Jueces por dieciocho años, por Steven G. Calabresi

Los jueces de la Corte Suprema a menudo intentan jubilarse durante la presidencia de alguien que simpatiza con su jurisprudencia. Eso no siempre funciona: el juez Antonin Scalia, para quien trabajé, murió mientras esperaba que el presidente Barack Obama termine su mandato, y la juez Ruth Bader Ginsburg murió tratando de sobrevivir al presidente Trump.

Sin embargo, sobre todo, los retiros estratégicos dan a los jueces demasiado poder para elegir a sus propios sucesores. El sistema actual también crea la impresión de que los magistrados son más actores políticos que jueces, lo que daña el Estado de derecho.

Necesitamos reformar permanentemente el proceso para seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema. Mi propuesta es una enmienda constitucional que crearía un mandato único de 18 años para cada uno de ellos.

Ninguna otra democracia importante otorga a los jueces de su tribunal más alto mandato vitalicio. Los mandatos más largos se parecen más a los mandatos de 12 años que cumplen los magistrados del Tribunal Constitucional alemán.

El impredecible sistema estadounidense de tenencia vitalicia ha llevado a cuatro presidentes a elegir seis o más jueces y a cuatro presidentes a ninguno.

También lleva a que los magistrados permanezcan en la Corte Suprema cuando no pueden ni física ni mentalmente hacer el trabajo, aunque este no fue el caso de Ginsburg y Scalia.

La solución es que Republicanos y Demócratas se unan para apoyar una enmienda constitucional que fije el tamaño de la Corte Suprema en sus nueve magistrados actuales, cada uno de los cuales cumpliría un mandato no renovable de 18 años, escalonados para que se abra un escaño durante el primer y el tercer año del mandato de cuatro años de un presidente. A los presidentes de un período se les garantizarían dos nombramientos; los presidentes de dos mandatos obtendrían cuatro. Cada sesión del Senado de dos años consideraría un candidato.

Dada la duración de este período, más largo que para los tribunales superiores de cualquier otra democracia constitucional, los magistrados serían ampliamente independientes.

En el caso de jubilaciones anticipadas o fallecimientos, el presidente nominaría y el Senado confirmaría un reemplazo para completar el período restante sin posibilidad de reelección.

Si no se confirma a un juez antes del 1ro de julio del primer o tercer año de un presidente, se debería congelar el salario y los beneficios para el presidente y los 100 senadores, y deberían confinarse juntos hasta que se apruebe un candidato.

Este enfoque pondría fin a lo que se ha convertido en un proceso venenoso de elegir un juez de la Corte Suprema. Despolitizaría la corte y la selección judicial, y así promovería el Estado de derecho.

–Glosado y editado–

© The New York Times