Cara y sello: Una amenaza a la prensa desde la fiscalía, por Ernesto Cabral

Durante varias semanas del 2019, trabajé entre las ciudades de Lima y Río de Janeiro como parte de una investigación conjunta entre el medio Ojo Público, del Perú, y “The Intercept”, de Brasil. La labor periodística implicó el análisis de más de 12 horas de conversaciones grabadas en el penal de Piedras Gordas, durante los interrogatorios a Martín Belaunde Lossio, en el marco de su proceso como aspirante a colaborador eficaz en el Caso La Centralita. En noviembre de dicho año, el esfuerzo culminó en la publicación de un reportaje que reveló las coordinaciones irregulares entre Belaunde y dos fiscales anticorrupción, que buscaban que la declaración del exasesor presidencial no contradiga la versión oficial del Ministerio Público.

El día siguiente a la publicación, Luis de la Cruz Moreno, abogado de Belaunde, anunció en una entrevista televisada que había presentado una denuncia penal en mi contra. ¿El delito? Revelación indebida de identidad, penado hasta con seis años de cárcel. Dos años después, la fiscalía ha iniciado diligencias por este caso, a pesar de que diversos medios digitales, impresos y televisivos han informado, desde el 2014, sobre la condición de aspirante a colaborador eficaz de Belaunde en los casos La Centralita, Lava Jato y otros. En agosto del 2019, en una de las audiencias de control de acusación contra el expresidente Ollanta Humala por el Caso Odebrecht, el propio De la Cruz dijo que su cliente estaba colaborando con la justicia.

Los pronunciamientos de organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Committee to Protect Journalists, con sede en Nueva York, han sido contundentes: la denuncia y el inicio de la investigación fiscal son un intento por sancionar el ejercicio de la libertad de prensa. No solo la identidad de Belaunde como aspirante a colaborador eficaz era de conocimiento público, sino que las autoridades debieron ponderar el derecho que tenemos los periodistas a informar sobre temas de interés nacional (en este caso, coordinaciones irregulares en un proceso emblemático de lucha contra la corrupción), que es protegido por la Constitución y una amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Un peligro incluso mayor a la libertad de prensa implica el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones que el Ministerio Público impulsa en mi contra, ante el Poder Judicial, por este caso. El objetivo parece ser identificar el origen de las grabaciones, a pesar de que la reserva de la identidad de las fuentes de información de los periodistas también está protegida por la legislación peruana. Una medida como la que impulsa la fiscalía es una clara amenaza a la labor periodística, pues genera un precedente que pone en riesgo la seguridad de cualquier potencial ciudadano que desee denunciar actos ilícitos a través de la prensa.