Comunidades vulnerables, por Carmen Omonte Durand

Este gobierno por primera vez ha tomado la firme voluntad política de apoyar y promover el desarrollo social de las comunidades nativas e indígenas en condiciones de vulnerabilidad. Es un hecho sin precedentes porque se trata de las poblaciones más pobres y postergadas que no han podido ser integradas ni incluidas a los servicios del Estado durante años. 

Este esfuerzo comenzó en julio del 2012, cuando se acordó la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad en zonas amazónicas rurales para la implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia (PNAIA 2012-2021). 

La estrategia es un mecanismo de inclusión social y de gestión promovido por el Estado, que integra y articula el accionar intersectorial en la promoción del bienestar y desarrollo integral sostenible en las cuencas de la Amazonía peruana en diálogo y consenso con las comunidades y organizaciones nativas y campesinas.

Y hoy, por primera vez en nuestra historia, en el proyecto de ley del presupuesto 2015, se declaran de interés público nacional las intervenciones en el marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, dirigida a beneficiar a los pueblos indígenas con contacto inicial y en aislamiento voluntario, de las zonas rurales andinas y amazónicas, que se encuentren en un alto riesgo de vulnerabilidad. 

Se busca con ello que el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales implementen y ejecuten acciones, dentro de sus respectivas competencias, para que en forma progresiva la estrategia se vaya cumpliendo, entrelazando y profundizando en sus respectivas circunscripciones. Todas estas entidades deberán remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros, en un plazo que no debe exceder al 31 de enero de cada año, un informe respecto a las acciones que hayan adoptado en cumplimiento de esta estrategia de inclusión social. 

Esto es de vital importancia, pues implica un enorme reto a nivel de gobierno central, regional y local para que sus funcionarios desarrollen capacidades de articulación, integración y de gerenciamiento a favor de las poblaciones olvidadas y en aislamiento. 

Esta estrategia ha buscado inicialmente promover el desarrollo integral de las cuencas de la Amazonía. En una primera etapa se ha priorizado la cuenca del río Napo, que comprende los distritos de Mazán, Napo y Torres Causana, de la provincia de Maynas, en Loreto, proyectando la atención a más de 35.290 habitantes, de 66 poblados. 

Ahora, en otra fase, se busca expandir y llegar a otras cuencas amazónicas como el Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón. También intervenir en comunidades tan alejadas como las del Cenepa, en Condorcanqui, Amazonas, o las de Bajo Camisea o las de Satipo en el Vraem y, cómo no, en las zonas andinas donde la población vulnerable espera con ansias el accionar del Estado.

Los esfuerzos que ha iniciado el gobierno deben continuar para que el Estado llegue allí donde los peruanos más lo necesitan. Este accionar legitima socialmente a las autoridades y no debe ser visto con desconfianza, ni indiferencia, sino por el contrario con visión de Estado. Ese es el reto para los próximos años.