El Circo Romano, por Rodrigo López Landauro

Rodrigo López Landauro

Presidente de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (Applaf)

El ministro del Interior, Walter Albán, acaba de decirle al Perú que no puede con la delincuencia y “la culpa la tienen los gobiernos anteriores”. Al estilo Pilatos, se lava las manos y reta a quien crea poder hacerlo mejor a sentarse a su lado. Conozco a varios que en su lugar tomarían medidas que, les garantizo, nos pondrían en camino a la recuperación de nuestras calles y disminución de la delincuencia. Pero, lamentablemente, el señor presidente no tiene las agallas para hacer su trabajo, y su señora esposa, quien manda en Palacio, no sabe cómo, pero se deja influenciar por gente que sabe aun menos que ella.

Aunque nuestro ministro pinta un panorama deprimente, resulta increíble que el gobierno siga empecinado en desarmar a la población civil, la que cumple (o solía cumplir) las normas establecidas, la que no delinque, al padre de familia, al trabajador que paga impuestos, a los ciudadanos honestos. No a las bandas criminales que el ministro sabe que existen. 

Se sabe que la delincuencia está ganando terreno y, sin embargo, los del gobierno no quieren civiles armados legalmente. Casi como en un circo romano, nos lanzan a la arena, apenas armados con piedras y palos, a los leones hambrientos. Y, según el anteproyecto de nueva ley de armas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), tal vez ni eso, pues literalmente señala que “todo material [...] que no esté expresamente autorizado se encuentra prohibido” (artículo 3, inciso a). Lo único rescatable de ese anteproyecto es que adopta una sugerencia nuestra: la separación de propiedad y uso, incorporando la tarjeta de propiedad y la licencia de uso, pero el resto es más de lo mismo, y peor.

Todos los importantes funcionarios del gobierno están protegidos por un séquito de guardaespaldas fuertemente armados, pagados por los ciudadanos que pretenden desarmar. La sensación de seguridad que deben percibir es envidiable, casi como la del emperador que observa desde su palco cómo los feroces felinos engullen a los pobres cristianos desarmados.

Este gobierno ha elevado enormemente la valla de la legalidad para los usuarios de armas. Licencias con vigencia menor a un año, mayores requisitos, tasas cinco veces mayores, más trabas, más barreras, justificación para tener un arma (defender la vida no les basta), más restricciones, más prohibiciones. Desde hace unas semanas, a quienes no han renovado sus licencias (con estas absurdas nuevas condiciones) la Sucamec los está acosando con cartas, las que, amparadas en una ley del 2005 (tiempos en los que las licencias se tramitaban con una declaración jurada, de forma sencilla, rápida y más económica), comunican el inicio de “procesos administrativos sancionadores” que incluirán multas y decomisos. Me pregunto: ¿a los líderes de bandas como La Gran Familia, los Destructores o los ‘marcas’ les habrá llegado una carta para comunicarles sus procesos sancionadores? Ah, verdad, a ellos este gobierno les tiene miedo.

El congresista Juan Carlos Eguren ha presentado al Parlamento un proyecto de nueva ley de armas coherente, lógico, bien asesorado. El congresista Renzo Reggiardo presentó otro proyecto que busca derogar las normas controversiales. Nosotros los apoyaremos con entusiasmo, pero esperamos gran resistencia del oficialismo. ¿Cuáles serán los argumentos para mantener su ‘Colosseo’?