Los casos Quimper y Canaán, por César Azabache Caracciolo

CÉSAR AZABACHE CARACCIOLO

Abogado

Hace poco 19/03/2014). El procedimiento ha tomado más de cinco años sin tener una decisión final y eso parece suficiente para irritar a cualquier observador imparcial. Un caso de estas características no tendría por qué disolverse por el simple paso del tiempo.

En una apretada síntesis, el caso muestra al señor Quimper, director de Perú-Petro, recibiendo pagos por asesorar (de la manera más inapropiada imaginable por cierto) a Discovery Petroleum, una empresa que postulaba a una subasta convocada por la misma Perú-Petro. El escándalo estalló por la difusión de grabaciones de sus conversaciones con el señor León Alegría, asesor de Discovery. Las grabaciones evidenciaron lo que había ocurrido. Pero al mismo tiempo crearon una difícil paradoja, porque aunque sean seductoras como noticia, son ilegales en su origen, y esto impide usarlas en juicio como fundamento de una acusación formal. Entonces el caso solo podía prosperar ante los tribunales si se lograba reemplazar la evidencia original por evidencia válida. Lograr ese reemplazo no es sencillo. Pero definitivamente no es una tarea que justifique más de cinco años de retraso.

La falta de proporción entre el tiempo transcurrido y la tarea por resolver lleva a Gamarra a sospechar que el resultado ha sido producto de una conspiración. Su sospecha no es descabellada, pero me parece, dicho con el mayor respeto, demasiado simple reducir el problema a la intervención de un único genio maligno. En un caso de estas características sin duda se producen interferencias de todo tipo. Pero por eso mismo la cuestión a resolver no proviene de confirmar conspiraciones, sino de establecer las razones por las que tales conspiraciones terminan ganando un terreno que debería estarles negado.

Entre las muchas explicaciones posibles al entrampamiento de este caso, quiero resaltar una: la innecesaria mezcla del caso Quimper con el caso Canaán crea una escena plagada de interrogantes no resueltas que dificultan un procedimiento que pudo ser simple y lineal. El caso Quimper estuvo claro desde su origen, pero ha sido tratado como si su suerte estuviera ligada a la suerte del caso Canaán, y esto no tenía porque ser así. A diferencia del caso Quimper, el caso Canaán está formado por un paquete indefinido de sospechas alarmantes con confirmaciones parciales y múltiples dudas que no dejan en claro si el mencionado empresario dominicano tendió y usó en los hechos una red de influencias ilegales en el Ejecutivo para su propio beneficio o se limitó a ensayar una acción agresiva de posicionamiento comercial sin consecuencias. En cualquier caso las incógnitas que contiene el caso Canaán exceden en mucho las que contiene el caso Quimper. Y de hecho son esas incógnitas, no las del caso Quimper, las que produjeron la caída del gabinete Del Castillo y el entrampamiento que está conduciendo a la prescripción del procedimiento.

Armar un caso legal jamás es una tarea sencilla. Pero hacerlo a la medida de las expectativas de la opinión pública, sin contrapesos legales claros, puede ser fuente de más de un entuerto innecesario.