Sucesión constitucional e impericia política

Pedro Cateriano

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Una presidencia inesperada

Juan Jiménez Mayor

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Juan Jiménez Mayor

“La impericia de la presidenta para enfrentar las protestas ha acrecentado la crisis”.

La presidenta , apenas juró el cargo, cometió graves errores. Aseveró que cumpliría su mandato hasta el 2026. Demoró en designar al Gabinete, generando un vacío de poder que sus camaradas aprovecharon para organizar una violenta protesta. Y nombró a un débil e inexperto presidente del Consejo de Ministros que tuvo que ser apartado a los pocos días tras su penoso manejo de las revueltas.

La izquierda radical, casi inmediatamente, desconoció su constitucional acceso a la presidencia y la acusó de traidora. Ella había dicho públicamente que renunciaría si Pedro Castillo era vacado. Esa promesa, sin embargo, no significaba que justificaría un mensaje golpista. El verdadero traidor a la Constitución es Castillo.

Caído el profesor, los presidentes de Colombia y México encabezaron su defensa. El colombiano usó la mentira: afirmó que Castillo había sido encarcelado sin mandato judicial. Y el mexicano llegó al extremo de no entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico. A ellos se sumaron el argentino Fernández y el boliviano Arce. Nuestra Cancillería ha sido poco eficaz en rebatirlos. Tanto, que el mexicano y el colombiano continúan en su tarea de falsificar los hechos, guardando un cómplice silencio sobre la corrupta conducta de Castillo, que afortunadamente denunció la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Lamentablemente, acá, la batalla informativa también la viene perdiendo la presidenta. Es inadmisible que un grupo importante de peruanos crea que quien dio el golpe fue el . Para la salud democrática del país, es necesario cambiar esa percepción. Pero no vemos que se haga nada.

La impericia de la presidenta para enfrentar las protestas –especialmente la puneña– ha acrecentado la crisis. La enorme cantidad de muertes, sobre las que hasta ahora no hay una sólida explicación gubernamental, provocó una comprensible conmoción nacional e internacional. El país merece que se realice una profunda investigación y que se establezcan responsabilidades. La lavada de manos del primer ministro Alberto Otárola es imperdonable.

Bajo el grito “Dina asesina” la izquierda exige su renuncia y mantiene una campaña golpista, pidiendo el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. A pesar de que señala que millones de peruanos apoyan su afiebrada iniciativa, que busca suprimir el régimen económico de la Constitución, no ha logrado una sola firma de apoyo, como sí lo han hecho quienes se oponen a ello.

La responsabilidad es compartida con el Congreso, que terco rechaza el adelanto de elecciones, demostrando que los partidos no piensan en el interés nacional y que los congresistas –muchos acusados de corrupción– priorizan sus conveniencias.

La presidenta no es fascista ni derechista, y menos liberal, como sus antiguos camaradas afirman ahora. Tampoco preside una dictadura cívico-militar. Es una mujer de izquierda, que perteneció al partido Perú Libre, que lidera el delincuente Vladimir Cerrón. Es bueno recordar que, como ministra, guardó silencio cada vez que se conocían las tropelías presidenciales.

Acaso la catástrofe climática y la dramática situación de miles de peruanos sea una oportunidad para que la presidenta muestre lo mejor de sí, una al país en una operación de rescate nacional y pueda organizar las elecciones generales anticipadas que requerimos.