Cheque en blanco, por Paolo Sosa Villagarcia

En menos de un año el Gobierno ha visto caer varios ministros por el conflicto con el Legislativo. Lejos de ser preventivo con la oposición, el Ejecutivo ha movido sus fichas de manera reactiva y diferida. La cuestión de confianza llegó tarde y, para algunos observadores, en un contexto que no ameritaba tal respuesta. Ello toma mayor relevancia –mirando en retrospectiva– si el Gobierno carecía de un plan más complejo que concrete el mensaje que esa medida involucra.

Así, mientras un sector de la tribuna se entusiasmaba por una aparente respuesta decisiva frente al fujimorismo, la forma como el Gobierno terminó la jugada ha alimentado la decepción de este colectivo. Las evaluaciones sobre esta decisión varían y son los que preferían un enfrentamiento abierto –disolución del Parlamento incluida– los más desilusionados.

El problema es que el resultado no solo involucra la caída de Fernando Zavala y varios de sus ministros, sino también la designación de operadores políticos y técnicos cuestionables. Aunque la crítica se ha concentrado en el sector Educación, existe una amenaza de expansión a otros nombramientos. En lugar de perder o sacar a una ministra, el resultado ha sido la renovación entera del cuerpo ministerial y una suerte de cambio de rumbo en el Gobierno.

¿Y qué gana el Gobierno? Evidentemente se trata de una respuesta al comportamiento de la oposición, buscando tender puentes y abrir espacios de cooperación. Concuerdo con Félix Puémape (“Sin salida”, El Comercio, 18/9/2017) en que la balanza está claramente inclinada en favor de este grupo y no de los llamados sectores “progresistas”. En efecto, varios voceros de la oposición –incluyendo a los más recalcitrantes– han saludado la noticia.

No obstante, esto puede ser una ilusión o, peor aun, convertirse en una pesadilla. Para empezar, ninguna fuerza, ni siquiera el fujimorismo, puede preciarse de ser lo suficientemente coherente internamente como para ofrecer estabilidad a cambio de participación en el Gobierno. Por lo tanto, tampoco existe certidumbre sobre la durabilidad de los acercamientos. En un contexto tan volátil como el peruano, las coaliciones políticas no duran, sobre todo cuando han sido construidas al paso o de manera reactiva. En ese escenario, el presidente podría tener como primer ministro a un leal keikista y aun así no estar seguro sobre el tipo de relaciones que puedan sucederle a este nombramiento.

Por otro lado, en el Perú no hay gabinetes. Es decir, la figura existe formalmente pero, en la práctica, la dinámica es mucho más fragmentada debido a la inexistencia de organizaciones que articulen el sistema político según los presupuestos centrales de la Constitución. Una mirada longitudinal y comparada nos muestra que los “gabinetes” peruanos contemplan rangos de estabilidad y dinámicas de gestión que varían significativamente entre sectores. Es decir que, dentro de un mismo gobierno, el ministro de Economía puede mantenerse en el cargo por cuatro años mientras que el sector Interior o la Presidencia del Consejo de Ministros cambian semestralmente cabeza.

Esto nos pone frente a un dilema mayor: si los gabinetes son meros membretes y lo que prima son dinámicas individuales y sectoriales, entonces el poder y la discrecionalidad que tienen las personas nombradas dentro de sus competencias específicas pueden ser mayores. Y esto no es desconocido para el Gobierno; por el contrario, ha sido reflejado en sus famosos “siete mandamientos”. Así, nombrar a un personaje cercano o militante no es pues, como antaño, solamente una pieza clave para forjar coaliciones de gobierno. La inexistencia de este tipo de organizaciones augura, más bien, una suerte de cheque en blanco, antes que una promesa de cooperación. ¿Será que el Gobierno aún está escondiendo alguna de sus cartas? Habrá que verlo en las próximas semanas.