El costo de la corrupción: la cuenta que pagas, por Fuad Khoury

El impacto de la corrupción en el crecimiento de los países ha sido materia de numerosas investigaciones en los últimos años, entre las cuales resalta el clásico artículo de Paulo Mauro publicado en el “Quarterly Journal of Economics” hace ya casi 20 años. En esta publicación, el autor demuestra que un país corrupto podría tener niveles de inversión de hasta un 5% del PBI menor que países con baja corrupción, lo que se traduce, a su vez, en pérdidas de 0,5% en la tasa de crecimiento del PBI por año. Por ejemplo, el PBI nominal del Perú creció entre el 2012 y el 2013 un 7,62%; de haberse mejorado los índices de integridad y eficiencia burocrática, la tasa de crecimiento hubiera sido de 8,12%.

Pero este no es el único impacto económico de la corrupción. A este cálculo tendríamos que agregar las pérdidas por robo de recursos del Estado (peculado), los sobrecostos para el sector privado, la pérdida de valor público de las obras mal construidas o inútiles, el costo del esfuerzo del Estado para luchar contra la corrupción, los costos de acceso a los usuarios de los servicios públicos –que se ha demostrado que suelen ser mayores para los más pobres (Yamada y Montero, 2011)–, entre otras depreciaciones y sobrecostos.

Un estudio publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la base de casos reales de corrupción reveló que en promedio las empresas pagan en coimas un 10,9% del total del valor de las transacciones, lo cual implica un 34,5% de las ganancias. Otra publicación conjunta de la Cámara Internacional de Comercio, Transparencia Internacional, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial y la OCDE, utilizando cifras del Banco Mundial da cuenta también de que la corrupción aumenta el costo de hacer negocios en los países en un 10% a nivel global y genera un sobrecosto a las contrataciones con el Estado en un 25% en los países en desarrollo. Si aplicamos este último dato a nuestro país y utilizamos el monto contratado por el Estado en el 2014, que asciende a más de 44 mil millones de nuevos soles, tenemos que la pérdida estimada estaría entre 10 mil millones y 11 mil millones de nuevos soles por año. 

A estos costos habría que agregar también el impacto político. Son algunos de los efectos políticos de la corrupción el desprestigio de las instituciones y autoridades, la aparición de caudillos de corto plazo, la exacerbación del populismo, el desvío de la atención de las necesidades públicas por parte de los servidores, el desgaste de los valores democráticos y la institucionalidad de la ilegalidad. 

A escala social también somos testigos de impactos importantes como el aumento de la tolerancia a la corrupción generada por el efecto de la validación social negativa sobre el que ahondamos en la V Conferencia Anticorrupción Internacional en el 2014. Este fenómeno social generado por la frecuencia de actos de corrupción, el mal ejemplo y la impunidad explica la aceptación de una gran parte de la ciudadanía de que una autoridad robe con tal que haga obras. 

A todos estos efectos podemos denominarlos costos de la corrupción, cuya cuantificación a escala macro sería muy compleja. Sin embargo, sí es posible determinar los efectos en cada caso y por ello en la contraloría hemos modernizado y agilizado nuestras técnicas de control con el fin de ofrecer la mayor cantidad de elementos de juicio para la determinación del perjuicio causado al Estado por los actos de corrupción. Inclusive, estamos poniendo en práctica la metodología de auditoría forense para hacer aun más efectiva nuestra labor.

Al final, la realidad es que, cuantificables o no, los costos de la corrupción son asumidos necesariamente por todos los peruanos.