La extorsión es un fenómeno criminal que está en crecimiento en el Perú. Según información del INEI, la victimización por extorsión (y secuestro) aumentó en un 50% en los últimos dos años, a la par que la sensación de inseguridad por este delito varió del 22,4% al 32,3% desde enero del 2022 hasta la fecha. Frente a este panorama, las empresas de transporte salieron a protestar y paralizaron el servicio.
¿Cómo lo enfrentamos? La respuesta no es sencilla. La opinión pública y los grupos de poder deben forzar a que el Gobierno priorice el problema y ponga en práctica medidas efectivas. Las propuestas populistas de siempre deben estar vedadas: estado de emergencia, pena de muerte, eliminación de beneficios penitenciarios. Se ha demostrado que medidas como esas no son más que fuegos artificiales. La exigencia que ha hecho la policía de que las empresas aumenten la cantidad de denuncias solo tiene sentido si va acompañada de mayor protección. De lo contrario, se está enviando a la empresa y sus trabajadores a un sacrificio innecesario.
Las respuestas efectivas contra la extorsión tienen un horizonte mayor: hacer que el aparato de prevención, persecución y sanción de delitos funcione. Estamos hablando de palabras gastadas, pero necesarias: reforma policial y reforma del sistema de justicia. Sabiendo que el horizonte es de difícil consecución, corresponde poner en marcha otras medidas: modificar la normativa para que las extorsiones vuelvan a ser consideradas expresión del crimen organizado; generar una isla de eficiencia en la policía; fortalecer las fiscalías y despachos judiciales encargados de juzgar las extorsiones; aumentar el trabajo de inteligencia e investigación. La policía debe ser más proactiva e identificar a las organizaciones criminales para procurar desarticularlas.
Aún estamos a tiempo para reaccionar. En Lima, el 50% de las empresas del rubro son extorsionadas. En otras latitudes se ha llegado a que una empresa de transporte sea extorsionada hasta por cinco organizaciones. En nuestro país debemos poner el freno ahora y no permitir que esto siga avanzando.
La ciudad de Lima enfrenta hoy lo que Trujillo ha sufrido durante más de una década. Las extorsiones en el norte del país ya eran motivo de preocupación para los transportistas de Piura, Chiclayo y Trujillo, cuyos vehículos eran marcados con calcomanías que identificaban la organización criminal a la que debían pagar cupo. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de uno que sabíamos que tarde o temprano se expandiría a otras ciudades.
Si bien no hay una solución mágica para este problema, algunas medidas urgentes son necesarias. La reciente creación de un grupo especial en la Policía Nacional del Perú, dedicado a combatir estos delitos, es un buen punto de partida. Sin embargo, es crucial que el trabajo de este grupo se extienda para incluir todas las formas de extorsión, concentrándose en las organizaciones y bandas que se dedican a esta actividad criminal.
Esto debe complementarse con un exhaustivo trabajo de inteligencia que permita trazar un mapa de las organizaciones criminales, sus integrantes y ramificaciones. Este trabajo debe proporcionar información estratégica sobre quiénes conforman estas organizaciones, cómo y dónde operan, y desde dónde toman sus decisiones. Sobre todo, debe revelar dónde lavan el dinero que obtienen de sus actividades ilícitas. Dado que el crimen organizado es un negocio, el golpe más efectivo se da en sus finanzas.
Pero nada de esto será sostenible si no se abordan dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, es imprescindible derogar de inmediato la modificación del tipo penal sobre crimen organizado, que actualmente deja fuera a los extorsionadores. En segundo lugar, es esencial mejorar la articulación entre la Policía Nacional del Perú, la fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. No podemos permitir que las tensiones y la falta de coordinación entre estas instituciones persistan, especialmente cuando los ciudadanos enfrentan un peligro tan urgente en las calles.