Las cifras de la violencia, por Porfirio Barrenechea

Antes que todo, precisemos y distingamos violencia de conflicto social. Lo primero no es necesariamente la ruta por la cual hay que transitar para que una demanda sea atendida. Por el contrario, incluso puede desviarnos de los objetivos centrales de los reclamos y llevarnos a responder por responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. 

Los lamentables hechos suscitados en Islay, Arequipa, en las recientes semanas han sido apoyados en otras regiones sumando sus propias demandas locales y generando también protestas violentas. No olvidemos casos similares, lamentables por cierto, con personas fallecidas y heridos como Bagua, Conga, el Aymarazo, Espinar, Pichanaki, Ocuviri, entre otros.

La carencia de una organización eficaz del Estado en sus diversos niveles de gobierno para la atención de la conflictividad social en el país es cada vez más preocupante. No resultan suficientes los esfuerzos de crear oficinas de atención de conflictos sociales en los sectores, incluso en algunos gobiernos regionales. Se requiere aun esfuerzos mayores para la atención preventiva y coordinada de la conflictividad social. Debemos terminar de entender que la atención del conflicto social no tiene que ser el resultado de la crisis. Por el contrario, esta es consecuencia de la falta de atención oportuna del conflicto que debió identificarse y atenderse oportunamente.

Las cifras ratifican que se requiere una mejor respuesta del Estado ante las innumerables demandas de la población. A decir de la Defensoría del Pueblo, desde el 2006 hasta la fecha se han registrado 257 personas fallecidas y 4.318 heridos en conflictos sociales. Preocupa que en el 2013 hayamos llegado a 352 heridos. Aunque en el 2014 tuvimos 203 heridos, en los cinco primeros meses del 2015 ya se han registrado 754. Llama también la atención que, en lo que va del año y por primera vez en los registros de personas heridas en conflictos sociales, cerca del 60% sean miembros de la Policía Nacional. 

Ello nos lleva a reflexiones bastante sencillas, pero fundamentales, como decir que el Estado debe implementar un enfoque preventivo y coordinado de la conflictividad social. Así, no debe esperarse llegar a la violencia para atender las preocupaciones de los ciudadanos. Además, la Policía Nacional no es la llamada a “resolver” los conflictos sociales, aunque pondrá orden cuando sea necesario. Es decir, no debe ser la entidad en la que todos piensen para forzar la aprobación de un proyecto extractivo, para cumplir una norma, o acatar una decisión judicial o administrativa. Deben ser los órganos competentes de los diversos niveles de gobierno los que intervengan y brinden respuestas a los ciudadanos. También hay que tomar en cuenta a quienes protestan, cuyos reclamos no deben degenerar en violencia, y que hay responsabilidades que asumir cuando se transgreden las normas.

Para ello nuevamente la exigencia de una institucionalidad fortalecida, que genere credibilidad en los ciudadanos, es fundamental. Ello solo se logrará con decisiones y actos que en democracia, respetando el Estado de derecho, protejan al ciudadano en sus derechos fundamentales y a la vez busquen armonizarlos con las actividades económicas necesarias para el país.