¿Cómo explicar que, en poco más de un año, la presidenta Michelle Bachelet haya pasado de haber sido elegida con el 62% de los sufragios a fines del 2013 a tener solo el 29% de aprobación en la actualidad? Aunque su anterior mandato lo culminó con una alta popularidad (84%), en algún momento de esta, producto de la movilización estudiantil del 2006 o la implementación del sistema de transporte urbano Transantiago en el 2007, también pasó por momentos difíciles, llegando a tener menos de 40% de apoyo popular.
Sin embargo, el presente es distinto, pues a diferencia de su primer gobierno, su propuesta reformista es más marcada. De ahí que las políticas iniciadas en materia educativa, tributaria y electoral, la promulgación de la unión civil, así como aquellas que buscan cambiar el marco laboral y la Constitución del país, hayan generado, por un lado, el rechazo de sectores conservadores y de los grandes grupos económicos, que en Chile no solo cuentan con una importante representación en el legislativo (básicamente a través de partidos como la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional), sino también han ejercido el poder al más alto nivel (Sebastián Piñera, ex presidente de Chile y empresario es muestra de ello).
Pero, por otro lado, también cabe señalar que existen otros colectivos que, aunque comparten la agenda de Bachelet, buscan presionar al gobierno mediante marchas para que las promesas se cumplan. Su preocupación pasa por que se logren reformas que no sean solo formales, sino que solucionen los problemas de fondo. Justamente, uno de los temas de mayor discusión en Chile a partir del reciente cambio de Gabinete, ha estado relacionado con la continuidad o no de las reformas.
A esto hay que añadir circunstancias internas que no han beneficiado a Bachelet en este corto período de gobierno: un atentado terrorista en el metro de Santiago, actos de corrupción que si bien afectan a todo el statu quo político chileno, entre sus implicados se encuentran incluso el propio hijo de la mandataria, y desastres naturales (incendios, inundaciones y erupción de volcanes) que han significado un muy criticado accionar por parte del Estado, son elementos a considerar para cualquier análisis acerca del gobierno de la Nueva Mayoría.
Asimismo, a escala internacional el escenario es igualmente complejo, pues tratar de implementar las reformas señaladas en un escenario económico externo difícil ha sido causa de múltiples críticas. Además, en relación con sus vecinos, no solo ha tenido que aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya acerca del diferendo marítimo con nuestro país, considerado por la opinión pública chilena como un fracaso de su diplomacia, sino también ha sido demandado por Bolivia ante el mismo órgano jurisdiccional, abriendo los temores frente a lo que puede ser un nuevo resultado negativo.
Por el bien de un importante socio del Perú, esperemos que Chile supere este mal momento; en todo caso, resulta fundamental para nuestro país conocer la situación del vecino frente a lo que será el tratamiento conjunto de temas fundamentales que deberán dominar la agenda bilateral poscaso de espionaje, como la culminación de la implementación del fallo de La Haya y el problema del triángulo terrestre.