Comercio ambulatorio, por Carmen Vildoso Chirinos

“El ex alcalde Andrade dejó el Cercado de Lima libre de ambulantes. Las cosas empeoraron con la actual gestión edil”. Así opina un comerciante formal del jirón de la Unión. Dos frases, dos mitos. En primer lugar, Alberto Andrade –cuya labor de erradicación del comercio informal fue notable– dejó 1.500 comerciantes ambulantes autorizados. En segundo lugar, el contraste entre la situación que dejó Andrade y la gestión actual, pasando por alto la gestión del ex alcalde Castañeda, omite ocho años en los cuales se duplicó el número de autorizados, llegando a 3.095. 

“Es evidente que en la flexibilidad del control del comercio ambulatorio hay un cálculo político”, afirma algún analista. Tercer mito: año a año se ha ido cancelando autorizaciones a aquellos ambulantes que no cumplían con el reglamento vigente (la Ordenanza 002), de modo que a la fecha los autorizados son 2.014. Por ello, los funcionarios hemos tenido que acudir a la fiscalía para declarar por denuncias por supuestos casos de abuso de autoridad.

“A cuatro meses de las elecciones municipales, la aparición de esta ordenanza (que regula a los vendedores callejeros) o las promesas de sancionar a los ambulantes más severamente parecen más propuestas demagógicas que promesas serias”, señala otro comentarista. Craso error: la propuesta de esta ordenanza surgió hace más de dos años y su trámite ha tomado tiempo porque ha sido objeto de consultas con los distintos sectores involucrados y porque la composición del Concejo Municipal de Lima ha cambiado dos veces, de modo que ha habido hasta tres cuerpos de regidores. Es más, la Ordenanza 1787 ha sido aprobada por un concejo municipal en el cual la bancada de la alcaldesa Susana Villarán es minoría absoluta.

En realidad, el aspecto más publicitado de esta ordenanza –que las autorizaciones que antes eran anuales tendrán una vigencia de dos años– es saludable desde cualquier punto de vista, más aún porque va acompañado de disposiciones que facilitan resolver si una autorización es procedente o no. En el Cercado, esto se aplica solo para quienes ya tienen un permiso. Quienes están autorizados y respetan el reglamento, al momento de solicitar renovación del permiso, sufrirán menos incertidumbre. La municipalidad contará con información más oportuna sobre los no autorizados y podrá fiscalizar más eficazmente. A la vez, dedicará menos tiempo para atender trámites y más en promover reubicaciones y proyectos de formalización, lo que es la tónica principal de la nueva ordenanza. Así, Lima ganará en términos de orden, ornato y seguridad. 

“Villarán comete un error político”, dice otro analista, pues pretendería aparecer vinculada a la Lima popular; no obstante, acabará precisamente enfrentándose a este sector, vecinos de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, que vienen a pasear al jirón de la Unión y lo encuentran lleno de ambulantes. Le faltó preguntarse de dónde vienen estos ambulantes informales. Si así fuera, concluiría exhortando un trabajo compartido entre municipalidades distritales, municipalidad provincial, gobierno nacional y sector privado para fomentar el empleo decente en Lima Metropolitana. 

“La guerra es el arte de destruir hombres, la política es el arte de engañarlos”. La segunda parte de esta frase, presente en un geniograma reciente, parece ser el ánimo detrás de algunos de estos comentarios.