El Congreso contra el periodismo

Este Congreso no quiere que en el Perú se sepa la verdad. Sus intenciones son evidentes: en una misma semana, dos comisiones presentaron iniciativas de ley lesivas a las libertades de expresión, prensa, información y pensamiento; claros atentados contra el derecho de la ciudadanía a manifestar su opinión y a conocer lo que ocurre en su país. Un paso más en el objetivo del Congreso de destruir lo poco que está dejando de institucionalidad y de balance de poderes.

Un dictamen aprobado en la Comisión de Justicia busca elevar la pena de cárcel por difamación de un máximo de tres a un máximo de cuatro años, lo que implicaría un encierro definitivo para aquellos que, según un juez, dañen honras, incluso si su verdadero objetivo es informar al público. Sucede que los querellantes en el Perú suelen ser políticos y empresarios, narcotraficantes y delincuentes, que cargan contra periodistas que investigan sus fechorías. Y los jueces son serviles a ellos. Como Jesús Vega, que condenó en primera instancia el año pasado a Christopher Acosta por el libro “Plata como cancha” sobre César Acuña, a pesar de violar clarísimos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como sucede con cualquier ley que busque restringir la libertad de expresión, los afectados no somos solo los periodistas. De hecho, este proyecto de ley aplicará a cualquier tuitero u opinólogo digital, pues el dictamen incluye el contenido en las redes sociales. Esto podría implicar una cacería de brujas en el ciberespacio, aunque es difícil saber cómo se imputará el delito a las cuentas anónimas. No cabe duda de que la libertad de expresión tiene límites y el honor es uno de ellos. Pero la pena de cárcel por vulnerarlo es desproporcional al delito, se convierte en una herramienta para amedrentar y, finalmente, blindar a quienes por su función deben estar bajo el escrutinio público.

Por otro lado, un proyecto de ley presentado por la congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular, busca obligar a los periodistas a colegiarse. Como si de pronto un periodista hiciera mejor su trabajo al formar parte de un padrón; como si un abogado, economista o filósofo fuera incapaz de informar al público. Otra vez, el Congreso ignora precedentes de la Corte IDH, que ya en 1985 señaló que la colegiatura atenta contra el derecho a las libertades de pensamiento y expresión. Eso no quita, por cierto, que todo aquel que ejerza el oficio deba estar plenamente capacitado técnica, humana y deontológicamente.

Sería un error leer estos premeditados atropellos solo como un ataque a la profesión. Si, por ejemplo, un periodista desiste de investigar a un empresario del hampa universitaria para evitar irse preso, será el ciudadano quien se perjudique: no tendrá oportunidad de enterarse de ese negocio turbio ni de los entuertos del empresario que seguramente algún día recalará en la política. Telesup seguiría admitiendo alumnos tras su fachada de cartón.

Por primera vez en varios años, estas iniciativas tienen probabilidad de ser aprobadas en el pleno del Congreso. Bancadas de derecha –Renovación Popular, Acción Popular–, de izquierda –Perú Libre, Bloque Magisterial– y la buena marinera que sabe adecuarse a las corrientes –Alianza para el Progreso– están alineadas para vengarse de quienes las fiscalizan. Renovación Popular es lo mismo que Perú Libre cuando de destrucción democrática se trata. Evaporada la ideología de los partidos políticos, solo queda el sedimento de los intereses particulares.

Estos proyectos de ley provienen del mismo Congreso que evitaba a toda costa que la prensa informara sobre las sesiones del hemiciclo hasta que un grupo de periodistas protestamos frente a su puerta. Son las iniciativas del Congreso del 91% de repudio, del descalabro de la Sunedu, del que interpelaba ministros semanalmente hasta que llegaron las masacres del sur andino, del que no se quiere ir, el Congreso de la incapacidad democrática permanente.

Este Congreso, a pesar de todas sus falencias y atentados contra el Estado de derecho, era menos lesivo en cuanto a libertad de expresión que sus dos antecesores. Que de pronto tenga al periodismo en la mira debe ser una señal de alerta internacional.

Al ritmo al que van las cosas, un día el Tribunal Constitucional, que se viste de mandil ante el Parlamento, fallará en contra de la libertad de expresión de todos los peruanos, en una clara y contraria tendencia a sus resoluciones previas.

Mientras tanto, el Congreso prepara herramientas legales que le servirán para amedrentar a los ciudadanos opositores que en teoría debiera representar, como un cocinero que en vez de aceite usa cianuro.