De espaldas a la realidad de los peruanos

Desde el Congreso se insiste con promover normas populistas y antitécnicas que están fuera del entorno real del día a día de los peruanos. Ya se había advertido, por ejemplo, que los topes a las tasas de interés excluirían a muchos peruanos de los préstamos formales y los empujarían hacia la informalidad y hacia los criminales organizados (como con los préstamos gota a gota) y que hoy los miles de peruanos lo están padeciendo. Ahora buscan eliminar el cobro de comisiones por transferencias interbancarias y el pago de tarjetas de crédito a los consumidores.

En buena cuenta, lo que la iniciativa pretende es hacer gratuito para el usuario un servicio que para las entidades del sistema financiero no es gratis prestar. Es una norma que, aunque atractiva en lo superficial y potencialmente popular en el corto plazo –al final, esa es la esencia del populismo–, a la larga perjudicará a los consumidores que asegura proteger.

Y es que, en general, que una empresa cobre por aquello que comercia está lejos de ser un capricho. Sí, parte de lo que obtiene una compañía de lo que pagan sus clientes pasará a computarse como ganancias, porque es parte de la naturaleza de hacer negocios. Pero también lo es que una porción importante de los ingresos sirva para sostener aquello que permite que se ofrezca el producto en primer lugar. Parafraseando a Adam Smith, el panadero no vende sus panes por benevolencia, lo hace porque de esas ventas depende, además del sustento de su familia, el sueldo de sus colaboradores, el mantenimiento de sus hornos, la renta de su local y la inversión en mejoras que beneficiarán a sus clientes tanto como a él.

El cobro de comisiones por transferencias interbancarias es el costo de la calidad y seguridad del servicio. Y la regulación vigente ya contempla mecanismos que impiden el cobro de comisiones por parte de empresas del sistema financiero que no tengan justificación técnica en gastos reales y demostrables en los que incurren. En el caso de las transferencias, además, se debe costear el trabajo de un tercero: la Cámara de Compensación Electrónica. Una institución privada, normada y supervisada por el Banco Central de Reserva (BCR), que cataliza las transacciones entre las entidades, a través de la verificación de la información de los usuarios y la compensación de los pagos. Sus servicios ofrecen seguridad, transparencia y la tranquilidad al ciudadano de saber hacia dónde está yendo su dinero y sobre todo, en el caso de transferencias interbancarias inmediatas, la posibilidad de realizar transacciones casi a tiempo real, 24 horas al día, los siete días de la semana.

Estamos muy lejos de las épocas en las que las transferencias interbancarias, hechas con cheques, podían tomar más de dos semanas en concretarse, en un proceso manual a cargo de la Cámara de Compensación de Cheques del BCR. También, cada vez nos alejamos más de la peligrosísima práctica de retirar fuertes montos de dinero en efectivo para llevarlos en los bolsillos a otras entidades bancarias. El camino a ese progreso se asfaltó con inversión, con el trabajo empeñado por los millares de peruanos que componen el sistema financiero nacional, con incentivos para la innovación. Removerlos, o la simple posibilidad de cubrir los costos asumidos, es una receta para el retroceso y el estancamiento. Y los ciudadanos somos los que pagaremos los platos rotos.

La iniciativa, además, distorsiona peligrosamente el mercado. Atenta directamente contra la libertad empresarial protegida por la Constitución de 1993 y supone un precedente nefasto. El día de mañana, pues, ¿qué otro producto o servicio decidirán las autoridades que debe ser gratuito? Ninguna industria estaría libre de las interpretaciones que puedan hacer los parlamentarios.

Los perjuicios del dictamen no son un misterio. Autoridades como el BCR, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Ministerio de Economía y Finanzas han advertido sobre los problemas que traería. Y los involucrados harían mal en perder de vista que, al final del día, los agraviados serán los ciudadanos y los consumidores que la iniciativa asegura proteger.