Cara y Sello: Venezuela ante la Corte Penal Internacional

El 3 de noviembre, después de tres días en el país caribeño, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), dio a conocer que el tribunal había decidido elevar de fase su investigación sobre Venezuela de “preliminar” a “formal”. Así, la CPI buscará determinar si el régimen que encabeza Nicolás Maduro cometió crímenes contra la humanidad durante las manifestaciones del 2017. En esta ocasión, dos expertas evalúan la pertinencia de esta pesquisa y los resultados que podría traer consigo.

La CPI en Venezuela: ¿qué sucede?, por Mayte Dongo Sueiro

“La actitud del Gobierno Venezolano podría entenderse como parte de un intento por mejorar su imagen”.

El 3 de noviembre, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció la apertura de una investigación formal sobre los posibles crímenes en contra de los derechos humanos en Venezuela, siendo la primera vez que se llega a esta decisión en la historia latinoamericana. Estos crímenes se habrían efectuado durante las manifestaciones del 2017, producidas por la cancelación del referéndum para la revocatoria de Nicolás Maduro, la inflación, la inseguridad y la escasez en el país.

A partir de las denuncias por torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, en febrero del 2018 se inició una investigación preliminar sobre estos crímenes. En setiembre del mismo año, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y el Perú pidieron a la CPI abrir un proceso a funcionarios venezolanos. Esta es la primera vez que estados miembros hacen un pedido al tribunal en contra de otro estado miembro. Este examen preliminar fue una etapa de filtración de información, que continuó con un informe a finales del 2020 que mencionó la persecución política, la tortura, la violencia sexual y el encarcelamiento arbitrario en el territorio venezolano. La apertura de esta investigación formal implica que se tiene información para sospechar que se han cometido abusos contra los derechos humanos y que estos no habrían sido debidamente investigados por el sistema en Venezuela (la CPI solo interviene si un Estado no puede o no quiere procesar crímenes). En esta nueva etapa, el fiscal investiga cuáles son los casos en los que se puede determinar que se cometieron crímenes, evalúa si existió una política estatal, violaciones sistemáticas y/o responsabilidades individuales.

Cabe mencionar que parece haber un intento de buenos términos entre las partes. Por un lado, se firmó un memorando de entendimiento, en donde el Gobierno Venezolano se compromete a cooperar en el proceso, pese a que Maduro señaló que no comparte la decisión de formalizar la investigación. Además, el fiscal Khan fue invitado por Venezuela. Por otro lado, el documento sostiene que se va a reconocer los esfuerzos venezolanos para mejorar el sistema judicial. Asimismo, el fiscal enfatizó que, hasta el momento, no hay individuos señalados. Otra cuestión relevante a resaltar es que el Gobierno Venezolano puede llevar un proceso de justicia paralelo, debido a que la investigación sigue el principio de complementariedad.

La actitud del Gobierno Venezolano podría entenderse como parte de un intento por mejorar su imagen, que se observaría con algunas reformas judiciales y excarcelaciones, y con la suspensión del veto a los observadores internacionales, que participarán a fines de mes en las elecciones regionales, en donde también participará la oposición. Esto intentaría contrarrestar el deterioro de su imagen debido a la salida de las negociaciones con la oposición en México y los informes que denuncian las violaciones y los problemas en Venezuela, como los de la misión de la ONU, que señalan el papel represor del sistema de justicia y el involucramiento de funcionarios venezolanos.

De Caracas a La Haya, por Michelle Reyes Milk

“Ahora, la fiscalía de la CPI ya puede abrir casos concretos para investigar a individuos”.

Una noticia que ha pasado bastante desapercibida en el Perú, pero que es de enorme magnitud para la defensa de los derechos humanos en la región, ha sido la decisión tomada la semana pasada por el flamante fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A. A. Khan, de abrir una investigación formal en Venezuela ante dicho tribunal. Cabe precisar que la CPI juzga a personas naturales únicamente, enfocándose en “quienes albergan la mayor responsabilidad por los crímenes más graves”.

La fiscal que antecedió a Khan –la gambiana Fatou Bensouda– había tomado un paso fundamental cuando, en febrero del 2018, decidió proceder de oficio a la apertura de un examen preliminar ante la CPI. Ello lo realizó sobre la base de importante información que documentaba la comisión de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo documentación realizada por la ONU, la OEA y numerosos defensores de derechos humanos en Venezuela. Un examen preliminar, que es una fase previa a una investigación propiamente dicha y que dura un promedio de cuatro años, tiene como objetivo (i) determinar si se han cometido crímenes bajo la competencia de la CPI (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o el crimen internacional de agresión); (ii) constatar que el Estado en cuestión no está tomando medidas judiciales nacionales al respecto, bajo la luz del principio conocido como el principio de complementariedad; y (iii) analizar la gravedad de los hechos. A esta decisión de Bensouda, se sumó la solicitud de seis países de las Américas, incluyendo el Perú, de que la fiscal proceda a la apertura de una investigación formal.

La fiscal Bensouda realizó un destacable trabajo sobre la situación en Venezuela y se encontraba lista para abrir una investigación hacia el final de su mandato, que fue impedida por acciones legales del régimen de Maduro. Denegadas dichas acciones, y ya con la asunción del fiscal Khan, el pasado 3 de noviembre, durante una misión a Caracas, este último anunció la apertura de una investigación formal centrada en Venezuela, a la vez que firmaba un Acuerdo de Cooperación con el gobierno de Maduro.

Se abre, entonces, una nueva etapa: ahora, en plena investigación formal, la fiscalía de la CPI ya puede abrir casos concretos para investigar a individuos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, casos de violencia sexual, entre otros. Estas responsabilidades alcanzarían, por ejemplo, a las autoridades del Servicio de Inteligencia (Sebin), las Fuerzas Especiales (FAES), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otras facciones de las Fuerzas Armadas y de seguridad, además de autoridades civiles, incluyendo las esferas más altas de poder. Un aspecto clave en esta nueva fase será la cooperación con la Corte, tanto de Caracas como de todos los estados partes del Estatuto. Asumamos esa tarea, entonces.