Rutas de Lima afronte todas las obligaciones a su cargo.
“Los contratos pueden cuestionarse si de ellos se desprende una vulneración de derechos”.
La impunidad en el Perú frente a la corrupción no puede convertirse en moneda corriente. A 200 años de la fundación de la República, nos encontramos en un momento de toma de decisiones y acciones para dar el gran salto hacia el desarrollo. Nuestro objetivo de convertirnos en la ciudad capital de potencia mundial es una realidad solo si nosotros sentamos las bases adecuadas para su logro.
Una ciudad potencia mundial está cimentada en valores humanos que la caracterizan y la hacen líder frente a otras naciones. Una potencia mundial influye, da el ejemplo, traza el camino y promueve el bien común en el que la corrupción no tiene espacio. El contubernio y apañamiento de autoridades frente a actos deshonestos que perjudican y afectan a sus ciudadanos en sus derechos fundamentales son combatidos sin tregua. Las grandes ciudades del mundo no permiten el ahondamiento de las diferencias entre los que pueden defenderse contra el sistema y los que no. De más está advertir que el incremento en la tarifa del peaje de Rutas de Lima sería un abuso de derecho y un atropello a la población afectada no solo para su economía familiar en momentos en los que el costo de vida se ha incrementado por la recesión económica, sino sobre todo para su autoestima y valoración al respeto de sus derechos como ciudadano.
Un contrato que nace de un acto corrupto es un contrato muerto que debería ser sancionado, pero sobre todo perseguido hasta acabar con toda la voluntad de aprovechamiento hacia el más vulnerable. El respeto a la estabilidad jurídica deberá prevalecer siempre y cuando los acuerdos se hayan realizado de modo transparente con el claro objetivo de brindar el mejor servicio al vecino. Si estas premisas no están presentes, todo acto pierde sentido, pues no cumple su propósito.
Los contratos no son sacrosantos. Pueden y deben cuestionarse constitucionalmente si de ellos se desprende una vulneración de los derechos constitucionales. Derechos fundamentales como lo son el de libre tránsito, el de acceso a los servicios básicos, a la salud, la educación, el trabajo, a la paz, la tranquilidad y al disfrute del tiempo para el desarrollo de su vida, entre otros.
El respeto a la dignidad de los ciudadanos está garantizado por la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales de nuestros vecinos de Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Ancón, Santa Rosa y el de todos los ciudadanos de Lima Metropolitana es nuestro deber.
El aumento en la tarifa del peaje va más allá de un tema económico. Se ha convertido en un problema social que toca fibras y que carcome nuestro tejido más sensible afectando al ciudadano en su integridad ante la burla, la inacción y el silencio de los que permitan que se consoliden estos malos actos como base de nuestra sociedad. Lima ha cumplido 489 años de fundación.
Estamos encaminados hacia el gran objetivo de ser ciudad potencia mundial y el alcalde Rafael López Aliaga está comprometido en defender esta justa causa de proteger los derechos de nuestros vecinos en Lima Metropolitana para recuperar su dignidad y trabajar juntos por los grandes objetivos camino a nuestro desarrollo.
